Apenas unos días después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificara la cumbre de la alianza en La Haya como un éxito rotundo, Estados Unidos detuvo un envío planeado de equipo militar a Ucrania y suavizó algunas sanciones a varios bancos rusos. Desde entonces, el presidente Donald Trump aparentemente ha revertido esa decisión, tomada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Pero nadie sabe con certeza el alcance ni la duración de este nuevo cambio. La política exterior de Estados Unidos sigue siendo profundamente impredecible. Y eso es lo que asusta a los europeos. Por ello, y pese a la obsecuencia de Rutte, Trump está dejando claro que los compromisos de seguridad de Estados Unidos ya no dependen de los esfuerzos de los países europeos por reforzar su propia defensa.
En la cumbre, los miembros de la OTAN acordaron aumentar el objetivo de gasto en defensa de la alianza del 2% al 5% del PIB para 2035. Aunque la invasión rusa de Ucrania ha subrayado la necesidad de que Europa se defienda por sí misma, fue la actitud desdeñosa de Trump hacia la Unión Europea la que, en última instancia, convenció a los líderes de actuar.
Sin embargo, la relativa facilidad con la que se asumió este compromiso de gasto deja serias dudas sobre cómo se cumplirá. Alemania tiene cierto margen fiscal, gracias a años de baja deuda pública y escaso gasto, pero otros grandes países europeos –como Francia, el Reino Unido e Italia– enfrentan fuertes restricciones presupuestarias.
Más allá de los desafíos fiscales, el nuevo compromiso de defensa de la OTAN plantea problemas estratégicos más profundos. En particular, al ser Estados Unidos quien define las condiciones, serán Trump y sus sucesores quienes decidan si Europa está cumpliendo o no con sus obligaciones.
El problema se agrava por el hecho de que los países europeos se han comprometido a gastar 5% de su PIB en defensa sin un compromiso equivalente por parte de Estados Unidos. Al prometer aumentar el gasto antes de que Estados Unidos defina el alcance de su presencia en el continente, corren el riesgo de fomentar un mayor desapego por parte estadounidense. Es un clásico dilema: si los países europeos no cumplen, Estados Unidos tendrá razones para retirar su apoyo; y si lo hacen, los responsables políticos estadounidenses podrían argumentar que Europa ya no necesita respaldo militar de Estados Unidos.
A pesar de este riesgo, ningún líder de la Unión Europea ha intentado vincular el aumento del gasto en defensa con un compromiso de seguridad concreto por parte de Estados Unidos. Y el riesgo es real: Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Política y arquitecto de la estrategia de Trump en la OTAN, ha sostenido que el país debe reducir sus obligaciones militares, incluso con aliados clave como Australia. Los abrazos en La Haya no pueden ocultar el hecho de que ser aliado de Estados Unidos bajo Trump se está volviendo un problema serio tanto en Europa como en Asia.
Dadas estas dinámicas, difícilmente puede considerarse la cumbre de la OTAN como una victoria para Europa. Además, la idea de que un aumento en el gasto resolverá los problemas estratégicos de la Unión Europea es profundamente errónea. Armonizar los presupuestos de defensa en Europa para reducir duplicaciones y desperdicio será difícil, y no hay consenso sobre si los fondos europeos deben destinarse exclusivamente a empresas del continente, en parte porque muchos europeos aún creen que mantener vínculos estrechos con Estados Unidos garantiza su respaldo militar. En este tema, Macron está mayormente aislado. La mayoría de los europeos cree que su llamado a “comprar europeo” no es más que una forma de promover la industria de defensa francesa.
En la práctica, gran parte del gasto inicial probablemente se destinará a empresas estadounidenses, que están mejor posicionadas para entregar equipos militares críticos con rapidez. Pero hay otros problemas. Consideremos, por ejemplo, el Future Combat Air System (FCAS) –el programa de avión de combate conjunto más ambicioso de Europa hasta la fecha–, que involucra a Dassault, Airbus e Indra. A pesar de su importancia estratégica, el proyecto enfrenta crecientes tensiones entre Dassault y Airbus.
La empresa francesa Dassault, segura de sus capacidades tecnológicas, se opone a una estructura de gobernanza que otorgue derecho a veto a las empresas alemanas y españolas. Insiste en liderar el programa FCAS y afirma que podría continuar de manera independiente si fuera necesario. Estas tensiones permanentes siguen generando incertidumbre sobre el futuro del proyecto, a pesar del fuerte respaldo político de Francia y Alemania, lo que pone en evidencia las rivalidades industriales que socavan los esfuerzos colectivos de defensa europea.
Además, dado que muchos europeos temen que alienar a Trump acelere el distanciamiento de Estados Unidos respecto a Europa, y que cualquier avance hacia una mayor autonomía de la Unión Europea sea visto como una amenaza para la OTAN, las decisiones nacionales de compra de armamento se ven condicionadas por ello. El reciente pedido de Dinamarca de cuatro F-35 adicionales a Estados Unidos, por ejemplo, coincidió con la renovación por parte de Trump de sus amenazas de tomar el control de Groenlandia. La compra de F-35 –que distan de ser los cazas estadounidenses más avanzados– se percibió como una forma de apaciguarlo. Así, en 2035 probablemente habrá entre 500 y 700 F-35 en servicio en Europa, en comparación con apenas 24 Rafale fuera de Francia.
Para la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, comprar equipamiento europeo simplemente no es una prioridad. Sin embargo, la dependencia del equipo militar de Estados Unidos otorga a este país un control efectivo sobre su uso. Por ejemplo, bastaría con bloquear las actualizaciones semanales de software para degradar el rendimiento del F-35. Además, todos los aviones fabricados en Estados Unidos deben enviar planes de vuelo a sus fabricantes estadounidenses, lo que significa que ninguna operación militar europea con estos cazas puede realizarse sin conocimiento de Estados Unidos.
Pero la idea de que Estados Unidos pudiera algún día perseguir objetivos contrarios a los intereses europeos apenas figura en la mente de la mayoría de los responsables políticos de la Unión Europea. Y cuando lo hace, la posibilidad resulta tan inquietante que rápidamente se descarta.
Todo esto pone de relieve las debilidades políticas y los temores de Europa. Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, personifica la actitud dominante de que jamás debe criticarse públicamente a Estados Unidos, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha permanecido en gran medida en silencio sobre los principales temas de seguridad desde que asumió el cargo en 2024. El comisario de Defensa, Andrius Kubilius, es uno de los pocos dispuestos a reconocer la necesidad de que Europa se prepare para defenderse sin apoyo estadounidense. Pero incluso él evita abordar las implicancias políticas y estratégicas de un cambio semejante, especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones y adquisiciones.
Si bien los dos primeros años de la guerra en Ucrania impulsaron la credibilidad de la Unión Europea, el estancamiento actual y la retirada de Estados Unidos han revelado una realidad incómoda: Europa no teme tanto a sus enemigos como a su propia independencia.
Zaki Laïdi es profesor en Sciences Po y exasesor especial del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
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