La reinstalación del caso 25-12067-E desmiente el comunicado de PDVSA Ad Hoc y reactivas acusaciones por intimidación, extorsión, lavado de dinero y uso indebido de fondos públicos.
Miami, 22 de julio de 2025. En un giro judicial que contradice de forma contundente la narrativa sostenida por la directiva de PDVSA Ad Hoc, la Corte de Apelaciones del 11° Circuito de Estados Unidos ordenó la reapertura formal del caso N° 25-12067-E, que involucra a Horacio Medina y otros ciudadanos venezolanos vinculados con la gestión de activos públicos en el extranjero.
La decisión, fechada el 22 de julio de 2025 y firmada por el secretario del tribunal David J. Smith, acepta la moción de los demandantes para reinstaurar el proceso judicial, luego de que este hubiese sido desestimado inicialmente por cuestiones meramente procesales. Contrario a lo que sostiene el comunicado oficial de PDVSA Ad Hoc —publicado el 15 de julio—, la corte no abordó el fondo del caso en su fallo previo, y ahora el proceso continúa activamente.
El caso fue originalmente introducido en el Distrito Sur de Florida por Jorge Alejandro Rodríguez, Iván Freites y Miguel Enrique Otero, quienes alegan que Medina y sus codemandados orquestaron una campaña para bloquear los reclamos que por violación de Derechos Humanos se llevaba adelante en la Corte de Delaware. Los cargos incluyen lavado de dinero y extorsión, en el marco de disputas por el manejo de recursos del Estado venezolano en el exterior. Entre los demandados figuran Horacio Medina, Orlando Viera-Blanco, Gustavo Lainette, José Carrasquero y Alexis Ortiz, todos con vínculos activos en el manejo de PDVSA Ad Hoc y la Asamblea Nacional de 2015.
El documento de la corte enfatiza que la apelación ha sido restituida de forma oficial, y otorga un plazo de 14 días para que las partes involucradas renueven las mociones previamente anuladas. Con ello, la causa queda plenamente activa, abriendo la posibilidad de nuevas audiencias y presentación de pruebas sustantivas.
El comunicado de PDVSA Ad Hoc, que afirmaba el cierre definitivo del caso y calificaba la demanda como “sin mérito”, queda ahora desmentido por la documentación oficial del tribunal, lo que pone en tela de juicio la transparencia y veracidad de la información divulgada por esa entidad. Este hecho reaviva la preocupación sobre la utilización partidista de estructuras institucionales por parte de figuras opositoras en el exilio.
La reinstauración del caso ocurre en un momento de alta sensibilidad política y judicial, cuando crecen los cuestionamientos sobre el destino de más de 320 millones de dólares presuntamente desviados desde cuentas del Banco Central de Venezuela en EE. UU., bajo administración de actores vinculados a la oposición venezolana.
El proceso legal que ahora continúa representa una oportunidad para esclarecer responsabilidades individuales y políticas en torno al manejo de fondos públicos y los límites de la inmunidad institucional. Mientras tanto, la opinión pública espera respuestas concretas y justicia efectiva, sin distorsiones ni cortinas de humo.
Nota de prensa
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