El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela) denunció la profundización de las hostilidades contra la prensa independiente en el país desde el inicio de 2025, en la presentación de su informe semestral sobre la situación de las libertades informativas que tituló «Periodismo tras las rejas».
En el contexto de la represión poselectoral de 2024, que dejó a 11 periodistas encarcelados o encarceladas entre julio y diciembre de 2024, desde inicios de este año este patrón se mantuvo con la detención de nueve trabajadores de la prensa, el último de ellos Carlos Marcano el pasado 23 de mayo, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo.
«Antes del 28 de julio de 2024, habían sido encarcelados tres periodistas, también como resultado de la persecución política que, de manera sistemática, ha desarrollado el oficialismo contra quienes se dedican profesionalmente a informar. Para el 25 de julio de 2025 se contabilizan 15 periodistas tras las rejas. Este número, sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela, constituye una situación alarmante que resume el riesgo actual de hacer periodismo y los déficits democráticos en el país», resumió la organización no gubernamental sobre el panorama para ejercer esta profesión en la actualidad.
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Toma de posesión y ataques a la prensa
Recordaron que durante la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial el pasado 10 de enero, se registraron 25 ataques a la prensa en el país. De ellas hubo cuatro detenciones arbitrarias y seis agresiones y hechos de amedrentamiento que afectaron a 10 trabajadores de la prensa.
«Entre el 7 y el 10 de enero, hubo bloqueos a 58 sitios web de redes sociales y herramientas para evadir la censura en internet. La novedad en ese momento fue el bloqueo a la red social TikTok durante cinco días», destacaron en el documento.
Ipys Venezuela mencionó que como resultado de estas hostilidades las personas periodistas se han visto obligadas a desplazamientos forzados dentro del país, y en los casos más extremos han debido irse del país. «El exilio de periodistas venezolanos y venezolanas comienza a consolidarse como otra evidencia de las dificultades para ejercer la profesión en el país», lamentó la ONG.
Qué pasó en el primer semestre de 2025
Entre enero y junio de este año documentaron 110 vulneraciones específicas contra las libertades informativas en el país. Mayormente las víctimas fueron trabajadores y trabajadoras de la prensa, medios de comunicación y algunas fuentes informativas.
«Los tipos de vulneración más frecuentes destacan las restricciones en internet (33 casos), las agresiones físicas o verbales (23), el discurso estigmatizante (18), las detenciones arbitrarias (11) y las restricciones administrativas (9). También se reportaron restricciones de acceso a la información (7), hostigamiento judicial (6), y un caso de desaparición forzada».
Ipys subrayó que las detenciones arbitrarias continuaron en estos seis meses con con «11 trabajadores de la prensa privados de libertad. Esta práctica, que suele ir acompañada de acusaciones desproporcionadas como ‘terrorismo’, ‘asociación para delinquir’ o ‘instigación al odio’, ha reforzado el patrón de judicialización selectiva del ejercicio periodístico».
Reporteros los más atacados en seis meses
La ONG resaltó que los ataques contra las fuentes informativas también inhiben por un lado el trabajo periodístico y por otro a la ciudadanía que ve vulnerado su derecho a a estar informada.
«Las víctimas de estas vulneraciones fueron 54 personas identificadas, 40 hombres y 14 mujeres. Aunque estas cifras reflejan una mayor exposición de los hombres a situaciones de riesgo directo, es importante subrayar que en el caso de las mujeres periodistas las agresiones pueden tener impactos diferenciados y más profundos, debido a factores como la estigmatización de género y la afectación de sus entornos familiares», recalca la organización.
En estos seis meses quienes más sufrieron ataques fueron reporteros o reporteras (31), directivos de medios (7), activistas de derechos humanos (4), editores (4) y otros roles como camarógrafos, conductores de TV, escritores y choferes.
«También se documentó la afectación de al menos 24 medios o plataformas informativas, de los cuales la mayoría fueron medios digitales (12) y radioemisoras (6), además de cuentas informativas en redes sociales, una agencia de noticias y una televisora».
Los patrones de detenciones arbitrarias contra personas periodistas
Ipys analizó las detenciones arbitrarias contra personas periodistas en Venezuela que responden a las siguientes características:
- Generalmente se prescinde de la orden judicial, formalmente emitida por un tribunal competente, como requisito para ejecutar la aprensión.
- En la mayoría de los casos, las detenciones no corresponden a la presunta comisión flagrante de delitos y, ni siquiera, a momentos en que la persona esté desarrollando actividades relacionadas con el ejercicio del periodismo.
- En muchos casos, los ejecutores de las detenciones no están plenamente identificados.
- En todos los casos, los y las periodistas detenidos son sometidos a incomunicación y a desaparición forzada que puede ser de corta o larga duración, de modo que familiares y abogados de confianza no saben de su paradero ni de las condiciones físicas y mentales en que se encuentran.
- Por lo general, no se respetan los lapsos para que las personas periodistas detenidas sean presentadas y puestas a la orden del Ministerio Público y de un tribunal competente.
Otras características en procesos judiciales contra las y los trabajadores de la prensa es «la violación del debido proceso contra periodistas detenidos y detenidas se prolonga en los tribunales porque en la mayoría de los casos no se les ha permitido ser asistidos jurídicamente por abogados de su confianza. En su lugar, se les designa un defensor público, que al ser un funcionario estatal obligado a preservar los intereses del oficialismo, no realizan una defensa efectiva de los y las periodistas, sino, por el contrario, contribuyen al propósito final de encarcelarlos».
Censura se agrava en las regiones
La ONG consultó cómo es la situación en varias regiones del país para ejercer el periodismo, donde gobernadores y alcaldes, mayormente, son quienes determinan a quién, cómo, cuándo y dónde reprimir a las personas periodistas.
«A veces, la censura se ejerce de manera explícita, con indicaciones de asuntos específicos que el oficialismo obliga a excluir de la oferta informativa. A veces, el mensaje es más genérico: no hablar mal del gobierno en sus ámbitos nacional, estadal y municipal, lo cual implica no hacer crítica alguna a la gestión pública en manos del oficialismo».
Entre los temas censurados se encuentran derechos humanos, presos políticos, corrupción, irregularidades en procesos electorales, cobertura de actividades de actores de la oposición, lo que incluye sus opiniones e informaciones, deficiencias de servicios públicos y criminalidad fuera del control de las autoridades. «Nada que pueda provocar críticas sobre el desempeño de los gobernantes será noticia».
Además, «en cuatro de los nueve estados explorados para el análisis de la autocensura, IPYS Venezuela documentó y verificó casos de medios de comunicación y periodistas que reciben pagos de entidades gubernamentales a cambio de sumarse al aparato de propaganda oficialista que opera en las regiones. En dichas entidades, no son casos aislados sino una política deliberada de cooptación».
Lea aquí el informe completo de Ipys Venezuela
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