Andrés Cañizález
Las elecciones parlamentarias de 2020, en Venezuela, estuvieron precedidas de un período político agitado tanto por la actuación de actores locales e internacionales involucrados en una crisis de legitimidad, que era el meollo de la discusión.
Tras el no reconocimiento de los países occidentales (EE.UU., Canadá, Unión Europea y diversos de América Latina) de la reelección de Nicolás Maduro en 2018, Venezuela atravesó la agudización de una crisis que marca la historia de años recientes. En ese derrotero, en enero de 2019 el entonces recién electo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se abroga el rol de “presidente interino” con el reconocimiento inmediato del gobierno de Estados Unidos, le siguieron unos 60 países.
La comunidad internacional, que ya había considerado ilegítima a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y la elección presidencial de 2018, terminó por designar a la Asamblea Nacional de 2015 como el único poder público en Venezuela con legitimidad de origen y eso les llevó a refrendar a Guaidó. Detrás estaba el anhelo de que el joven parlamentario, del partido Voluntad Popular, pudiese encabezar una transición democrática. Cosa que finalmente no ocurrió. Guillermo Tell Aveledo sintetizaba el momento político de esta forma: “la expectativa de cambio político, basada fundamentalmente en el apoyo explícito de las democracias de Occidente, cuyas presiones promovieran un quiebre de la estructura de poder interna, o al menos concesiones de apertura, no tuvo el éxito esperado de acuerdo a sus premisas iniciales”.
Estos hechos, reseñados de forma muy sucinta en los dos párrafos anteriores, constituyeron el telón de fondo para las elecciones parlamentarias que se celebraron en 2020. Entretanto, desde el sector oficial, la estrategia era clara, se debía recuperar el control de la Asamblea Nacional, que había quedado en manos de la oposición democrática tras las legislativas de 2015.
Una decisión oficial fue la de elevar el número de escaños. La expresidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y presidenta por breve período del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, fue la encargada de llevar a 277 los cargos a elegir en las parlamentarias de 2020. Estos comicios, además, se desarrollaron en un país devastado por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y para ese momento la emigración masiva sumaba más de 5 millones de ciudadanos.
Como quedó en evidencia con la elección de la ANC en 2017, desde la victoria opositora en la Asamblea Nacional en 2015, el chavismo había trabajado sistemáticamente para neutralizar este poder.
En medio del fragor político nacional e internacional, de alta intensidad de aquel 2020, el chavismo empleó una serie de maniobras para garantizar su victoria. Como ya señalamos, el CNE designado por el TSJ en junio de 2020, modificó las reglas electorales, aumentando los escaños de 167 a 277, pero asimismo alteró distritos electorales para favorecer al oficialismo. Por ejemplo, Javier Corrales apuntó que en estados tradicionalmente opositores como Miranda y Zulia, el CNE redistribuyó escaños para diluir el voto urbano, donde la oposición tenía mayor apoyo.
Junto a esto, el TSJ también intervino partidos opositores clave, como Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), reemplazando sus directivas con líderes afines al régimen. Estas intervenciones, según David Smilde y Hugo Pérez, buscaban «fragmentar la oposición y crear una fachada de pluralismo», ya que las tarjetas de los partidos intervenidos se mostraron en la boleta electoral el 6 de diciembre de 2020.
Asimismo, el gobierno de Nicolás Maduro utilizó recursos estatales para movilizar votantes, como la distribución de alimentos del programa CLAP en los centros de votación, una práctica documentada por Tamara Taraciuk, con la cual coaccionó a los ciudadanos más vulnerables. Un ejemplo concreto ocurrió en el estado Carabobo, donde empleados públicos denunciaron que se les exigió mostrar fotos de su voto para garantizar su empleo.
El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), obtuvo el 67,6% de los votos, para quedarse con 253 de los 277 escaños en disputa. Esa sobrerrepresentación oficialista fue fruto del conjunto de decisiones y acciones tomadas desde el poder para asegurarse el control del estratégico poder legislativo.
En estas elecciones, en las que voces como Juan Guaidó y María Corina Machado llamaron abiertamente a no participar ni votar, se registró una muy baja participación del 31%, en comparación con la alta presencia de votantes en 2015, que alcanzó un 71%. Organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciaron irregularidades, incluyendo la falta de observadores independientes y el uso de maquinaria estatal para acarrear y controlar a votantes.
En esa misma dirección, la Unión Europea rechazó los resultados, señalando que no cumplieron con los estándares democráticos. Según Steven Levitsky y Lucan Way, estas elecciones de 2020 en Venezuela ejemplifican el «autoritarismo competitivo», donde los comicios sirven para consolidar el poder más que para reflejar la voluntad popular.
La oposición democrática, por otro lado, actuó de manera descoordinada ante el llamado a elecciones, con posiciones disímiles y sin una estrategia clara y unificada. En estas elecciones, asimismo, se consolidó lo que podría catalogarse de “oposición leal”, bautizados como “alacranes” en el argot popular.
Esta fragmentación del campo democrático opositor debilitó su capacidad para desafiar al chavismo y contribuyó al control del régimen sobre el legislativo. El sector mayoritario, encabezado por Juan Guaidó y respaldado por Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, optó por no participar, argumentando que las elecciones carecían de legitimidad.
Henrique Capriles y Stalin González, figuras destacadas de Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, inicialmente abogaron por participar para evitar ceder el espacio político al chavismo. Capriles, en una declaración en septiembre de 2020, criticó la estrategia de Guaidó como «un callejón sin salida» y propuso negociar con el régimen para obtener garantías electorales, como la liberación de presos políticos o la presencia de observadores internacionales. Sin embargo, la intervención del TSJ en sus partidos y la falta de avances en las negociaciones los llevaron a retirarse del proceso.
Este cambio de postura evidenció las tensiones internas, ya que, como señalan David Smilde y Hugo Pérez, el sector pragmático carecía de una estrategia unificada para enfrentar al régimen.
Y luego están los bautizados como “alacranes”, básicamente una oposición hecha a la medida del gobierno de Maduro con partidos intervenidos por el TSJ. Actores como Bernabé Gutiérrez y José Brito, por ejemplo, obtuvieron escaños, pero fueron acusados de traición por el sector democrático mayoritario. Esta participación, más allá de su peso real en votos, constituyó una maniobra del chavismo para simular competencia y dividir aún más a la oposición.
En perspectiva, las elecciones parlamentarias de 2020 consolidaron el control del chavismo sobre todos los poderes del Estado, pero a un costo elevado. La baja participación y el rechazo internacional, liderado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima, acentuaron los cuestionamientos a la legitimidad de Maduro. Aunque el chavismo recuperó el control total del Parlamento, que pasó a estar presidido por Jorge Rodríguez, a partir de enero de 2021, el aislamiento internacional se intensificó, con nuevas sanciones de Estados Unidos ahora también a funcionarios del CNE y del TSJ.
Para la oposición, las elecciones representaron una derrota estratégica. El boicot de Guaidó no logró deslegitimar al régimen internamente, y la consulta popular, planteada como alternativa a las elecciones, tuvo un carácter simbólico y alcance limitado. Guaidó vio debilitado su liderazgo tras el fin de su mandato como presidente del legislativo en enero de 2021. Un editorial de la revista SIC, del Centro Gumilla, a inicios de 2021 lo resumió de esta forma: “Si bien la mayoría de la oposición decidió no atender ni participar en esas elecciones, lo cierto es que el Parlamento está bajo el control total del gobierno de Miraflores”.
Fuentes:
Aveledo, Guillermo Tell (2021). “2021: ¿cómo superar la inercia destructiva?”. En: SIC. N° 831. pp. 3-5.
Centro Gumilla (2021). “Editorial: Hasta el 2021”. En: SIC. N° 831. pp. 47-48.
Corrales, Javier (2021). “Authoritarian survival: Why Maduro endures”. En: Journal of Democracy. Vol. 32 N° 3. pp. 39-54.
Smilde, David y Pérez, Hugo (2021). “Venezuela’s electoral authoritarianism: The 2020 parliamentary elections”. En: Latin American Politics and Society. Vol. 63. N° 2. pp. 108-126.
Taraciuk, Tamara (2021). “The erosion of democracy in Venezuela: Lessons from the 2020 elections”. En: Human Rights Watch Report. pp. 75-90.
Levitsky, Steven y Way, Lucan (2022). Competitive authoritarianism revisited: Lessons from Latin America. Cambridge University Press.
Un editorial de la revista SIC, del Centro Gumilla, a inicios de 2021 lo resumió de esta forma: “Si bien la mayoría de la oposición decidió no atender ni participar en esas elecciones, lo cierto es que el Parlamento está bajo el control total del gobierno de Miraflores”.
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