Petro cada día acelera más la eliminación de la democracia convirtiendo el régimen en uno de dictadura del socialismo del siglo XXI, esta semana dos eventos que parecieran sin ninguna relación están íntimamente conectados: el acuerdo Maduro-Petro para una creación de una zona binacional en la frontera y el fallo de la juez en el juicio político a Uribe.
La narrativa oficial es que “Venezuela y Colombia sellaron las bases para la instauración de una “zona de paz, unión y desarrollo binacional” que busca transformar la región fronteriza”. (https://www.infobae.com/colombia/2025/07/25/esto-es-lo-que-dice-todo-el-documento-en-el-que-colombia-y-venezuela-acuerdan-zona-binacional/ ). Según esa narrativa, se propone una cooperación intensificada en el corredor fronterizo por los estados Zulia y Táchira y el departamento Norte de Santander. El acuerdo prevé la designación de “puntos focales nacionales”, enlaces clave entre las autoridades de ambos países, encargados del “cumplimiento oportuno de los compromisos asumidos” Añade el documento: “Se proyectan capacitaciones y acciones de formación técnica dirigidas a actores locales, micro, pequeñas y medianas empresas, así como a comunidades dentro del área de la zona. Todas las acciones buscan “impulsar la diversificación productiva, generar valor agregado y fomentar un desarrollo económico inclusivo y sostenible”.
Según el documento la gobernanza estará en manos de un Grupo de Trabajo, cuya labor será “coordinar y revisar la implementación del presente Memorándum de Entendimiento, mediante consultas bilaterales, el seguimiento técnico de las acciones acordadas y la formulación de recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes de ambos países”.
Hasta ahí el lenguaje estereotipado (“langue de bois”) del documento, ahora viene la traducción de lo que eso quiere decir:
Contexto: la región señalada es la del Catatumbo, que en el lado colombiano se lo disputan el ELN y las FARC, sin ningún poder ejercido por el Estado, al punto de que no se ha podido regresar gran parte de la población desplazada por la letal incursión del ELN contra las FARC en enero, ni mucho menos hacer efectivos el resto de objetivos estipulados por el gobierno para esa zona; del lado de la frontera venezolana, esa zona está en manos del ELN, que ejerce de sostén paramilitar del gobierno de Maduro. Obviamente, esa zona es de vital importancia para el narcoterrorismo, pues Colombia es el segundo enclave de producción de coca con más de 44.000 hectáreas de coca (17% del total nacional) y la región fronteriza de Venezuela es el corredor natural para el envío de esa coca a los mercados internacionales, con cientos de pistas aéreas clandestinas y toda una economía volcada hacia la actividad cocalera (compra de insumos, lavado de dinero, etcétera).
Objetivo: la zona económica binacional no tiene otro objetivo que consolidar el dominio territorial del narcoterrorismo en la frontera colombo-venezolana, por un lado, se canalizarán ingentes recursos económicos binacionales a organismos de fachada del ELN y las FARC; por otra parte, se consolidará el predominio militar de esos grupos en la región, haciendo que su poder territorial se traduzca en sumisión de la población civil y haciendo casi imposible la recuperación de ese territorio por parte del Estado en este período presidencial.
La meta final del cumplimiento de este objetivo es tener en esa frontera un piloto del desmembramiento de la nación que se plantea bajo la dictadura del socialismo del siglo XXI, dividiéndose el país en zonas dominadas por los diferentes grupos narcoterroristas, convirtiendo a Colombia en un narcoestado, el cual es el objetivo final del socialismo del siglo XXI: tener países dominados por el narcoterrorismo a mando de una élite comunista aliada a este.
Como mecanismo transitorio para el cumplimiento de ese objetivo está la celebración de los comités comunales (soviets) de participación popular como mecanismo de establecimiento de una Constituyente “ de facto” que bajo la amenaza armada del ELN y las FARC instauren la dictadura del socialismo del siglo XXI.
Paralelo a este acuerdo binacional ocurrió en Colombia la declaración de la sumisión del Poder Judicial a la dictadura de Petro, los gobiernos del socialismo del siglo XXI han tenido como característica común la eliminación de la separación de poderes y la politización de la justicia. Petro con la mermelada ha logrado la sumisión de los partidos Conservador y Liberal, acabando con la separación entre Ejecutivo y Legislativo; con el juicio a Uribe, se inicia el proceso de sumisión del Judicial a Petro, que culminará con la designación del magistrado de la Corte Constitucional que falta, el cual con los votos de la izquierda y los mercenarios conservadores y liberales harán mayoría en esa Corte, logrando la sumisión total del Poder Judicial al gobierno socialista.
La juez bien ha podido dictar las mismas decisiones condenatorias a Uribe, bajo un discurso formalmente neutro, disfrazando su sentencia de imparcialidad, sin el tono melodramático ni la jerga izquierdosa, sin las alabanzas al preso Monsalve y al gánster Cepeda, hubiese pasado de juez ceñida a la ley, pero se quitó la máscara y con un discurso de manifiesto petrista que ni supo leer, dada la complejidad del vocabulario de Montealegre, quien seguramente fue quien lo escribió, la juez cumplió con el objetivo que el farcsantismo ahora mutado en PetroELNismo quería: demostrar su poder absoluto sobre el país, hacer saber que la judicialización de la política ya estaba consumada y que la persecución judicial de los opositores se iniciaba con la joya de la corona, Álvaro Uribe Vélez, el único presidente que se le enfrentó a las FARC y al ELN, que los derrotó militarmente, pero Santos y Duque los resucitaron y ahora Petro los llevó al poder, y demostrar que el poder del narcoterrorismo es absoluto, al punto de que sin ninguna disimulación, enjuician al líder de la oposición, pasándose por la faja la falta de pruebas y testimonios de testigos fundamentales.
Por el desayuno se conoce el almuerzo dice el dicho popular y el inicio de la lectura del fallo indicó claramente que este iba en el camino de un juicio político a Uribe, a explicaciones no pedidas, acusación manifiesta, dice otro dicho y el largo ditirambo inicial de la jueza señalando que lo que venía no era un fallo politizado, que era la justicia del pueblo y una conclusión feminista, señalaba claramente que lo que venía era un discurso ideológico de la izquierda radical.
El inconsciente le hizo una mala jugada a la juez, pues cuando dice “la justicia no se arrodilla ante el poder”, lo que está señalando es un deseo inconsciente que trata de justificar su decisión con una expresión contraria a la realidad, pues esa juez “sí se arrodilló al poder”, dado que Uribe no tiene ningún poder; por el contrario, el poder lo tienen sus jefes ideológicos: Petro, que dirige la persecución a la oposición y Montealegre, que dirige la justicia con el fin de acabar con la oposición, como lo demuestra este fallo de su autoría, mal leído por una juez sujeta al poder del socialismo del siglo XXI.
Es que el fallo tiene unos exabruptos jurídicos detectables por cualquier alumno de primer año de Derecho:
-El aval a interceptaciones del indiciado “por error”. Ninguna prueba errónea puede ser aceptada por un juez imparcial, pero en la justicia del socialismo del siglo XXI, sí y solamente sí, si son para justificar la persecución a la oposición.
-La violación del secreto profesional entre abogado y cliente. Según la juez esta es legal, pues “el secreto profesional no puede convertirse en una barrera para la justicia”. Esta es una clara prueba de que se le negó a Uribe el debido proceso.
-Aceptación de pruebas que han sido manipuladas. En ningún juicio se deben aceptar. Eso además demuestra el doble rasero de la “justicia” izquierdosa colombiana, pues los discos de la PC de Reyes no fueron aceptados, aun cuando la Interpol certificó que no habían sido manipulados. Pero claro, como se testificaba claramente la farcpolítica y sobre todo la culpabilidad del gánster Cepeda, estos discos no se podían aceptar; mas el reloj de Monsalve y el celular de Cepeda manipulado sí, pues servían para enjuiciar a Uribe.
-Las frases laudatorias a Monsalve, el regaño a la defensa por “tratarlo como delincuente”, aun cuando lo es -está sentenciado y preso por eso- y muchos otros elementos nos hacen concluir que, así como Stalin hacía juicios sumarios, Santos, Petro, Cepeda y Montealegre hacen un juicio político al principal oponente del farcsantismo mutado en PetroELNismo, a través de esta jueza que ni sabe leer el escrito de Montealegre. Es el lawfare de la dictadura del socialismo del siglo XXI, que se inicia.
Los dos eventos están, pues, íntimamente interconectados: la legitimación de la dictadura de Maduro con la firma de un acuerdo que pone la frontera de hecho bajo el mando del ELN y el juicio a Uribe, que demuestra claramente el lawfare contra la oposición. Son dos señales nítidas del avance acelerado de Petro en la instauración de la dictadura del socialismo del siglo XXI.
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