El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió este sábado a la Asamblea Nacional (Parlamento) un nuevo proyecto de ley calificado como urgente en materia económica que tiene como objetivo ordenar, proteger y reactivar económicamente áreas protegidas que han sido tomadas por «economías criminales, grupos armados y actividades criminales», señaló la Presidencia en un comunicado.
El Gobierno aseguró que esta propuesta, denominada como Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, también busca impulsar una «gestión más eficiente» y fomentar la inversión privada responsable en actividades como turismo, investigación científica, servicios y protección ambiental.
«El objetivo es recuperar y aprovechar de forma sostenible estos espacios, diversificar la economía local, generar empleo digno, reactivar el turismo y asegurar la presencia del Estado en zonas estratégicas para la seguridad y desarrollo», señaló el Ejecutivo.
En el proyecto de ley se detalla que tras la declaración de conflicto armado interno que hizo el presidente Noboa en enero de 2024 para luchar contra las bandas del crimen organizado, se ha determinado que los grupos armados y de delincuencia mantienen fuentes de financiamiento ligadas a la minería y pesca ilegal, caza furtiva, tráfico de especies exóticas y tala indiscriminada, incluso en lugares que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Además, estas bandas también estarían «aprovechando las ventajas de la situación geográfica del país» para actividades como el contrabando, trata de personas o narcotráfico, «lo cual, además de afectar los aspectos inherentes al patrimonio natural del país, atentan a la economía, seguridad y estabilidad del Estado».
Un ejemplo de esto, se señala en el documento, fue el ataque armado que sufrieron once militares el pasado 9 de mayo en la zona de Alto Punino, ubicada en la Amazonía del país, mientras realizaban un operativo contra la minería ilegal.
Los soldados fueron emboscados y asesinados por presuntos miembros de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«Es así que las áreas protegidas se han vuelto espacios vulnerables que requieren atención, pues además de su valor ecológico, al tratarse de recursos no renovables, representan un elemento indispensable para el desarrollo de otras actividades económicas importantes, como el turismo, que ha situado al Ecuador en un referente a nivel mundial», se explica en la iniciativa.
Como consecuencia de esto, dice el Gobierno, el sector turístico, principalmente el ecológico, se ha visto afectado, ya que al no poder mantener las condiciones óptimas necesarias, instalaciones para un acceso o permanencia adecuadas, y seguridad que garantice la integridad del turista nacional o extranjero a las áreas naturales, se ha generado «una disminución importante de los ingresos en el sector».
El proyecto de ley contempla que las áreas protegidas, regidas bajo las normativas de la autoridad ambiental nacional, puedan tener un modelo de gestión directa o a través de mecanismos contractuales de intervención, administración y operación al sector privado nacional o internacional.
También se detalla que las autoridades ambientales podrán solicitar a la Policía o a las Fuerzas Armadas que brinden seguridad en el perímetro del área protegida, mientras que el control en áreas de difícil acceso será monitoreado con tecnología de vigilancia.
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