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El juez James Boasberg le dio una semana al Gobierno de EEUU para explicar cómo pretenden facilitar el proceso para los migrantes.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó el miércoles al Gobierno de Donald Trump ofrecer la posibilidad de apelar sus acusaciones a los migrantes venezolanos que fueron secuestrados y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador
El juez James Boasberg publicó un fallo de casi 70 páginas, dándole una semana al Gobierno estadounidense para «entregar un aviso al tribunal explicando cómo pretenden facilitar la capacidad para pedir un recurso de habeas corpus» a los migrantes.
Esta decisión parte de una demanda realizada en nombre de un grupo de los migrantes en la que argumentan que se violó el derecho al debido proceso de las personas enviadas en marzo pasado al Cecot bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por Trump, reseñaron medios internacionales.
El mandatario invocó la referida ley, utilizada en tiempos de guerra, con el propósito de deportar masivamente a los migrantes venezolanos acusados, sin pruebas, de pertenecer a la extinta organización criminal Tren de Aragua.
El juez aclaró que los migrantes nunca «tuvieron la oportunidad de desafiar» las acusaciones en su contra. “Ese proceso, que se les negó indebidamente, ahora debe serles otorgado”, expresó Boasberg en su fallo y añadió que «sin este alivio, el Gobierno podría secuestrar a cualquiera, entregarlo a un país extranjero y, en la práctica, impedir cualquier medida correctiva».
Además, indicó que han salido a la luz pruebas importantes que demuestran que muchos de los enviados a El Salvador «no tienen conexión con la pandilla y por tanto languidecen en una prisión extranjera por acusaciones frágiles e incluso frívolas».
Boasberg es el mismo juez que bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros cuando dos aviones fueron enviados con los migrantes y ordenó su regreso, pero estos aterrizaron en El Salvador.
Por su parte, el abogado Lee Gelernt de la Unión de Libertades Civiles (Aclu), una de las organizaciones que lideran la demanda que llevó al fallo de Boasberg, manifestó que el juez «reconoció que el Gobierno no puede enviar gente a un notorio gulag extranjero sin el debido proceso y luego lavarse las manos en la situación».
En marzo pasado, el Gobierno de EEUU anunció el envío de más de 200 venezolanos a El Salvador acusados de supuestamente ser parte de la banda Tren de Aragua. Ante esto, el Gobierno venezolanos enfatizó que no descansaría hasta lograr el retorno de todos los migrantes secuestrados.
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