Por #LaHoraDeVenezuela
“El rol de Cúcuta, de Ocaña y del Catatumbo es, sobre todo, el de un mecanismo de lavado para, llamémoslo así, el contrabando de efectivo, el tránsito y el movimiento de dinero hacia Venezuela, donde la economía está dolarizada”.
Así se expresa un especialista en la materia que conoce de cerca la problemática del lavado de capitales en especial en la zona fronteriza de Cúcuta, Norte de Santander, y en la región del Catatumbo, que vive un conflicto armado entre grupos irregulares.
Explica, asimismo, que esta práctica tiene varias etapas: “Una de generación de riqueza, otra de transporte y de movilización de recursos de un lado a otro, y una final cuando ya lavan la plata y la depositan”.
Son fórmulas que emplean los grupos delictivos para blanquear capitales, como también se conoce esta praxis. Ellos han encontrado un terreno fértil precisamente en zonas de la frontera, pues los controles no resultan tan efectivos para evitar este tipo de delito que lesiona la economía formal.
“En Venezuela necesitan dólares, no necesitan pesos colombianos”, dice el especialista. Esto ha hecho que la transaccionalidad, el movimiento de flujo de dinero, especialmente de Cúcuta, en los últimos cinco años, haya sido grande. Sus cálculos, basados en informes bancarios, lo llevan a afirmar que “es el municipio de Colombia con el mayor movimiento de dinero en efectivo sacado desde los bancos”, aunque no precisa el monto.
En ese escenario de frontera, marcado por la volatilidad, el contrabando y la informalidad, muchos se refugian en criptoactivos y criptomonedas; otros recurren a casas de cambio irregulares o prestan sus cuentas bancarias para recibir dineros ilícitos a cambio de un porcentaje del monto que reciben. Y unos más compran bienes a precios que, incluso, pueden sobrepasar los del mercado.
Criptoactivos y criptomonedas cumplen dos funciones: ser válvula de escape frente a la inestabilidad monetaria y, a la vez, permitir que existan operaciones fuera del radar institucional. Esto último lo conocen bien quienes dirigen organizaciones ilegales.
Aunque es importante destacar que adquirir criptoactivos y criptomonedas no es un delito, blanquear capitales a través de este mecanismo sí lo es. #LaHoraDeVenezuela consultó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) acerca de investigaciones y controles sobre el lavado de activos. Respondieron que no pueden conceder una entrevista debido a que se trata de funcionarios de un organismo de inteligencia cuya identidad debe ser protegida, de acuerdo con la Ley 1621 de 2013 y su decreto reglamentario 857 de 2014. “Es de resaltar que la información contenida en la base de datos de la UIAF está amparada con reserva legal”.
Lo que sí es un hecho es el aumento del uso de criptomonedas y criptoactivos en Colombia. Datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) indican que en febrero de 2024, Colombia contaba con 680 establecimientos comerciales que aceptaban pagos en criptoactivos. De ellos, 100 operaban en Cúcuta.
El auge se ha extendido a los cajeros automáticos que permiten convertir las criptomonedas a pesos colombianos en varias ciudades, incluida Cúcuta. Algunas fuentes contaron que el único cajero de este tipo que quedaba y que funcionaba en un centro comercial ya no ofrece el servicio.
Al mismo tiempo, un criminólogo y economista colombiano destaca que “hay personas de Venezuela que tienen recursos fuera del país, ya sea por pagos paralelos de petróleo, narcotráfico o dinero proveniente, incluso, de la corrupción, que los introducen dentro del sistema monetario a través de bitcoins y criptoactivos”. Para él, eso va a bancos que tienen bajos controles sobre la legalidad de esos recursos.
Según relata, desde países como Rusia, Turquía, Grecia y Uruguay, envían tarjetas de débito y de crédito internacionales a Colombia que llegan a Cúcuta, donde las utilizan para hacer grandes retiros en efectivo. Luego cambian los pesos a dólares y el dinero entra a Venezuela. La frontera facilita esa vuelta.
Esto ocurre porque debido a las sanciones y restricciones cambiarias que pesan sobre Venezuela, desde allí no se puede hacer la monetización utilizando el sistema Swift, que es el que usan los bancos mayoritariamente para enviar y recibir información sobre las transacciones financieras de manera rápida y segura. Por eso lo hacen desde Cúcuta.
Además de los criptoactivos, algunas casas de cambio se convierten en un instrumento para el lavado de activos, a través de la conversión de pesos colombianos de origen ilícito a dólares o euros. Este fenómeno sucede en las agencias que no aplican controles estipulados por las instancias reguladoras del gobierno colombiano.
En conversación con #LaHoraDeVenezuela, el dueño de una de las casas de cambio de Cúcuta indica que los propietarios de estos establecimientos se rigen por mecanismos precisos que eviten los delitos y que buscan cumplir “con el control a la antigua”. Con ello se refiere a remitir datos a instituciones como la UIAF y la DIAN. “El Banco de la República también nos vigila”, puntualiza.
Precisa que dentro del control de cambios deben llevar un libro con los detalles de las transacciones y explica: “Pedimos información cuando se trata de montos que no son pequeños, más allá de solicitar la cédula o un recibo de servicios públicos”. Con esto se refiere a que emplean el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft). Así, esperan que sus actividades sean completamente lícitas.
Dos hechos han sido muy relevantes en relación con el lavado de activos. El primero ocurrió en octubre de 2023, cuando las autoridades detuvieron a dos personas por lavar casi 50.000 millones de pesos a través de casas de cambio en Cúcuta. Los aprehendidos fueron señalados de crear tres sociedades que utilizaron para darles apariencia de legalidad a los movimientos de dinero, después de que la Policía Judicial siguió durante dos años sus transacciones desde Cúcuta hacia varias cuentas bancarias en Bogotá.
El segundo caso sucedió en octubre de 2024 cuando el gobierno de Estados Unidos impuso una multa récord de tres mil millones de dólares al banco canadiense TD Bank. Según Fincen, la autoridad antilavado estadounidense, la sanción obedeció a que la entidad no tomó medidas oportunas para impedir la expedición de tarjetas de débito internacionales con las cuales se retiraron millones de dólares en cajeros automáticos en Colombia. Estos dineros provenían de operaciones de drogas y estaban depositados en Estados Unidos.
Fincen además identificó a un grupo de clientes del mencionado banco que realizó operaciones sin tantos controles, lo que les permitió obtener fondos de criptomonedas desde Inglaterra. Luego las transferían a una institución financiera de activos virtuales en Colombia.
El criminólogo y economista colombiano recalca que una de las variantes del lavado de activos es el llamado pitufeo, una modalidad en la que varias personas se prestan para lavar capitales.
Transparencia Colombia, basada en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), define el pitufeo como una tipología de lavado de activos que fracciona en pequeños montos las transacciones, en apariencia aisladas, para no causar sospechas. Lo realizan a nombre de uno o varios inversionistas y, de esa manera, evitan controles asociados a montos mayores de dinero.
En 2003, en Venezuela se creó la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para controlar la compra y venta de dólares y euros, mediante la asignación de un cupo anual para cada persona mayor de edad, lo que obligaba a ciudadanos y empresas a recurrir al gobierno para adquirir divisas a precios preferenciales. Cadivi dejó de operar el 15 de enero de 2014 y fue sustituida por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) que se mantuvo hasta 2018. Actualmente es el Banco Central de Venezuela el encargado de la tasa de cambio oficial en un mercado con poca oferta de dólares. El control cambiario se mantiene en el país petrolero.
“Recuerdo cuando se impuso Cadivi: la red de pitufos para comprar el cupo en Cúcuta creció exponencialmente entre 2006 y 2009; ahí veíamos billones de pesos, de dólares, en transacciones de estructuras de pitufos que declararon como si hubieran exportado servicios o productos textiles. Según la dinámica económica en el territorio, se activan o se desactivan esas redes”, explica el criminólogo economista.
Un empresario radicado en Cúcuta precisa que las organizaciones delictivas utilizan diversas vías para lavar activos. “Cada día las bandas usan nuevas tecnologías para hacerlo”. A su parecer, en la frontera existen dinámicas ilícitas que son permanentes y que causan “mucha violencia con la afectación de crimen, robo, extorsión y secuestro”.
El fenómeno es tan preocupante que en septiembre del año pasado después de un consejo de seguridad con las autoridades de Norte de Santander y el área metropolitana de Cúcuta, al que asistieron el director de la Policía y el ministro del Interior del momento, el general William René Salamanca anunció la creación de un equipo especial de investigadores y expertos en lavado de activos de la Policía Nacional, apoyados por la DEA e Interpol.
“Aquí hay un crecimiento desmesurado de recursos que fluyen a veces sin control, hay un fenómeno de lavado de activos que no es de ahora, que viene creciendo en la ciudad desde hace varios años y necesitamos enfrentarlo, porque mientras no quebremos las finanzas de estas organizaciones criminales, vamos a seguir teniendo problemas para doblegarlas”, dijo Juan Fernando Cristo, en ese entonces ministro del Interior.
#LaHoraDeVenezuela le preguntó a la Policía Nacional sobre los resultados de las labores de ese equipo y la remitieron a la Policía Judicial (Dijín). Desde allí enviaron información relacionada con la captura, en Medellín y Armenia ((centro del país), de cuatro presuntos lavadores de dinero de la banda La Terraza. Hasta el cierre de este reportaje, no había contestado qué había sucedido con respecto a Cúcuta.
Las autoridades están tras la pista de un hombre conocido como el Faraón o el Fantasma, cuya identidad no se ha revelado, pero lo relacionan con actividades criminales que incluyen lavado de activos como informó #LaHoraDeVenezuela en la nota El Faraón, un capo fantasma que ronda a Cúcuta.
Cúcuta, crecimiento poblacional y delictivo
En medio de esta realidad, Cúcuta vive un auge de opulencia y desarrollo en algunas de sus zonas. Por ejemplo, no es extraño ver en los centros comerciales joyas como cadenas de oro con grandes eslabones y medallas cuyo precio oscila entre 4500 y 5000 dólares.
“Cúcuta pasó de ser una ciudad pequeña a convertirse en la quinta ciudad más importante de Colombia; superó el millón de habitantes, precisamente por la población venezolana que hoy vive allí. Este no es un dato menor porque siempre había estado en esa pelea de ser considerada una ciudad intermedia”, refiere un académico.
Los precios de los urbanismos en el área metropolitana de Cúcuta han crecido 72 %, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), desde 2020 y hasta el primer trimestre de 2025. Esto la convierte en la segunda del país con mayor crecimiento del precio de vivienda nueva.
En los municipios aledaños a Cúcuta, como en Villa del Rosario, proliferan restaurantes, centros comerciales y condominios de casas de lujo, con piscinas privadas y comodidades tipo club, que algunos comparan con los que existen en Miami, completamente cerrados y con amplias áreas sociales. Particularmente en los sectores próximos al río Táchira como Las Palmas, San Pedro y Los Trapiches, algunas viviendas de tres y cuatro pisos, levantadas en medio del verdor de lugares desde donde se pueden ver las montañas venezolanas, llegan a valer hasta 900.000 dólares. “Allá se ve Táchira”, dice un taxista del lugar.
Esa opulencia contrasta con la criminalidad disparada que sufre el área metropolitana. Los habitantes de Cúcuta y Villa del Rosario, incluso los que viven en la vía hacia Pamplona, lamentan el auge de actividades de bandas delictivas, como las del grupo AK47 que vinculan con el Tren de Aragua, organización criminal surgida en la cárcel de Tocorón, estado Aragua en Venezuela. Las autoridades identifican al menos 27 bandas que actúan en la zona.
“Yo estaba viendo televisión una noche con mi esposa cuando escuchamos un estruendo y le dije: ‘Eso fue una bomba y, en efecto, lo fue’”, narra otro taxista que evalúa emigrar a otro país porque quiere vivir con más tranquilidad. El hombre ronda los 70 años y vive en la ciudad fronteriza junto con su pareja.
El estallido que oyeron en su casa ocurrió en la noche del 19 de febrero, en Villa del Rosario, y destruyó el peaje de la autopista que comunica a Cúcuta con San Antonio del Táchira. La misma noche hubo otros ataques: uno a un Centro de Atención Inmediata (CAI) y otro a la estación policial de La Parada. En los hechos varias personas resultaron heridas.
Nadie niega que hay vínculos entre opulencia y lavado de activos. Las fuentes consultadas prefieren no dar detalles, pero aseguran que es escaso el control a los inversionistas que aparecen con dinero en efectivo para comprar propiedades o artículos de lujo.
“Esta ciudad es muy importante por su capacidad de captar recursos de otros lugares del mundo para monetizarlos, sacarlos en efectivo en pesos, transformarlos a dólares e ingresarlos a Venezuela”, explica uno de los especialistas consultados por #LaHoraDeVenezuela.
Ocaña, dividida por los contrastes
Ocaña es la segunda ciudad más poblada de Norte de Santander y la más grande de la región del Catatumbo, uno de los enclaves con mayor densidad de cultivos de coca en Colombia y que se disputan hoy distintos grupos armados. En esta ciudad conviven dos realidades de contrastes. Por una parte, los barrios populares con viviendas sencillas, vehículos envejecidos y motorizados que recorren las vías a gran velocidad. Por otra parte, las camionetas de alta gama, nuevos urbanismos, venta de lotes donde se edificarán conjuntos privados y una vida de lujos para parte de la población.
En el municipio es un secreto a voces que hay quienes se han enriquecido de la noche a la mañana. Sin pudor alguno, exhiben su nuevo estatus. Un ocañero indica que la ciudad, por ser la puerta del Catatumbo, es un ambiente propicio para el lavado de activos.
Por eso, el contraste cada vez es más frecuente, aunque algunos todavía miran con asombro cómo el parque automotor se moderniza con rapidez debido a la llegada de vehículos de último modelo. “Se están viendo unos carros muy lujosos que comúnmente en Ocaña no se veían y uno se pregunta de dónde sale tanta plata para comprar un carro de 400, 500 o 600 millones de pesos” dice el ocañero.
Ocaña es, junto con Cúcuta, una de las plazas en Colombia que vende mayor cantidad de unidades de costosas marcas automotrices. Inclusive, algunos se anotan en listas a la espera de su nuevo modelo aunque demore un año en llegar. Para ellos, conducir uno de estos vehículos significa un ascenso social.
Pero no solo se trata de camionetas costosas. El expropietario de un hotel en Ocaña cuenta que era habitual recibir clientes que pagaban todos los servicios en efectivo.
“Eran personas que llegaban en sus supercamionetas y siempre con la moda de un bolsito acá terciado. Y fajos de dinero. La administradora del negocio un día me dijo: ‘Jefe, toda esta plata tiene dos particularidades, huélala’. La primera es que, efectivamente, olía a matas. A matas de droga. Sí, tenía un olor particular, no a billete. La segunda es que se pegaban los billetes. No estaban húmedos, sino pegados. Era el efecto del uso de algún químico, no lo sé”.
Otro fenómeno que define la nueva realidad es el aumento en los precios de las viviendas. Un ocañero que conoce las dinámicas de la zona comenta que ha observado el fenómeno creciente de la burbuja inmobiliaria.
“Uno ve construcciones por todos lados y los costos son increíbles”, dice. Explica que el metro cuadrado en una de las zonas más exclusivas de Bogotá puede costar entre 12 y 14 millones de pesos, lo que significa que un apartamento de 30 metros cuadrados cuesta más de 300 millones. Relata que en Ocaña hay apartamentos de ese precio y se consiguen casas de 3000 a 5000 millones de pesos. “¿Cómo se logra eso?”, cuestiona.
Y añade: “En algún momento explota la burbuja inmobiliaria y es que hoy se podría estar presentando un lavado incluso con esto. A la persona que necesita lavar un recurso no le importa comprar a lo que sea el metro cuadrado. No le importa. Pero sí empieza a generar un valor distinto al precio. Ejemplo, si esta casa acá cuesta normalmente 120 millones de pesos, pero alguien hizo la transacción por 300 millones de pesos, empieza a legalizar un dinero que puede ser de narcotráfico”.
Varios agentes inmobiliarios consultados por #LaHoraDeVenezuela coinciden en que los precios sí han subido, pero no de manera significativa. Mientras que un habitante de Ocaña observa lo que sucede con una mirada que permite contextualizar: “No creo que los precios hayan subido, sino que en Ocaña las construcciones no eran tan lujosas. La expansión no se veía en temas de conjuntos residenciales ni en barrios privados, en lugares tan lujosos como ahora se presentan. Ocaña es una ciudad intermedia donde no hay fábricas colombianas ni grandes empresas como para decir que hay un movimiento comercial bastante amplio y obtener un crecimiento de ese estilo”.
En definitiva, el lavado de activos no solamente es un problema para los cucuteños y ocañeros porque fomenta distintos tipos de crímenes, altera la cotidianidad con el encarecimiento de bienes tan importantes como la vivienda o los vehículos y deteriora la calidad de vida en estas zonas fronterizas impactadas por la llegada masiva de migrantes venezolanos. Es un problema transnacional que merece ser abordado entre gobiernos.
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