Cuatro venezolanos aterrizaron el 30 de mayo de 2019 en Gran Caimán, la mayor de las Islas Caimán, con un cargamento de oro valorado en casi cuatro millones de dólares. Declararon esa carga que llevaban en la avioneta de matrícula YV2317, pero no hicieron así con “4 paquetes [con 135.000 dólares] dentro del revestimiento de los paneles interiores del avión”, que solo una inspección de las autoridades alcanzó a descubrir.
Ese desliz bastó para que en la isla procesaran y abrieran una investigación a todas las personas a bordo. Aunque un año más tarde quedaron absueltas, el expediente de la causa judicial –obtenido ahora tras una búsqueda de casi seis meses entre archivos públicos, mecanismos de transparencia y leyes de acceso a la información en diferentes países– revela pistas, nombres y conexiones del caso con las redes que, desde hace algunos años, han venido apareciendo como involucradas en el tráfico furtivo de oro desde Venezuela.
Según señala la acusación del director del Ministerio Público de Islas Caimán, Patrick Moran, en los teléfonos de los pilotos y pasajeros de la avioneta se encontraron mensajes, conversaciones y rastros, entre ellos, una foto en el dispositivo de Daniel Aguilar Feriozzi, un joven entonces de 26 años, que se declaró inicialmente como dueño del cargamento por una herencia. En la imagen salía junto a Marco Antonio Flores Moreno, un capo del tráfico ilegal de oro en el sur del estado Bolívar.
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