Apenas estamos en el sexto mes del 2025 y en Estados Unidos, otrora país que parecía acoger con los brazos abiertos a los venezolanos, se registra un acelerado reordenamiento político y legal con impacto directo sobre los migrantes venezolanos
“El norte es una quimera”, este merengue criollo venezolano que se popularizó hace casi un siglo, en 1928, refleja tal vez el estado de animo de muchos venezolanos hoy, en relación con la opción de migrar a Estados Unidos, o peor aún permanecer allí tras los drásticos cambios que se han registrado en menos de un semestre.
Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, el gobierno de Donald Trump ha implementado una serie de políticas migratorias restrictivas, con un enfoque particular en los migrantes venezolanos en Estados Unidos. Estas medidas, respaldadas en algunos casos por decisiones de la Corte Suprema, han generado un impacto significativo en cientos de miles de venezolanos que residen en el país bajo estatus legales temporales o que están sin documentación.
Estas son las principales decisiones tomadas por la administración en Washington junto a decisiones de la Corte Suprema, que también ha actuado de forma expedita en varios casos.
Decisiones que afectan a migrantes venezolanos
1. Cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS)
En febrero de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación de la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos beneficiarios de la designación de 2023, cuya protección expiró el 3 de abril de 2025. La administración argumentó que las condiciones en Venezuela, aunque críticas, no justificaban la continuidad del programa. Los beneficiarios del TPS de 2021, unos 250,000 venezolanos, mantienen su estatus hasta el 10 de septiembre de 2025, pero enfrentan un futuro incierto.
El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema, en una votación de 8-1, suspendió una orden judicial de un tribunal de distrito en California que buscaba mantener el TPS, permitiendo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avanzar con la terminación del programa mientras el Noveno Circuito resuelve una apelación.
2. Revocación del Parole Humanitario
El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema, en una votación de 6-3, permitió al gobierno de Trump revocar el programa de parole humanitario, que desde octubre de 2022 benefició a aproximadamente 532,000 personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Este programa permitía a venezolanos con un patrocinador en territorio estadounidense ingresar legalmente y obtener un permiso de trabajo por dos años. La decisión suspendió una orden judicial de un tribunal de distrito que impedía la terminación del programa, argumentando que el DHS tiene autoridad para ajustar políticas migratorias. El DHS comenzó a notificar la revocación por correo electrónico, exigiendo a los beneficiarios abandonar Estados Unidos inmediatamente o enfrentar deportaciones. Esta medida afecta a decenas de miles de venezolanos
En marzo el poder ejecutivo, a través de una orden ejecutiva, había eliminado este programa.
3. Restricciones de visa para venezolanos
A partir del 9 de junio de 2025, la administración del presidente Donald Trump suspendió la emisión de visas de inmigrante y de ciertas visas de no inmigrante para ciudadanos venezolanos, eso incluyó estos tipos de visas: B-1 para negocios, B-2 para turismo, B-1/B-2 de visitante, F para estudiantes académicos, M para estudiantes vocacionales y J para programas de intercambio.
Para la Casa Blanca tal medida se justifica por preocupaciones de seguridad nacional, argumentando que el gobierno venezolano carece de una autoridad central competente para emitir documentos de identidad confiables y no coopera lo suficiente en el intercambio de información sobre los antecedentes penales. La medida ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch, que la califican de “discriminatoria” y “desproporcionada”, argumentando que castiga colectivamente a los venezolanos sin evidencia clara de riesgos de seguridad.
Estas restricciones no afectan a los venezolanos que ya tenían una visa válida antes del 9 de junio, a los residentes permanentes legales, ni a aquellos con doble nacionalidad que utilicen el pasaporte de un país no afectado.
4. Uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798
El gobierno estadounidense invocó esta ley de tiempos de guerra para justificar la deportación sumaria de venezolanos acusados, sin pruebas ni procesos judiciales conocidos, de pertenecer a la pandilla criminal del Tren de Aragua. En marzo de 2025, 238 venezolanos fueron deportados a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad, como parte de un acuerdo con el gobierno salvadoreño.
Finalmente, la Corte Suprema ha emitido fallos contradictorios sobre el uso de esta ley para deportaciones. El 7 de abril de 2025, permitió al gobierno de Trump continuar con la expulsión de venezolanos acusados de ser miembros del Tren de Aragua, siempre que se les notificara y se les diera la oportunidad de impugnar su deportación. Sin embargo, el 19 de abril y el 16 de mayo de 2025, el tribunal ordenó suspender estas deportaciones, exigiendo más tiempo y garantías legales para los migrantes detenidos específicamente en Texas.
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