Venezuela llegó a la cuarta semana de mayo con 291 arrestos de actores políticos, periodistas y defensores de Derechos Humanos (DD. HH.) contabilizados desde las elecciones presidenciales del 28 de julio. En este mes, además, se registró la séptima muerte de un preso por razones políticas en custodia del Estado, y también se registró la muerte de una excarcelada debido a las condiciones de reclusión en las que estuvo. 

Lindomar Jesús Amaro Bustamante, de 27 años, falleció el sábado 3 de mayo en el Centro Penitenciario de Aragua – más conocido como Tocorón-. “La causa reportada fue ahorcamiento dentro de su celda”, indicó la ONG, Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), a través de su cuenta en la red social X.

Amaro fue detenido en el contexto de protestas poselectorales, que iniciaron tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral, que declaró a Nicolás Maduro como ganador sobre Edmundo González Urrutia sin publicar las actas electorales. El joven fue interceptado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Cojedes cuando se dirigía a su vivienda en moto.

Durante su reclusión, “según familiares, Lindomar ya había atentado contra su vida y, aunque lo advirtieron, no recibió atención médica ni protección. Esta omisión agrava la responsabilidad del Estado por una muerte evitable”, añadió la publicación.

Amaro es el séptimo preso por razones políticas que fallece en custodia del Estado venezolano desde los comicios. 

A esta tragedia, se suma el caso de Ariadna Pinto, una joven de apenas 20 años que murió el 10 de mayo por el grave deterioro de su salud tras estar detenida por razones políticas entre agosto y diciembre. “El encierro y la ansiedad provocada por su situación agudizaron su diabetes tipo I”, aseveró Clippve.  

Pinto padecía diabetes mellitus tipo I y tras ser liberada, enfrentó un cuadro de retención de líquidos y dificultades respiratorias. En el Hospital de San Carlos de Cojedes fue sometida a diálisis y en febrero, su cuadro de insuficiencia renal adquirido en prisión se volvió crónico.  En abril tuvo una recaída crítica y permaneció hospitalizada hasta su fallecimiento por un paro respiratorio. 

“Ariadna no murió solo por una complicación médica. Murió por la indiferencia de un sistema que persigue, encarcela y abandona. (…) Es símbolo del sufrimiento que enfrentan los presos políticos enfermos en Venezuela, víctimas del abandono institucional, privados de atención y sometidos al deterioro físico y psicológico” declaró la ONG.

Persecución continua

De 291 arrestos, 253 son de actores políticos, 28 de periodistas y diez de activistas de DD. HH. En gran medida, las detenciones se efectuaron sin órdenes de captura ni causas explícitas. Algunas víctimas fueron abordadas en las calles o sacadas de sus hogares por funcionarios sin orden de allanamiento.

Entre los actores políticos, el miembro del Partido Centro Democrático, Mario Chávez Cohen, fue capturado en su lugar de residencia junto a su madre —posteriormente liberada— el 5 de mayo, en el estado Carabobo, informó el Comité de Vente. Al día siguiente y bajo el mismo modus operandi en Miranda, el secretario de formación del partido Proyecto Venezuela, Rafael Antonio Torres, fue sacado de su residencia por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). 

El mismo 6 de mayo, el Comité denunció que Jesús Ángel y Juan Pablo Manrique, familiares de uno de los choferes de la líder opositora, María Corina Machado, fueron sacados de sus hogares por funcionarios del Estado, “sin orden judicial” .

El paradero de los cuatro es desconocido. 

El partido de Machado, Vente Venezuela, ha sido por lejos el más afectado, con 78 (31,3%) arrestos de sus miembros, seguido de Primero Justicia con 34 (13,6%) arrestos, Voluntad Popular con 25 (10%) y Acción Democrática con 14 (5,6%).

Al menos 26 personas de este grupo se encuentran recluidas en la sede del Sebin en El Helicoide, 41 en Tocorón y 22 en Centro Penal de Tocuyito. Otros estarían repartidos en sedes locales del Sebin y comisarías, mientras que se desconoce el paradero exacto del resto.

Es destacable que de los 15 arrestados no pertenecen a ningún partido, pero son familiares de dirigentes o activistas. ONG defensoras de DDHH indican que a esta práctica se le conoce como Sippenhaft, una táctica del nazismo basada en la detención de familiares presos políticos o de perseguidos como forma de presión. 

Alrededor de 77 (30,9%) presos en este grupo han sido excarcelados hasta la fecha.

Activistas y prensa en la mira

El 9 de mayo, el abogado y miembro del equipo de exigibilidad legal de la organización defensora de DD. HH. Provea, Eduardo Torres, se dirigía a su vivienda en Caracas, pero nunca llegó ese día. 

Tras incontables denuncias a nivel nacional e internacional de su desaparición forzada, la fiscalía venezolana confirmó el día 13 la detención del abogado por su presunta vinculación con una trama para “generar violencia” en las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo. Para el 17, Provea informó que funcionarios del Sebin reconocieron que el abogado se encontraba recluido en los calabozos de El Helicoide. 

Torres es el décimo activista detenido desde las elecciones, grupo del que solo cinco personas han sido liberadas. La Comisión Interamericana de DD. HH. le otorgó medidas cautelares, y Provea exige justicia para su caso, así como el permiso de visitas y comunicación con sus familiares y abogados de confianza. 

Entre el círculo de los trabajadores de prensa, el 8 de abril, la periodista del medio Impacto Venezuela, Nakary Mena Ramos, fue apresada junto a su camarógrafo y esposo, Gianni González, en la capital venezolana Caracas. Dos días más tarde, el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Caracas dictó en horas de la noche medida privativa de libertad contra ambos por presuntos delitos de instigación al odio y publicación de noticia falsa, acciones que para el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) en Venezuela forman parte de una política sistemática para acallar la libertad de expresión y promover el miedo entre los trabajadores de la prensa.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) señaló que Mena, de 28 años de edad y madre de una niña de cinco años, fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y su esposo a la Cárcel de El Rodeo II.

Hasta la fecha, 28 trabajadores de la prensa fueron encarcelados, de los que 18 (64,3%) han sido excarcelados. Asimismo, funcionarios del Estado encarcelaron a siete defensores de DD. HH., de los que solo tres (42,8%) fueron liberados. 

Salud al límite

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó en un estudio que en el país hay tres sistemas penitenciarios: los calabozos policiales (centros de detención preventiva); los establecimientos penitenciarios, y el de los presos políticos. 

‘’El primero, con espacios reducidos, que solo están aptos para albergar a personas hasta por 48 horas y con personal sin capacitación para atenderlos. El segundo, cárceles con infraestructura deteriorada, reclusos hacinados en condiciones deplorables, alimentación pobre, sin atención médica ni servicios básicos. Y el tercero, producto del ensañamiento contra líderes políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, militares y manifestantes, por tener un pensamiento y una opinión diferente a la del actual régimen’’, explicó la ONG. 

Esto puede verse evidenciado con casos como los del dirigente juvenil de Vente Venezuela Yerwin Torrealba, detenido desde diciembre del 2024, que presentaba fuertes dolencias y en su centro de reclusión en San Felipe, estado Yaracuy, solo le suministraron calmantes. La noche del 29 de abril fue operado de emergencia por una apendicitis, informó el Comité de DD. HH. de Vente Venezuela en sus redes sociales, y posteriormente alertó que Torrealba iba a ser trasladado de vuelta al penal sin haber cumplido las 24 horas de observación. 

La docente y secretaria de Educación de Primero Justicia en Apure, María Isabela García, detenida en agosto de 2024, padece epilepsia, y en nueve meses de reclusión, ha sufrido múltiples convulsiones debido a la falta de tratamiento médico oportuno y adecuado, según la ONG. 

Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha documentado una “sistemática omisión” de las autoridades ante las solicitudes legales y médicas de los familiares y abogados de los arrestados. “(…) No se trata de que las autoridades no conozcan la situación, sino de que no le dan curso a estas peticiones”, dijo la abogada y coordinadora de la ONG, Martha Tineo.

La organización ha contabilizado al menos 80 presos políticos con enfermedades o condiciones de salud graves que requieren atención médica inmediata.

Presión internacional

El último informe de Human Rights Watch (HRW) declaró que el Estado venezolano ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido forzadamente a personas que buscaban un cambio democrático, y señala que los esfuerzos locales e internacionales “han fallado en alterar los incentivos internos del régimen de Maduro, que recompensan a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas para garantizar su lealtad, mientras castigan, torturan y obligan a los críticos, opositores e incluso a miembros de las fuerzas de seguridad que apoyan la democracia y los derechos humanos al exilio”.

Por otro lado, Amnistía Internacional exigió la liberación de ‘‘unas 900 personas’’ detenidas arbitrariamente, que son víctimas de tortura, desaparición forzada, incomunicación prolongada y procesos sin garantías judiciales.