En Venezuela ejercer el periodismo se puede pagar con cárcel. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, un total de 13 trabajadores de la prensa permanecen detenidos tras las protestas poselectorales y otros 18 fueron excarcelados.
Por El Tiempo
En los primeros meses de 2025 se han generado nuevas detenciones de algunos periodistas que muestran en redes sociales temas “incómodos” para el chavismo; esto se enmarca también en un discurso de ataque contra la prensa independiente y acusaciones directas a periodistas en el exilio.
La confiscación de la sede de El Nacional por una multa millonaria tras una demanda interpuesta por Diosdado Cabello, la transformación radical de la línea editorial de medios como Globovisión y El Universal tras cambios de propietarios, algunos sancionado por EE. UU., y el cierre o censura de más de 400 medios en los últimos años, desde canales internacional hasta radios comunitarias, son parte del ecosistema de censura, acoso y persecución al periodismo y la libertad de prensa durante los últimos 20 años.
Sin embargo, las recientes detenciones de periodistas como Nakary Mena, Román Camacho y Nelin Escalante evidencian una nueva fase en la censura en Venezuela: el castigo por abordar temas “sensibles” para el chavismo. Informar sobre el aumento de la delincuencia, la crisis económica o el asesinato de una líder comunal ha sido suficiente para llevar a estos comunicadores tras las rejas.
No solo los temas tratados son motivo de persecución; también el uso de redes sociales como canal de difusión ha venido aumentado el marcaje y la persecución oficialista. En todos los casos, los periodistas fueron detenidos tras publicaciones en plataformas digitales que amplificaron su alcance.
La criminalización también ha evolucionado. Al cargo tradicional de “incitación al odio” –empleado masivamente tras las elecciones del 28 de julio– se suma ahora la “distribución de noticias falsas”, una figura no tipificada en el Código Penal venezolano, pero usada para justificar arrestos arbitrarios.
Al igual que en la llamada operación Tuntún, donde se criminalizó a ciudadanos vinculados a movimientos electorales, las detenciones de periodistas son precedidas por campañas de desinformación promovidas desde el aparato oficialista. Así, se consolida en el país un esquema represivo que combina el bloqueo informativo tradicional con una persecución digital diseñada para silenciar cualquier narrativa incómoda.
Otro caso que preocupa a organizaciones de periodistas es el de Rory Branker, de La Patilla, que fue detenido el 20 de febrero por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas y se desconoce su paradero, pese a que Cabello confirmó su arresto y lo acusó de pertenecer a una “red de extorsión mediante noticias falsas y otros delitos”.
Objetos de acoso
Además de encarcelar periodistas bajo cargos ambiguos, el oficialismo impulsa campañas sistemáticas de difamación para desacreditar a quienes reportan verdades incómodas. Esta táctica no es nueva: anteriormente se han documentado casos como el de Roberto Deniz, periodista de Armando.Info, quien fue objeto de ataques coordinados en redes tras publicar investigaciones sobre corrupción vinculada al entorno de Maduro. Solo en ese caso, se identificaron más de 8.000 publicaciones de cuentas asociadas a medios estatales y usuarios anónimos amplificando acusaciones falsas en su contra.
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