Al ser consultada por la situación de los derechos humanos en Venezuela, el panorama que ofrece la cofundadora y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, es desolador.
En entrevista con Efecto Cocuyo, admite una realidad que no se puede esquivar: las violaciones a los derechos fundamentales tiene un nefasto acumulado de años, pero la situación se agravó luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Pero con el mismo énfasis afirma que la obtención de justicia, y con ello el perdón, son posibles en Venezuela si la lucha, que con valentía, recalca, han asumido las propias víctimas con la asistencia de defensores de DDHH no desiste.
La abogada, especialista en DDHH y criminalística también se pasea por la defensa del derecho al voto, tan vapuleado en nuestro país y las inquietudes que le genera la propuesta de reforma constitucional que pudiera materializarse de un momento a otro.
Elecciones y persecución
– ¿Cómo evalúa la situación de los derechos humanos en Venezuela?
-La persecución se ha agravado y me refiero en términos de persecución por razones políticas. No solamente a disidentes reales, sino contra quienes así son percibidos por las autoridades nacionales. Es una persecución muy focalizada, de los últimos meses para acá, no sólo contra activistas políticos, sino activistas de derechos humanos, periodistas, medios de comunicación.
-Antes del 28 de julio de 2024, teníamos un registro de alrededor de 300 personas detenidas en Venezuela por razones políticas y a partir de esa fecha vimos cómo la cifra llegó a más de 2.200 personas, según datos oficiales.
-Desde noviembre, diciembre y enero, ese número ciertamente ha disminuido, a través de excarcelaciones. Pero hemos logrado identificar al menos a más de 1.000 personas detenidas por razones políticas en Venezuela, sabiendo además que no necesariamente es un número exacto. Puede haber muchos más casos de los que no tenemos conocimiento; entre otras razones, porque la familia, por mucho temor, decida no denunciarlo y las organizaciones de la sociedad civil no tenemos las capacidades para poder contrastar todas esas cifras, porque hay total opacidad respecto al tema.
-¿A qué atribuye a que haya un agravamiento de las violaciones de DDHH en el país luego de las elecciones presidenciales?
-Hay toda una documentación y hemos visto cómo ciertamente en todos los periodos electorales se registra un incremento en la persecución por razones políticas, lo cual en sí mismo da cuenta de una violación a los derechos humanos, porque la participación política, el activismo, el derecho a elegir y a ser elegido son derechos humanos igualmente consagrados en nuestra Constitución.
-Ya solamente ver el incremento de persecución en periodos electorales denota una clara política de perseguir, insisto, no solamente a los opositores reales, sino a los que son así percibidos. Los comunicadores sociales no ejercen funciones políticas partidistas, están cumpliendo con su trabajo de informar, además que tiene que ver con la libertad de expresión, pero lamentablemente son en determinados momentos reconocidos como disidentes al gobierno nacional.
-Pasa lo mismo con el caso de nosotros los defensores y activistas de DDHH. Nuestro rol es acompañar a las víctimas, quienes sean, independientemente de su posición político partidista, para que obtengan justicia y para que no haya impunidad respecto a esas violaciones.
– ¿Cuáles fueron las violaciones de DDHH más denunciadas luego del 28 de julio?
-El 28 de julio del año pasado, hubo un anuncio de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la población, la sociedad civil en general, salió a manifestar, en rechazo a los resultados que eran presentados oficialmente o en todo caso a pedir transparencia en ese conteo y vimos un nuevo ciclo de detenciones masivas contra la población civil, detenciones arbitrarias a tenor de lo que establece la Constitución Nacional, porque no cumplen los extremos legales
-Vimos nuevamente el fenómeno de la desaparición forzada de corta duración, cómo muchas de estas personas no tuvieron comunicación con sus familias ni abogados de confianza. Tuvimos información de audiencias masivas, de forma telemática, en las que estas personas no eran acompañadas por abogados de su confianza, sino por defensores públicos impuestos por las propias autoridades.
-Lamentablemente hay testimonios de tratos crueles, inhumanos, degradantes de las personas que estaban detenidas, casos de torturas, violencias sexuales. Situaciones como estas no son nuevas, al menos desde la última década, pero vimos un incremento exacerbado. Antes las autoridades negaban estas detenciones, pero, a partir del 28 de julio, las propias autoridades destacan la detención de un número importante de personas.
Detenciones de adolescentes sin precedentes
-Conmocionó la detención de adolescentes…
-Vimos fenómenos como la detención de adolescentes, de lo cual no había un registro al menos no tan escandaloso en el pasado. Nunca habíamos visto a más de 200 personas menores de edad detenidas por razones políticas. Eso fue algo que evidentemente generó alarmas, no solamente dentro de la sociedad civil venezolana, sino también de las organizaciones internacionales de derechos humanos, de los mecanismos internacionales.
-De esto no hemos tenido precedentes, tampoco de la detención de tantas personas extranjeras o con doble nacionalidad en nuestro país, según anuncios oficiales, 150 personas que también se han encontrado en situación de incomunicación, sin la posibilidad de abogados de confianza hasta hace poco.
-Nuestros exhortos siguen siendo los mismos, libertad plena e inmediata para todas las personas detenidas por razones políticas y en todo caso, y siempre, la garantía al debido proceso, al derecho a la defensa, que cesen los tratos crueles, inhumanos, degradantes, la tortura y no solo la física sino la psicológica. Y esto pasa incluso por esos aislamientos prolongados, de los cuales también hemos tenido denuncias.
– ¿Cómo ve la detención del abogado de presos políticos, Eduardo Torres? Es un mensaje que se quiere enviar a los abogados defensores?
-Lamentablemente, el caso de Eduardo Torres no es el primero que afecta a un defensor de derechos humanos, no es el primer detenido en nuestro país. Tenemos a Javier Tarazona, que está a casi nada de cumplir cuatro años ya en prisión, el de la doctora Rocio San Miguel y otros.
-Pero el caso Eduardo es el más reciente y nos conmociona a todos porque Eduardo no solamente ha sido un defensor de DDHH de dilatada trayectoria, sino que justamente, ante el agravamiento de la crisis, ha subido la defensa, el acompañamiento de muchos casos de detenciones por razones políticas, de denuncia permanente, para que las garantías y el debido proceso sean salvaguardados.
-Fue de los defensores que empezó a introducir las acciones de habeas corpus ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, porque los tribunales competentes no estaban dando curso a estas acciones. La detención de Eduardo no solamente nos duele, nos golpea terriblemente y supone un hecho revictimizante, porque son muchas las personas que estaban siendo acompañadas y asistidas legalmente por él.
-No puedo anticiparme y decir que la detención de Eduardo Torres es como consecuencia de su labor como defensor de DDHH o como activista sindical, pero por lo que nos informan las propias autoridades pareciera que es así y, si es así, vemos un nuevo registro en el que el activismo de DDHH, el activismo sindical, la formación ciudadana, siguen siendo criminalizados, estigmatizados y perseguidos por vías judiciales en Venezuela, lo cual representa, de nuevo, una gravísima violación a los DDHH, porque hay que insistir en que la defensa de derechos humanos es un derecho humano en sí mismo.
El calvario sigue más allá de las rejas
-¿Cuál es la situación de las personas que han sido excarceladas?
-Después de ese anuncio de más de 2.200 personas privadas de libertad por razones políticas, se llevaron a cabo procesos de excarcelaciones y hay que ser enfáticos en ese término. Se trata de excarcelaciones que se producen a través de medidas sustitutivas a la privativa libertad.
-No estamos hablando de libertad plena. Al contrario, estas personas se mantienen judicializadas, sometidas a procesos penales en los que, insisto, no se les ha permitido la designación de abogados de confianza. Hemos tenido reportes, incluso, de estos a quienes se les ha impuesto un defensor público y que nunca se han podido comunicar con esos defensores públicos.
-El propio defensor público no informa del proceso, no da acceso a las actas, por lo que está muy comprometida la robustez de esa defensa pública. Pero en todo caso, estas personas se mantienen judicializadas con medidas que van desde prohibición de salir del país, se les ordena no dar declaraciones públicas sobre sus casos, regímenes de presentación ante los tribunales en los que cursan sus casos.
-Muchas de estas personas reportan daños emocionales postraumáticos, no solamente por esas detenciones arbitrarias, el aislamiento, los tratos crueles, las condiciones de reclusión tan dantescas en las que se encontraron. Salen terriblemente afectadas en lo emocional, incluso las familias en lo económico porque tienen que estar cumpliendo regímenes de presentación y asistencia y algunas de estas personas son del interior del país, eso representa un costo que a veces no pueden sufragar para trasladarse mensualmente a Caracas. A veces es escoger entre comer o pagar los costos de un traslado.
-¿Cuánto tiempo pueden durar las personas excarceladas con esas medidas cautelares?
-No puedo dejar de mencionar a personas que estuvieron detenidas en el contexto post electoral, que padecían enfermedades crónicas que requerían una atención médica permanente y especializada y que durante el tiempo de detención no la recibieron, lo que ocasionó que sus patologías se agravaran y salieron con terribles complicaciones. Dos de ellas fallecieron (Ariadna Pinto y Wilmer Garcia).
-Tenemos en la organización un registro de más de 60 personas que se encuentran detenidas por razones políticas y que sufren enfermedades crónicas, patologías muy graves. El propio Código Orgánico Procesal Penal establece la figura de las medidas cautelares por razones humanitarias, estas personas deberían ser al menos excarceladas y poder recibir la atención médica que requieren.
-No pudiéramos decir cuanto dura la situación de los excarcelados porque sabemos que los procesos judiciales pueden demorar mucho tiempo y cuando hablo de mucho tiempo me refiero a años. Hasta que esos procesos judiciales no concluyan, estas personas se van a encontrar en esa situación judicializada y con esas obligaciones de permanente presentación a los tribunales y a audiencias de juicio.
-¿Las muertes de presos políticos bajo custodia del Estado, e incluso de los que ya estaban excarcelados, tienen alguna consecuencia a futuro para quienes pudieron tener responsabilidad?
-Son derechos de las víctimas, la verdad, la justicia y reparación integral. Creo que es importante separar los grupos. Ciertamente la vida y la integridad física de todas las personas privadas de libertad son responsabilidad del Estado, por lo que sí hay una responsabilidad del respecto a las muertes que han ocurrido bajo su custodia. Las víctimas tienen derecho a que se avance en procesos de verdad, de justicia, de condena a quienes por acción u omisión tuvieron algún tipo de responsabilidad en esas muertes y recibir una reparación integral.
-En cuanto a los casos de quienes estaban muy enfermos, estuvieron privados de libertad, no recibieron la atención médica debida y fueron excarcelados y meses después fallecieron, aquí pues debemos ser responsables en no anticiparnos y decir directamente: mira esa muerte es consecuencia de la detención y de las condiciones en las que estuvo, porque para eso tendrían que haber pronunciamientos, evaluaciones, informes médicos, clínicos.
-Pero sí correspondería abrir una investigación y establecer si efectivamente son consecuencia de esa desatención y de esas condiciones en las que se encontraron, si fueron las que determinaron el agravamiento de sus enfermedades y luego la muerte.
Consecuencias de la ley anti ONG
– ¿Qué balance puede hacer de la aplicación de la ley contra las ONG desde su entrada en vigencia?
-Según información que manejamos desde el Movimiento de Derechos Humanos en Venezuela, ninguna organización cuyo mandato es exclusivo en la defensa de DDHH, a esta fecha, ha logrado concluir el registro que exige la ley, que tenía como fecha de cierre, 14 de febrero y luego se estableció una prórroga hasta el 14 de mayo. No ha sido posible que ninguna organización de la que nosotros tengamos conocimiento se haya podido registrar.
-Algunas organizaciones con mandato ya en asistencia humanitaria sí lo han logrado, pero organizaciones con mandato exclusivo en defensa de DDHH no; entre otras cosas, porque ha habido una implementación arbitraria de la ley, porque se han ido estableciendo nuevos requisitos o una interpretación distinta al texto de la ley que ya de por sí era muy duro. Y hay otras que decidieron no avanzar en ese proceso porque no tenían las condiciones para hacerlo, esto pasa incluso por un tema de costos.
-¿En qué se traduce todo esto? No solamente en el cierre del espacio cívico, en la muerte súbita y por desgracia de organizaciones de la sociedad civil que han hecho un trabajo extraordinario, sino en impunidad porque mientras seamos menos los que podemos acompañar a víctimas de violaciones de DDHH, esas víctimas tienen menos posibilidades de avanzar en procesos de justicia, que no es otra cosa que revictimización.
– Sobre el proceso en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad durante 2017 ¿Hay alguna posibilidad de justicia?
-Estamos en fase de investigación en la denominada situación Venezuela uno, que entiendo que las víctimas ven allí una vía, una posibilidad real de obtener justicia y reparación en algún momento. Son procesos con muchas complejidades, que toman tiempo, que eventualmente no son los tiempos de las víctimas, de la emergencia, de la necesidad de respuesta, pero como quiera que sea, el proceso se mantiene, sigue activo.
-La semana pasada vimos que en medio de una investigación, el fiscal titular, Karim Khan, ha decidido apartarse del cargo, hasta tanto esa investigación tenga una resolución definitiva. Pero, sin embargo, también anunciaron a través de los canales oficiales de la CPI, que dos vice fiscales asumen todas las funciones en términos no solamente administrativos, sino investigativos.
-La investigación se mantiene activa, es impredecible cuándo puede concluir. Hay víctimas que creen que allí hay una ruta hacia la justicia, hay otras que insisten en que la justicia local debe atender sus denuncias, pero lo importante es destacar que las víctimas ven diferentes vías y alternativas en su legítima pretensión de obtener justicia y han demostrado una valentía admirable en resistirse a desistir de esa posibilidad.
El voto es un derecho humano
– El voto también es un derecho ¿Cómo ves en estos momentos la defensa de este derecho en Venezuela?
-Hay que insistir que el derecho al voto es un derecho humano consagrado en nuestra legislación nacional y en todos los tratados internacionales que en ese sentido ha suscrito Venezuela. La participación ciudadana, el activismo político, la defensa de los derechos humanos, no pueden seguir siendo criminalizados en nuestro país.
-El derecho al voto y la participación política son un derecho humano y quienes deciden ejercer activismo político, participar en procesos electorales deben tener la plena garantía de ese derecho. Todos los derechos humanos son indivisibles, universales, no podemos priorizar un derecho por encima del otro; todos son transversales, se vinculan, del ejercicio y goce de uno, depende el del otro.
-Todas las autoridades venezolanas están llamadas a respetar, garantizar el goce y el ejercicio pleno de todos los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en pactos internacionales suscritos por la República, son de aplicación directa.
– Como defensora de DDHH, cómo ve la iniciativa de reformar la Constitución? ¿Hay algo que le genere preocupación?
-Reconozco que nuestra Constitución vigente es ampliamente garantista de derechos humanos y mi pretensión es que sea respetada y aplicada en todo momento.
-Más que una reforma constitucional -sobre la que no pudiera anticiparme a decir si está bien o si está mal porque desconocemos el contenido del proyecto – yo siempre insistiré en que los derechos que están tipificados en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento político deben ser garantizados, no se trata de cambiar las leyes, se trata de cumplirlas, que todos tengamos la garantía absoluta del ejercicio pleno de nuestros DDHH.
-También debe haber transparencia, saber de qué estamos hablando, qué es lo que se quiere reformar; que se respete todo el procedimiento que está establecido en la propia Constitución; que haya una real participación, que no sea una reforma a puertas cerradas y con sólo las voces de quienes la están propiciando; que sea un debate abierto, público, donde otra vez no veamos persecución, estigmatización contra las voces críticas que puedan haber, que se traduzca en un pacto social verdadero.
-Como están las cosas en el país, ¿es posible la justicia, el encuentro y el perdón? ¿De qué dependen?
– La justicia es una pretensión que acompañamos junto a las víctimas, porque somos conscientes del terrible daño que ocasiona la impunidad que no es más que la garantía de que nuevos crímenes se cometan, porque los responsables no tienen el castigo debido.
-Insistimos en que la justicia no puede ser simplemente una utopía, sino un hecho real, en el que acompañamos a las víctimas, reconociendo que en conflictos tan complejos como el venezolano, definitivamente, víctimas somos todos, porque ante la violación masiva de DDHH todos nos sentimos golpeados, atacados. Pero al mismo tiempo eso imposibilita poder transitar hacia la reinstitucionalización del país.
-Es posible el encuentro a partir de la reconstrucción del tejido social -por el que hay que trabajar -y de retomar valores como la tolerancia, el reconocimiento a las diferencias, al final somos una sola población que ha sido impactada, no solamente por la emergencia humanitaria compleja, sino por esta violación a los DDHH.
-El perdón como transversal a todo esto y aquí cito palabras de nuestra directora ejecutiva, quien por cierto es una víctima, madre de una joven asesinada en el año 2014, me refiero a la señora Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno.
-Rosa siempre nos ha dicho: perdonar no significa renunciar a la justicia, exculpar de la responsabilidad a quienes han cometido crímenes contra los DDHH, pero sí supone un proceso de sanación personal y colectiva que nos salve de alguna manera de cruzar esa línea terrible de víctimas a victimarios y en tanto repetir interminables ciclos de violencia.
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