CAMBRIDGE – En agosto de 1914, los europeos veían poco valor en el siglo de paz que había seguido a la derrota de Napoleón en Waterloo. Como relata la historiadora Barbara W. Tuchman en su libro de 1962, Los cañones de agosto, la opinión pública en Berlín, París, Londres y Viena se vio invadida por una oleada de euforia colectiva: una excitación febril ante los beneficios esperados de una guerra mundial rápida y decisiva. El resultado fueron cuatro años de miseria y devastación.
Una sensación similar de bravuconería desacertada parece impregnar la administración del presidente estadounidense Donald Trump mientras continúa con su temerario ataque al orden mundial de seguridad y comercio de los últimos 80 años. Convencido de una victoria inevitable y fácil, Trump declaró unilateralmente la guerra al orden de posguerra, ignorando la lección del mariscal de campo Helmuth von Moltke El Viejo, el arquitecto militar de la victoria de Prusia sobre Francia en 1870-71: ningún plan de batalla sobrevive al primer contacto con el enemigo.
A primera vista, Estados Unidos parece estar bien posicionado para ganar la guerra comercial de Trump contra China y socios comerciales clave como Canadá, México y la Unión Europea. En sus declaraciones públicas, Trump suele centrarse en el gran déficit comercial de bienes de Estados Unidos, que alcanzó la cifra récord de 1.2 billones de dólares en 2024. Según él, este déficit comercial es una prueba irrefutable de que Estados Unidos está siendo tratado de forma “muy, muy injusta y muy mala”.
Dado que importa más de lo que exporta, Estados Unidos tiene que gravar más bienes extranjeros que exportaciones vulnerables a represalias. Trump pretende aprovechar esta ventaja estratégica mediante el uso de aranceles —la “palabra más bonita del diccionario”, como él mismo la expresó— para presionar a las empresas que operan en Canadá, México y China a trasladar su producción a territorio estadounidense, eliminando así el déficit comercial. Dado que la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos dependen del acceso al mercado estadounidense, Trump cree que puede ejercer su poder económico y someter a sus rivales.
Pero el comercio no es un campo de batalla, y la influencia económica en un área no se traduce necesariamente en victorias fáciles en otras. La falla fundamental de la estrategia de Trump reside en que se centra en el déficit comercial de bienes, ignorando el papel mucho más importante que desempeñan los servicios, la propiedad intelectual y la inversión en la economía global. Esta perspectiva miope hace a Estados Unidos vulnerable a contramedidas que podrían socavar las mismas ventajas que da por sentadas.
La crítica clásica a la agenda comercial de Trump es que, tarde o temprano, reconocerá que producir bienes en Estados Unidos aumenta los costos, perjudica a los consumidores y erosiona la competitividad de las exportaciones estadounidenses. Pero este argumento pasa por alto un detalle crucial: los vínculos económicos de Estados Unidos con el resto del mundo van mucho más allá de los bienes. Los servicios y las inversiones son igual de importantes, si no más. Y si ahí residen sus ventajas y posibles vulnerabilidades, hay pocas razones para que otros países tomen represalias con aranceles.
Cabe destacar que Estados Unidos mantiene un superávit considerable en servicios, que totalizó 278,000 millones de dólares en 2023, impulsado por sectores como las finanzas, las telecomunicaciones, el comercio digital, los servicios empresariales de alto valor y la concesión de licencias de patentes y derechos de autor estadounidenses. Incluso esa cifra refleja únicamente las ventas directas desde Estados Unidos a consumidores extranjeros. En realidad, la mayoría de las grandes empresas estadounidenses operan en el extranjero a través de filiales extranjeras. En 2024, las ganancias de las operaciones en el extranjero ascendieron a 632,000 millones de dólares. Si se tienen en cuenta estas ganancias, el superávit comercial invisible de Estados Unidos se acerca al billón de dólares.
Además, empresas estadounidenses como Apple, Google, Microsoft, Facebook, Nvidia, Johnson & Johnson y Tesla aprovechan su poder de mercado basado en la innovación para obtener rentas de consumidores y empresas de todo el mundo. Si estas empresas se vieran afectadas por el equivalente a un arancel, no podrían trasladar el coste a sus clientes en el extranjero. Al fin y al cabo, si pudieran subir los precios sin perder beneficios, ya lo habrían hecho. Si multiplicamos las ganancias extranjeras de las empresas estadounidenses por 26 (la relación precio-beneficio promedio de las empresas del S&P 500), el valor de las inversiones estadounidenses en el exterior puede estimarse en 16.4 billones de dólares. En cambio, las empresas extranjeras que operan en EU obtuvieron ingresos de tan solo 347,000 millones de dólares en 2024. De hecho, el superávit estadounidense en servicios e ingresos de capital extranjero casi compensa su déficit comercial en bienes. Esto convierte sus 16.4 billones de dólares en activos extranjeros en un blanco mucho más atractivo para represalias que los aranceles a las exportaciones estadounidenses.
El dominio tecnológico y de propiedad intelectual (PI) de Estados Unidos, que sustenta su enorme superávit en servicios e ingresos de capital, no es casual. Tiene sus raíces en el orden internacional de posguerra, en particular en el gran acuerdo alcanzado por la comunidad internacional en 1994 durante la llamada Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales. En virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), los países en desarrollo se comprometieron a hacer cumplir la protección de la PI de las economías avanzadas a cambio de acceso al mercado. Como muestran investigaciones recientes, el Acuerdo sobre los ADPIC ha impuesto costos significativos a la mayoría de los países en desarrollo. Aun así, lo aceptaron como el precio a pagar para obtener un mayor acceso a los mercados occidentales. Pero si ahora se considera que Estados Unidos incumple su parte del trato, ¿por qué deberían las economías emergentes cumplir con la suya? Muchos países tendrían un incentivo para desafiar el acuerdo sobre los ADPIC, quizás incluso coordinando esfuerzos para debilitarlo o abandonarlo por completo, poniendo en riesgo industrias con uso intensivo de propiedad intelectual, como la tecnología, la farmacéutica y la del entretenimiento.
Mientras que el debate en Estados Unidos y en el extranjero se centra en los aranceles y su impacto en los precios y las exportaciones, otros países pronto comenzarán a preguntarse si proteger los activos económicos más valiosos de Estados Unidos -su propiedad intelectual y los mecanismos globales que permiten monetizarla- aún les conviene. Cuando esas protecciones comiencen a erosionarse, tal vez -solo tal vez- Trump y sus acólitos comprenderán que el orden multilateral no era tan injusto después de todo, y que tal vez no valía la pena derribarlo.
El autor
Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela y execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor de la Escuela de Estudios Kennedy de Harvard y director del Laboratorio de Crecimiento de Harvard.
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