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“El Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas a ocho carteles mexicanos y los grupos criminales Tren de Aragua y la MS-13, en respuesta a la amenaza que representan para la seguridad nacional y la estabilidad del hemisferio. Esta medida busca desmantelar sus redes violentas y dotar a las fuerzas del orden estadounidenses de nuevas herramientas para enfrentarlos dentro y fuera de Estados Unidos”
Marco Rubio , secretario de Estado
El reciente anuncio de la administración Trump sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros contra el Tren de Aragua y su conexión con el régimen de Nicolás Maduro no es solo una declaración política. Es la confirmación de un cambio profundo en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos.
Por primera vez, Washington reconoce oficialmente lo que durante años fue tema de informes de inteligencia y debates en círculos académicos: que el crimen organizado transnacional no es solo un problema policial, sino un actor con intenciones políticas, capaz de infiltrarse en países, manipular economías y desafiar el poder del Estado. Y que, en este caso, forma parte de un entramado que involucra a Venezuela y otras naciones de la región.
Una guerra que no se libra con ejércitos
Las guerras del siglo XXI no se parecen a las del pasado. Ya no se libran exclusivamente en campos de batalla entre ejércitos regulares. Hoy, el conflicto adopta formas más difusas: manipulación de flujos migratorios, desinformación, infiltración criminal, narcotráfico y debilitamiento de instituciones desde adentro. Todo esto es parte de lo que analistas han denominado guerra híbrida o de cuarta generación, un tipo de confrontación que combina métodos convencionales y no convencionales para desestabilizar a un adversario.
Trump entiende que está en medio de esta guerra y que su enemigo no es solo un grupo de delincuentes comunes. La designación del Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera y su conexión con el Cartel de los Soles refleja el reconocimiento de que el crimen organizado no opera de manera aislada, sino que forma parte de un ecosistema más amplio, con respaldo político y con objetivos estratégicos claros.
El caso de Venezuela es emblemático. Durante años, el régimen de Maduro ha utilizado el crimen organizado como una herramienta de poder, permitiendo que grupos armados y fuerzas irregulares actúen con impunidad dentro y fuera de sus fronteras. En este modelo, el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas no son negocios paralelos al poder político, sino una extensión de él. Son varias de las fuentes de financiamiento que sostienen al régimen y, al mismo tiempo, un instrumento de desestabilización en la región.
La migración como arma política
Uno de los aspectos más alarmantes de esta guerra de cuarta generación, no convencional, es el uso de la migración como una herramienta de presión política.
Venezuela ha experimentado en la última década, según Acnur, uno de los éxodos más grandes de la historia moderna: más de 7 millones de personas que huyeron del colapso del país. Este fenómeno, lejos de ser un efecto colateral de la crisis, ha sido instrumentalizado por el régimen. En un contexto de guerra híbrida, la migración masiva no solo drena a la oposición venezolana de su base social y fomenta la expansión del crimen organizado y las actividades económicas ilícitas, sino que también se convierte en una carga para los países receptores al desestabilizar sus economías y sistemas políticos.
La administración Trump ve esto como una amenaza directa. La infiltración de organizaciones criminales dentro de los flujos migratorios permite la creación de redes de operación transnacional difíciles de rastrear y desmantelar. Al etiquetar al Tren de Aragua como un enemigo extranjero, Washington declara que no está enfrentando una crisis humanitaria aislada, sino una estrategia de desestabilización dirigida.
Sin embargo, esta ofensiva también introduce una paradoja difícil de resolver: ¿cómo distinguir entre víctimas y agresores? ¿Cómo evitar que esta guerra de cuarta generación que sostiene a Maduro en Miraflores termine castigando a los mismos migrantes que huyen de estos grupos criminales y paraestatales como las Cuadrillas Defensoras de Paz, conocidas como Cupaz; el ELN, el Sebin, la Dgcim? La respuesta a estas preguntas son clave para definir el éxito o el fracaso de esta nueva doctrina de seguridad nacional.
La nueva doctrina de seguridad nacional
La decisión de Trump tiene implicaciones de gran alcance. En primer lugar, redefine la relación de Estados Unidos con Venezuela, al sostener que su administración no solo es un régimen autoritario, sino un facilitador directo de actividades que amenazan la seguridad estadounidense. Esto no es un cambio menor. La narrativa oficial ha pasado de considerar a Venezuela un Estado fallido a tratarlo como una estructura criminal integrada con redes de narcotráfico y terrorismo.
En segundo lugar, pone a prueba el compromiso de países como México y Colombia, cuyas autoridades han tenido que balancear sus relaciones con Estados Unidos mientras enfrentan la influencia de grupos armados que controlan franjas enteras de sus territorios. La postura de Trump coloca a estos gobiernos en una encrucijada: cooperar activamente con Washington y enfrentar represalias del crimen organizado (Cartel de Jalisco Nueva Generación; Cartel de Sinaloa, Cartel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana; el Cartel del Noroeste (una escisión de los Zetas) y Carteles Unidos en México y ELN, disidencias de la FARC en Colombia o mantener una posición ambigua que podría traducirse en sanciones o presiones políticas.
Pero quizás el cambio más significativo sea interno. En esta nueva política, la migración deja de ser vista solo como un desafío humanitario y se convierte en un problema de seguridad nacional. Washington está enviando un mensaje claro: el control de fronteras ya no es una cuestión de política migratoria, sino una defensa contra lo que considera una amenaza organizada.
México y la encrucijada de la cooperación con EE UU
Pocas naciones sentirán más la presión de esta nueva doctrina que México.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantuvo una relación ambivalente con Washington en materia de seguridad nacional. Por un lado, participó en operativos de cooperación con agencias estadounidenses; pero, por otro, fue renuente a enfrentar a los cárteles, en parte por el costo político y social que esto conlleva. Ahora, con la designación del Tren de Aragua como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, la nueva administración mexicana enfrenta un dilema difícil de evitar.
Si la presidente Claudia Sheinbaum decide alinearse con Washington y tomar medidas más duras contra estos cárteles, corre el riesgo de desatar una violencia aún mayor en su territorio, pues las organizaciones del crimen organizado han demostrado su capacidad para responder agresivamente cuando se ven acorraladas. Un enfrentamiento de este tipo podría ser políticamente costoso para el nuevo gobierno mexicano, especialmente cuando la política anterior de López Obrador fue “abrazos y no balazos”.
Por otro lado, si México opta por mantener una postura ambigua o desafiante, como ha sugerido el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, al advertir que su país no tolerará intervenciones estadounidenses, se arriesga a enfrentar una respuesta económica y diplomática de Washington. La posibilidad de sanciones o restricciones comerciales no es descartable, especialmente en la administración Trump que ha utilizado medidas punitivas como herramienta de presión.
Este dilema no es exclusivo de México. Países como Colombia, Ecuador y Brasil también pudiesen enfrentar decisiones similares. La cooperación con la Casa Blanca podría traer beneficios en términos de asistencia militar y económica, pero también los convertiría en objetivos de organizaciones criminales que, en muchos casos, ya tienen influencia sobre sectores clave de sus economías y sistemas políticos.
El fin de la impunidad
Lo que está claro es que el tiempo de la pasividad estadounidense ha terminado. Trump ha decidido que está bajo ataque en una guerra de cuarta generación y está respondiendo en consecuencia. Los gobiernos de la región deben tomar nota: la era de la tolerancia implícita hacia estas organizaciones criminales/terroristas ha terminado.
El próximo movimiento será determinante. Washington ha establecido su posición. Ahora, los gobiernos y regímenes involucrados deberán decidir hasta dónde están dispuestos a llegar.
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