Tomada de Voz de América
¿Nuevo modelo económico es igual a abolición de la propiedad privada? ¿Lucha contra el fascismo debe interpretarse como proscripción de partidos políticos? ¿Estado comunal es igual a gobierno del PSUV? La propuesta de reforma constitucional deja más preguntas, que respuestas
Vanessa Davies 11.03.25
«Nuestra Constitución, una de las mejores del mundo, está blindada de cualquier capricho personal», expresó el presidente Hugo Chávez en 2008, según la BBC. Lejos estaba el líder bolivariano de la enfermedad, la muerte y la sucesión que han arrastrado a Venezuela a un ciclo de zozobra.
Hoy, esa Carta Magna de la que se enorgullecieron constituyentes y ciudadanos, y que fue defendida hasta por sus adversarios en el referéndum de 2007, se encuentra en una encrucijada. El mandatario Nicolás Maduro no solo anunció que este año se reformaría, sino que nombró a los dirigentes que llevarán a cabo esta tarea y presentó al Poder Legislativo, el pasado 15 de febrero, la propuesta que hace… De la que no se conocen los detalles.
Maduro afirmó que son 80 artículos que abordan cuatro grandes líneas. Según los enunciados oficiales, se trata de:
-Ampliación de la democracia participativa con la incorporación del poder comunal. Ir a la democracia directa y popular.
-Persecución del “fascismo”. El mandatario sostuvo que debe quedar claro que Venezuela “no tolerará ninguna amenaza fascista” y que, de ocurrir, se castigará “de la manera más draconiana”, como lo registró AP.
-Nuevo modelo económico “no dependiente, autosuficiente”, de desarrollo y de incorporación de todos los sectores de la vida nacional.
-Actualización de la Carta Magna en “su estructura, valores, principios, normas”, como lo detalló el diputado Hermann Escarrá en entrevista para Venevisión.
Pero, fuera de estas frases, es poco lo que se sabe a ciencia cierta del planteamiento que hace el chavismo-madurismo para modificar la Constitución. Solo queda claro el nombre del fiscal general, Tarek William Saab, quien preside la comisión; y una fecha en la que debe estar listo el texto: 15 de mayo.
Para Escarrá, en Venezuela hay “un momento constituyente” que “da fundamento y legitimidad al proceso que ya empezó el 15 de febrero” con la presencia de Maduro en la Asamblea Nacional (AN). A su juicio, la que se propone es una reforma amplia, que recogerá las experiencias del país desde 1999 hasta el presente y que será sometida a referéndum.
Sin embargo, luego de lo sucedido con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la reforma constitucional enciende las alarmas. ¿Cuáles son los puntos clave? ¿Con quién se van a consultar? ¿Se votará a favor o en contra de esa reforma en las elecciones convocadas para el 25 de mayo?
¿Se van las alcaldías y gobernaciones?
Ciertamente Hermann Escarrá sostuvo que una cosa son las competencias de las alcaldías y los estados, y otras, “las que vienen desarrollando las comunas”. Incluso, el legislador dijo que ya en la constituyente de 2017 estaba la propuesta de lo comunal, y dio por zanjada la polémica sobre la presunta desaparición de los gobiernos locales y regionales.
Pero el jurista Allan Brewer-Carías, en un análisis difundido por redes sociales, consideró que la reforma no solo apunta “hacia el establecimiento de un sistema de pensamiento único”, sino que avanza hacia “la estructuración de un Estado comunal o del Poder Popular, eliminándose la democracia representativa, sustituyéndola por una supuesta democracia participativa y directa, y desmantelándose el sistema de distribución vertical del poder basado en la descentralización política hacia estados y municipios”.
Comunas y poder comunal son vistos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como sus brazos ejecutores, opinó el dirigente en el exilio José Guerra. Por ello, al dar a las comunas mayor preponderancia, “claramente se está trastocando la institucionalidad” y dejando el poder en manos de una organización partidista pero con la fachada del “pueblo gobernando”.
El politólogo Daniel Santolo estimó que en el país sigue imperando el centralismo. “El gobierno habla de lo que ellos han denominado el Estado comunal” y hace alusión a las comunas que funcionan en otros países, pero nadie sabe de qué se trata en Venezuela. “Si vas a elegir comunas para que tengan relación solo con el presidente, eso es una cosa centralista a más no poder” y se aleja mucho de la democracia. “¿Queremos un Estado sin alcaldías, sin consejos legislativos?”, interrogó.
¿Acabar con la propiedad privada?
“Tengo miedo de que me quiten mi oficina, que es mi único patrimonio”, confiesa una gerente venezolana que piensa que la reforma constitucional eliminará la propiedad privada y la dejará en la calle después de 40 años de trabajo.
Tal como lo señaló Hermann Escarrá, el cambio económico para la Carta Magna “está orientado a la justicia social, está orientado al bien común”, y por eso se buscarán formas para mejorar la vida de los sectores vulnerables.
“¿Vamos a una economía centralizada? ¿Vamos a una economía liberal? Todo eso tiene que discutirse”, subrayó Santolo.
De poder concretar cambios en materia económica, lo que haría José Francisco Contreras, secretario general del partido Derecha Democrática Popular, es fortalecer el capitalismo. En su opinión, la Constitución vigente es “muy de izquierda, muy socialistoide”.
Contreras cambiaría “todos los artículos del régimen económico” venezolano. “La propiedad privada debe ser un derecho cuasi absoluto”, defendió el dirigente en conversación con Polítika UCAB. “El Estado no puede ser propietario de nada”; ni siquiera, del petróleo. Modificar eso “sí sería revolucionario de verdad”.
“¿Caramelos envenenados?”
Al no haber información oficial precisa sobre los artículos a reformar, ni acerca de los plazos para la aprobación, cada dirigente o analista lanza sus advertencias. El punto esencial de la reforma constitucional, manifestó José Guerra, es constitucionalizar la lucha contra el fascismo para proscribir partidos, y destruir “el concepto de gobernaciones y alcaldías, que son los niveles intermedios” de gestión.
Daniel Santolo teme que las consultas que promete el sector oficial no sean tales, y que todo quede en una discusión entre sectores afines que aplaudirán la propuesta gubernamental, o peor aún: que se pase la aplanadora en la AN. Si no se da participación, advirtió, será “una reforma constitucional roja, rojita”.
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