La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó este jueves que algunas de las demandas de un grupo de presos en huelga de hambre en el Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), empezaron a «ser atendidas».
EFE
«Uno de los avances más importantes es que, en respuesta a las exigencias de los detenidos, se ha restablecido el suministro de agua potable, lo que es un logro importante en el contexto de las duras condiciones de reclusión», señaló la organización en una publicación en X.
Asimismo, dijo que la autorización para las visitas de parientes «ha sido renovada en algunos casos, lo que permite que los familiares puedan nuevamente llevar alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales».
«Valoramos positivamente este avance parcial y seguimos exigiendo, como siempre, la liberación inmediata de todos los presos por razones políticas en Venezuela, el respeto a sus derechos fundamentales y la mejora de sus condiciones de reclusión», añadió.
La ONG indicó que seguirá vigilando la situación de este grupo de presos que se mantiene en huelga de hambre.
#ACTUALIZACIÓN En las últimas horas hemos recibido información de los familiares de los detenidos en la cárcel de El Helicoide, en Caracas, sobre la huelga de hambre que varios de los presos políticos habían iniciado el fin de semana pasado en protesta por sus condiciones de… pic.twitter.com/RHrfRYxOGD
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 6, 2025
El lunes, JEP informó del inicio de una huelga de hambre por parte de un grupo de presos en el Helicoide, en protesta contra las «condiciones inhumanas y la grave vulneración de sus derechos» en el centro de reclusión.
La organización alertó que esta protesta -en la que no participan todos los detenidos, según precisó- es un «acto extremo» de quienes -añadió- siguen «siendo víctimas de un patrón sistemático de maltrato y negligencia».
En este sentido, la ONG detalló que, según «testimonios recabados», los internos enfrentan «traslados arbitrarios, requisas abusivas, retrasos procesales injustificados y la suspensión de las visitas familiares».
El lunes, la Fiscalía General informó sobre 110 excarcelaciones de personas detenidas en el contexto de la crisis poselectoral, para un total de 2.006, como parte -según el órgano de investigación- de un proceso en coordinación con el Poder Judicial para la concesión de «beneficios procesales».
Después de las presidenciales, se desató una crisis por la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora al resultado proclamado por el ente electoral, que declaró ganador a Nicolás Maduro, lo que derivó en protestas.
En este contexto, fueron detenidas más de 2.400 personas, según la Fiscalía, a quienes varias ONG y partidos antichavistas defienden como «inocentes».
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