Si bien el presidente de Panamá recientemente insinuó que la crisis en Venezuela «se ha estabilizado», quienes viven en el país pueden confirmar que la crisis en sectores como la salud pública explican que no todo en el país está «normal» o bien.

En Venezuela, el deterioro del sistema de salud ha alcanzado niveles críticos, afectando especialmente a los servicios oncológicos y de diálisis. La escasez de medicamentos, el mal estado de la infraestructura y la falta de mantenimiento de equipos médicos ponen en riesgo la vida de miles de pacientes.

En el caso de los servicios oncológicos, pacientes con cáncer denuncian interrupciones prolongadas en sus tratamientos. Organizaciones como la Sociedad Anticancerosa de Venezuela estiman que el costo de tratamientos, como el del cáncer de mama, puede superar los $10.000 por cada ciclo que tiene una periodicidad mensual, una cifra inalcanzable para la mayoría en un país sumido en la hiperinflación.

Por otro lado, los pacientes renales enfrentan una situación igual de alarmante. Con solo 129 unidades de diálisis para atender a más de 10.000 personas, la falta de agua, electricidad y suministros básicos ha llevado a una reducción drástica en la atención.

Venezuela tiene un déficit de 50 % de camas hospitalarias y más del 60 % de los quirófanos no están operativos, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Hospitales, publicada a principios de enero de este año.

Para muestra un botón

Con varios hospitales públicos colapsados, especialmente en Caracas, muchos pacientes se ven obligados, si es que pueden, a buscar alternativas en el sector privado, a través de créditos o solicitando ayuda; pero hay otros que ven disminuidas sus esperanzas de sobrevivir a enfermedades crónicas.

Carolina Sevilla es claro ejemplo de esto. Ella es una paciente oncológica, que en 2019 pudo operarse de un carcinoma en el seno y, «por la gracia de Dios», se vio beneficiada con atención en el Hospital Padre Machado, dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

Allí se le realizó una mastectomía y cumplió el debido tratamiento postoperatorio y de mantenimiento. No obstante, en septiembre de 2024 sufrió una recaída, que le trajo como consecuencia una nueva tumoración en la parte ya intervenida. Al tratar de acudir nuevamente al Padre Machado, le fue infructuoso, pues ante la gran cantidad de pacientes en espera, le daban quirófano «quizás» para noviembre de 2025. Pero el cáncer en el estadio que tenía, no puede esperar tanto tiempo.

Uno de sus doctores, que atiende en una clínica privada del este de Caracas, le dio la opción inmediata de operarse allí. La única traba: el alto costo de la operación y hospitalización, cuyo presupuesto rondaba los 7.000 dólares; dinero que en varios meses logró reunir, con ayudas, préstamos laborales, venta de objetos de la casa y otros.

«La familia quedó endeudada; pero lo importante es vivir. Ver a mis hijos menores de edad crecer. Ya saldremos de lo material, recuperaremos lo invertido», dijo.

Lo público no se salva

“Ese es el primer torniquete que consigue un paciente cuando va a un hospital. El acceso a una cama hospitalaria”, explicó el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huníades Urbina.

“Cuando el paciente por fin tiene un cupo, tiene que comprar desde la lencería hasta el medicamento”. Urbina detalla que el paciente paga 70 % de los costos para poder ser atendido, a pesar de que en el país la salud pública es «gratuita».

El Estado, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, entrega gratis tratamientos a pacientes que padecen de enfermedades como cáncer, hemofilia, lupus, osteoporosis, hepatitis, artritis; pero con frecuencia, el programa falla.

Reymer Villamizar, paciente trasplantado y director de Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), denunció que desde hace siete meses no recibe el micofenolato, fármaco que -por su elevado costo- no se consigue en farmacias comerciales. “Es crítica la situación (…) tener pérdida de un órgano o fallecer por falta de medicamentos es el colmo, no tiene nombre”, detalló Urbina.

Desde el 22 de diciembre no hay medicamentos para las personas con cáncer en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). De acuerdo con las leyes venezolanas, es responsabilidad del Estado proveer de medicamentos de alto costo

La Organización Mundial de la Salud recomienda que el gasto público en salud de cada país se acerque al 6 % de su PIB, pero Venezuela apenas asigna 1,4 %, tal y como consta en un reciente reporte de la Organización Panamericana de la Salud.

Temible cáncer

Un reciente informe de la ONG Caleidoscopio Humano asevera que en cualquier país del mundo recibir el diagnóstico del cáncer no es nada fácil; sin embargo, los sistemas de salud, en la mayoría de ellos, acompañan todo el proceso del tratamiento y lucha contra la enfermedad.

«En Venezuela, la realidad es muy distinta. Las personas diagnosticadas con cáncer inician una lucha, primero contra la enfermedad y después contra la escasez o el alto costo de medicamentos», decribe la ONG.

El cáncer constituye la segunda causa de muerte según el Anuario de Mortalidad 2016, después de las enfermedades cardiovasculares y, de acuerdo con la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, pasó de 197,37 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en el año 2020 a 245,26/100.000 para el año 2024.

En el caso del cáncer de seno, cada día fallecen 10 pacientes y se diagnostican 25 nuevos casos, asegura también la organización. Esta sigue siendo la principal causa de muerte oncológica en las mujeres, seguida por el cáncer pulmonar y el de cuello uterino.

El cáncer es una enfermedad que se puede superar siempre y cuando se tenga un diagnóstico temprano. Sin embargo, en Venezuela, muchos hospitales públicos no cuentan con equipos para realizar los estudios de imágenes que permitan la detección temprana de tumores cancerígenos.

Tampoco disponen de insumos para realizar biopsias, lo que disminuye las probabilidades de iniciar un tratamiento a tiempo para curar la enfermedad.

Muchos pacientes se ven obligados a acudir a clínicas privadas para recibir tratamiento de quimioterapia, radioterapia o la atención médica que -ante la falta de insumos y desabastecimiento- en los hospitales públicos no encuentran.

El Estado debe garantizar el tratamiento

De acuerdo con las leyes venezolanas, el Estado deberá garantizar los medicamentos de alto costo para enfermedades como el cáncer (tumores sólidos y hematológicos), esclerosis múltiple, hepatitis virales, artritis reumatoidea, enfermedades hematológicas, osteoporosis, esquizofrenia, síndrome bipolar, enfermedades de depósito lisosomal (Gaucher, Fabry, Pompe, Hurler, Hunter), hipertensión pulmonar, déficit de hormona de crecimiento, distonías, blefaroespasmos, trasplante e insuficiencia renal crónica o terminal.

A pesar de estar en la legislación nacional, esto no se cumple.

En los últimos años, la entrega de medicamentos de alto costo a través del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) se hace de manera irregular y las personas pueden pasar meses sin recibir las medicinas que su condición médica requiere. Por el contrario, destaca la falta de humanidad de quienes están al frente de los organismos encargados de garantizar y entregar estos medicamentos.

Reportes recientes indican que desde finales de diciembre de 2024 no hay medicamentos disponibles para pacientes oncológicos en las farmacias de alto costo del IVSS. Esta situación expone la vida de miles de personas que dependen de estos tratamientos, los cuales, según la legislación venezolana, deben ser garantizados por el Estado.

La falta de continuidad en el suministro se debe a múltiples factores: la reducción de importaciones (la mayoría de estos medicamentos no se producen localmente), problemas logísticos y la asignación insuficiente de recursos por parte del gobierno. Aunque ocasionalmente se anuncian la dotación de fármacos (como las 70.583 unidades reportadas en octubre de 2024), estas no cubren la demanda ni resuelven el problema a largo plazo.

Altos costos en el sector privado

En el mercado privado, los medicamentos de alto costo están disponibles en farmacias como Farmatodo, Locatel o Badan, pero a precios inalcanzables para la mayoría de la población. Por ejemplo, tratamientos básicos para enfermedades crónicas como la hipertensión pueden costar alrededor de 30 dólares mensuales, mientras que una pensión promedio es de apenas 3,5 dólares al mes.

Estos precios reflejan la dolarización de facto de la economía venezolana y la dependencia de importaciones, ya que 95% de los fármacos y materias primas son traídos del exterior. La inflación y la devaluación del bolívar agravan aún más el acceso, dejando a los sectores vulnerables sin opciones viables.