Raini Hernández y Gabriela Morillo tienen en común un anhelo de superación, por lo que dejaron atrás un pasado oscuro marcado por la miseria y la inseguridad de Venezuela. Determinados a no revivir nunca más esas adversidades, emprendieron su viaje hacia los Estados Unidos de América. Hernández enfrentó los peligros de la selva del Darién, mientras que Morillo pudo tomar un vuelo gracias al ya extinto programa Parole Humanitario.
Como muchos migrantes, establecerse en Estados Unidos no ha sido una tarea sencilla para estos dos venezolanos. Llegados hace menos de un año, ambos han tenido que redoblar sus esfuerzos para salir de deudas y ahorrar, con el objetivo de apoyar a sus seres queridos en el país que dejaron atrás, sumido en una emergencia humanitaria.
Sin embargo, desde la llegada de la administración de Donald Trump, al igual que muchos otros migrantes de América Latina, viven con el temor constante de ser deportados a la tierra que les vio nacer, pero a la que aún no desean regresar.
Este 29 de enero, el gobierno de Estados Unidos confirmó que revocó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600.000 venezolanos que residían legalmente en el país. Esta medida, que había sido extendida por 18 meses por el anterior presidente Joe Biden, permitía a los venezolanos permanecer y trabajar en Estados Unidos sin temor a la deportación.
La decisión de revocación, confirmada por la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, deja a estos migrantes en una situación de incertidumbre respecto a su estatus migratorio y futuro en el país, y Hernández y Morillo no escapan de ella.
El miedo a las redadas
A pesar de que el 29 de marzo de 2024 las autoridades migratorias de Estados Unidos le dieron a Hernández, un joven de 25 años de edad, el permiso de entrada a ese país, el joven que es oriundo de El Totumo, al sur del estado Aragua, se siente como si lo estuvieran persiguiendo tras las redadas que ha visto por televisión, y por algunos agentes de migración que ha visto en la calles de Seattle, en el estado de Washington.
«Me siento asustado, a todos lados que voy me da miedo. Aunque entré legalmente al país, ahora vivo con el pánico de ser detenido y sin saber qué hacer. Salgo a trabajar con el corazón en la boca, como si hubiera cometido algún delito», señala Hernández, vía telefónica a Efecto Cocuyo.
Desde que comenzaron las redadas y las deportaciones, la incertidumbre es la constante con la que vive Hernández. El joven trabaja como ayudante de cocina en un restaurante y también como delivery. En su segundo empleo como repartidor limita sus salidas, dominado por el temor a ser detenido y a que le pidan documentos que no pueda mostrar.
En la misma situación se encuentra Gabriela Morillo, la joven de 21 años de edad, oriunda de La Trinidad, estado Miranda, quien explica que la situación la ha hecho sentirse mal, vulnerable y envuelta en una inseguridad.
“Siento que es más complicado lograr las metas. No tengo mucho tiempo aquí, pero me siento muy insegura, a pesar de contar con mi permiso de trabajo y haber ingresado al país con la aprobación de las autoridades estadounidenses. Me siento a la deriva”, cuenta la joven, quien labora en un restaurante en la ciudad de Denver, en el estado de Colorado.
Aunque ambos no han tenido, hasta el momento, encuentros con funcionarios migratorios, sí han visto por televisión y en algunas calles las patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El miedo de regresar a Venezuela
Desde su llegada a Estados Unidos, gracias a una cita obtenida a través del ya desaparecido programa CBP One, Raini Hernández comenzó a reunir dinero para contratar a un abogado y solicitar asilo. La emergencia humanitaria en Venezuela, junto con una detención y amenaza, fueron los motivos principales que lo impulsaron a huir.
En 2017, cuando tenía solo 17 años, lo detuvieron agentes de la Guardia Nacional Bolivariana bajo la acusación de robo, un delito que él asegura no cometió. Pasó dos días en un calabozo militar antes de ser liberado al no encontrar pruebas en su contra. Esta experiencia lo llevó a abandonar temporalmente su hogar para proteger su integridad, ya que los agentes continuaban vigilando su casa y preguntando por él a los vecinos.
En 2021, regresó a El Totumo, donde trabajó en el campo. Ganaba apenas 5 dólares a la semana, un salario que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas.
“Decidí salir de Venezuela por la situación. Nada alcanzaba; la pobreza en mi hogar era extrema, el dinero no rendía, y no había empleos bien remunerados. La situación era insostenible. Vivía en un caserío lleno de pobreza”, expresó.
A finales de 2022, tuvo que trasladarse al estado Sucre, debido a que funcionarios de la GNB seguían rondando su casa y le exigían pagar sobornos para ser dejarlo en paz. “No tenía cómo pagar eso, y antes de que me pasara algo malo, decidí irme”, dijo.
Aunque Gabriela Morillo no abandonó Venezuela exclusivamente por razones económicas, la emprendedora, quien dirige un negocio de venta de productos de belleza y ropa en línea, enfrentó desafíos al intentar mantener su empresa en el país.
«Es muy complicado sostener un negocio en Venezuela; quienes trabajamos en esto lo sabemos», relató Morillo frustrada al no alcanzar las metas que se había propuesto. Gracias al programa Parole Humanitario, tuvo la oportunidad de salir del país.
Cuando Morillo recibió la noticia de que se mudaría a Estados Unidos para probar suerte, su emoción era total. Estaba enfocada en hacer más fructífero su negocio desde allí. Además, su motivación para dejar Venezuela se intensificó tras un intento de secuestro a inicios de 2023, al regresar a su hogar después de una fiesta.
«Fue un momento muy duro, pero afortunadamente no pasó a mayores. Es algo que no quisiera volver a repetir en mi vida y al final uno también sale huyendo de esas situaciones tan horrorosas», recordó.
Dejaron de hacer actividades recreativas
De la casa al trabajo. Tras las nuevas políticas antiinmigrantes aprobadas por Trump, Morillo y Hernández han evitado salir a las calles a recrearse, no van al parque ni a divertirse porque les da miedo salir de sus casas.
Morillo cuenta que ha reducido sus actividades públicas no por su estatus legal, sino por el temor a experiencias adversas con migración. Cuando llegó a Estados Unidos, salía con su familia a restaurantes y a realizar compras en tiendas, pero ahora, evita salir a las calles por la amenaza de ser detenida solo por ser migrante.
«Me siento mal porque no puedo vivir con normalidad; prácticamente vivimos en un mundo de terror. En la escuela, los niños están tan asustados que les dicen que podrían ser deportados, no quieren ir al colegio por miedo. Incluso hubo una protesta de maestros cerca de una escuela, en el condado donde vivo. Escuché por televisión que los niños le preguntaban a sus maestras si iban a ser deportados», narró.
En Seattle, Hernández cuenta que muchas cosas han cambiado en las calles desde que hay un nuevo presidente, a pesar de que es una ciudad santuario, que son jurisdicciones que limitan la cooperación de las autoridades locales con las federales para aplicar las leyes de inmigración, desde hace 10 días lucen un poco vacías, reflejando el miedo que se ha apoderado de la comunidad de migrantes. Los trabajadores, como los repartidores, que en su mayoría son latinos, operan bajo un temor, incluso cuando su estatus legal está en orden.
«No he salido a la calle a compartir con mis amigos, salgo del trabajo a la casa, todos tenemos miedo. Las calles están solas, básicamente los deliverys están con miedo a pesar de estar legales. Desde que está ocurriendo esto solo voy a comprar mercado y poco voy a las tiendas o al parque a recrearme», expresó.
Desde que entraron en vigor las políticas migratorias del gobierno de Trump, Morillo y Hernández han modificado drásticamente sus rutinas diarias. Ahora, no salen de sus casas sin llevar consigo el permiso de trabajo, el número de Seguridad Social, la licencia de conducir y copias de sus documentos que prueban que se encuentran en proceso de solicitud de asilo.
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