Este domingo se cumple un año de la detención de la abogada hispano-venezolana Rocío San Miguel, un caso que se constituyó desde el primer instante en un claro ejemplo de la violación de derechos que el régimen de Nicolás Maduro ha convertido en su modus operandi para callar las voces de quienes les resultan incómodos. El ilegal arresto disparó las alarmas de organismos internacionales porque la activista contaba con decisiones a su favor y medidas de protección otorgadas por la CIDH y la Corte-IDH. En 12 meses no le han permitido tener acceso a su defensa ni se ha respetado el debido proceso.
La detención de Rocío San Miguel ocurrió el 9 de febrero de 2024 cuando pretendía viajar a Estados Unidos con Miranda Díaz San Miguel, su hija. El hecho fue llevado a cabo por funcionarios de migración del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con la excusa de que había un problema con su pasaporte.
Pasadas las horas, cerca del mediodía, funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) le manifestaron a la también experta en seguridad que estaba siendo detenida sin mostrarle una orden de detención.
Rocío San Miguel fue detenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía | Foto AFP
Ese mismo día, las autoridades dejaron en libertad a Miranda Díaz San Miguel, quien solo se pudo llevar lo que su mamá le había entregado: su cartera, sus equipos electrónicos, lo que llevaba en las manos.
“Miranda va a su casa, le avisa a su papá, y le informa a la familia. Como es un lugar común el hecho de que la policía suele allanar en estos casos, y además prácticamente tomar el patrimonio de las personas como botín de guerra, ella trató de proteger algunas cosas de su mamá sin el ánimo de ocultar absolutamente nada, sino de cuidarlas: su computadora, sus teléfonos y algunas objetos y documentos que tenía en su casa que se consideraban de importancia. Se los entregó a unos de sus tíos. El tío simplemente trasladó ese material a su casa. Pero resulta que estaban siendo vigilados por la Dgcim”, señaló Juan González Taguaruco, abogado de San Miguel.
Al día siguiente, el 10 de febrero, Miranda recibió una llamada para que se presentara en el aeropuerto, con la excusa de recoger el equipaje; sin embargo, cuando llegó al sitio, la estaban esperando funcionarios de la policía para detenerla.
“Le dicen que llame a su papá, a Victor Díaz Paruta, y a él también se le detiene en el aeropuerto, de ahí son trasladados a la Dgcim. Posteriormente nos enteramos de que habían hecho seguimiento igualmente a Luis Alberto San Miguel, hermano de la abogada, que reside en Higuerote y estaba allí con su hermano Miguel Angel San Miguel, que había llegado dos días antes de España. Los dos son detenidos. Le quitan los equipos de la abogada y son trasladados igualmente a Caracas. En ese contexto, nadie sabía que el otro había sido detenido, salvo Miguel Ángel y Luis Alberto que fueron detenidos juntos”, detalló el abogado.
Ese mismo día, en horas del mediodía, funcionarios de la Dgcim allanaron un inmueble en el estado Anzoátegui, donde residía la expareja de la abogada, el militar retirado Alejandro González de Canales, quien fue detenido y llevado a Caracas, mientras que el inmueble fue precintado, como si hubiera sido objeto de incautación. Taguaruco asegura que González no tenía ningún tipo de comunicación con San Miguel desde que se divorciaron hacía ya más de un año.
Por el riesgo de persecución y detención arbitraria al que se enfrentaba por su activismo en la ONG Control Ciudadano, la cual ha monitoreado la situación de la Fuerza Armada en Venezuela durante casi dos décadas, la experta en seguridad tenía un protocolo que pidió se cumpliera estrictamente en caso de que le pasara algo. Ella había dejado por escrito quiénes quería que se hicieran cargo de su defensa y qué había que hacer en caso de que esto pudiera pasar.
San Miguel, experta en seguridad, tenía un protocolo que pidió se cumpliera estrictamente en caso de que le pasara algo | Foto EFE
“Se esperaron las 48 horas que ella pidió y empezamos a hacer las visitas a distintos centros de detención. Nosotros debemos resaltar que nos trasladamos a la Dgcim, en Boleíta, porque allí era que se encontraba detenida, donde no solamente preguntamos por la doctora Rocío San Miguel, sino por Miranda, Víctor Díaz, Miguel Ángel y Luis Alberto San Miguel. Nos dijeron que no estaban allí, y el patrón que siempre ha ejercido el gobierno en estos casos de detenciones arbitrarias, que es negar a las personas detenidas, se cumplió. Después de haber constatado esta información en el Sebin, la PNB y la Dgcim, que no estaban, denunciamos que estaban siendo víctimas de desaparición forzada”, recordó.
El 11 de febrero, el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó en X la detención de Rocío San Miguel. No dijo ni el lugar ni a la orden de qué autoridad jurisdiccional estaba detenida cuando habían pasado ya 48 horas, que conforme a la Constitución, en el Artículo 44-1, debió haber sido presentada ante un juez para que controlara su detención.
Sus abogados presentaron una acción de amparo constitucional, la cual fue declarada inadmisible por un tribunal de control municipal bajo el argumento de que supuestamente ella había sido puesta a la orden de un órgano jurisdiccional. Según las informaciones que había dado Saab sobre la detención, esa fue la primera acción de amparo que se introdujo.
Cerca de las 5:00 pm, Saab publicó otro tuit diciendo que en ese momento, ya casi 100 horas después de la detención, se estaba realizando la audiencia de presentación de Rocío San Miguel, pero tampoco indicaba allí el tribunal a cuya orden fue puesta ni tampoco la representación del Ministerio Público que estaba a cargo del caso. La información fue siempre incompleta.
Roció San Miguel pide disculpas
“Ya pasadas las 12:00 am, el 12 de febrero, se verifica que están en la sede de la Dgcim, no en ningún órgano jurisdiccional. Se estaba llevando a cabo la audiencia de presentación de la doctora San Miguel, Alejandro González de Canales, Miranda Díaz San Miguel, Víctor Díaz Paruta, Luis Alberto y Miguel Ángel San Miguel, con los representantes del Ministerio Público. Esto no debió ser ahí, porque una persona declara libre de presiones, apremio y coacción, no en las celdas con sus carceleros al lado. Entonces, con defensa pública y en presencia de los fiscales del Ministerio Público y el juez segundo de control de terrorismo, el doctor Carlos Herrique Liendo, quien presidió la audiencia”, comentó el abogado.
“Imagínate el impacto esa madrugada cuando la doctora San Miguel ingresaba a la sala y encuentra que están detenidos allí su hija, sus dos hermanos y los dos exmaridos. Algún día lo hablaremos con ella y nos contará la impresión, lo terrible que debe ser encontrarse en una situación como esa. Miranda me decía que ella le pedía disculpas a su familia porque se sentía responsable de que estuvieran allí. Decía que si a la que estaban persiguiendo era a ella, por qué se habían traído a toda su familia”.
Rocío San Miguel, agregó, reclamó que quería ser asistida por un abogado de su confianza, aportó la información necesaria para que se le contactara; sin embargo, se le conminó a que su actitud era obstruccionista, que estaba complicando la realización de un acto procesal, donde, según lo que el fiscal tenía previsto, se podría acordar la libertad de su hija, de sus dos hermanos y de Víctor Díaz Paruta. En ese contexto, ella aceptó suscribir un acta que habría sido levantada por el tribunal, en virtud de la cual se le designaba un defensor público, el defensor público 49, la abogado Yolimar Flores.
Sede del Ministerio Público en Caracas | Foto EFE
“Ella sabía que su actividad la podía poner en riesgo. Por eso lo que le pidieron lo hizo, dijo ‘dónde tengo que firmar’. Sin embargo, yo, por accidente, porque el tribunal, en un descuido, me entrega todas las piezas del expediente, pude ver que la doctora San Miguel, en un acto de aplomo, el día que fue presentada, en el acta donde supuestamente se le impone de sus derechos, deja constancia en cada uno de ellos que no le han sido garantizados. Es interesante el aplomo de la doctora en momentos de tanto estrés y de presión en que se encontraba; incluso, en esas circunstancias, demandó que se respetaran sus derechos o trató de dejar constancia de alguna forma de que estaba siendo víctima de violación de derechos humanos, su activismo en su propia situación fue muy decidido”, sostiene Taguaruco.
En esa madrugada se le acuerda a la abogada la privación judicial de la libertad por delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de Nicolás Maduro y homicidio intencional en grado de tentativa en perjuicio del gobernador del Táchira, Freddy Bernal, además del delito de asociación para delinquir. A su exesposo, Alejandro González de Canales, se le sindican los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia, asociación para delinquir y terrorismo. Se les estaba vinculado con la llamada Operación Brazalete Blanco.
Por su parte, Miranda Díaz San Miguel, Víctor Díaz Paruta, Luis Alberto y Miguel Ángel San Miguel fueron excarcelados y les entregaron uno de los dos vehículos incautados.
Los abogados se trasladaron al juzgado segundo de control de terrorismo para saber un poco más, y además llevaron las designaciones como defensores de Miranda, Luis Alberto, Miguel Ángel y Víctor Díaz, las cuales fueron tramitadas por el tribunal y ellos fueron juramentados como su defensa técnica.
Ese mismo día, los abogados acompañaron a Miranda a llevar el acta de nacimiento, la copia certificada de Rocío San Miguel y el documento donde solicitaban ser juramentados, como establece la ley, como defensores de Rocío San Miguel, solicitud que les fue recibida, pero que hasta la fecha no ha sido tramitada, por lo que aún no se ha podido constituir la defensa técnica de la activista y su exesposo.
“Ante la conducta omisa del juez, nosotros presentamos unas acciones de amparo, ante la corte de apelaciones, donde señalamos como presunto agraviante al juez Carlos Liendo por violar la ley en este aspecto. Esa conducta lesiva de un acto normativo que no tiene jerarquía constitucional se traducía en una lesión directa inmediata a la propia Constitución. Sin embargo, estas acciones de amparo fueron declaradas inadmisibles bajo argumentos realmente absurdos. Tras esto, ejercimos el recurso de apelación y tiene ya eso casi una año durmiendo el sueño de los justos en la Sala Constitucional del TSJ sin decisión”, denuncia Taguaruco.
La audiencia preliminar de la activista trató de celebrarse en tres ocasiones, las dos primeras no se pudieron realizar porque Rocío San Miguel se negaba a prestarse a la acción de un acto de esta naturaleza sin la presencia de sus abogados de confianza. En la tercerea oportunidad, el 9 de abril, insistió en ser conducida al tribunal, pero no sucedió así y el acto inició vía telemática.
“Simplemente la sentaron frente a una pantalla de una computadora en el Sebin, al otro lado de la pantalla supuestamente estaba el juez, el fiscal y su abogado. No estaba el señor González de Canales. Ella insiste en que tiene derecho a ser asistida por sus abogados y el juez le dice que no hay tiempo para eso, ella se retira del lugar donde estaba la computadora, es conducida a su celda y después le informan los funcionarios del Sebin que el juez había hecho la audiencia sin que ella estuviera presente. El juez dispuso que había mérito para procesarla, que había suficiente prueba de cargo para elevar la causa a juicio, donde le mantenía la privación judicial de la libertad y ordenaba que fuera debatido su caso en una audiencia de juicio oral ante un juez de juicio. Desde esa fecha hasta hoy no se ha iniciado el juicio, ni siquiera se ha dispuesto su conducción para que nombre a sus abogados de confianza”, agregó.
Sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas, más conocido como El Helicoide, donde se encuentra San Miguel | Foto: Efe
Los familiares de Rocío San Miguel están próximos a cumplir un año en presentación periódica, además tienen prohibición de salida del país y de declarar a medios de comunicación, imposición de medidas cautelares sustitutivas a las que sus abogados hicieron un recurso de apelación
Desde entonces, la única persona autorizada para visitar a la abogada una o dos veces por semana, por hasta tres horas, es su hija Miranda.
¿Por qué el gobierno vincula a Rocío San Miguel con la operación brazalete blanco?
En enero de 2024, Tarek William Saab informó sobre una serie de órdenes de aprehensión que solicitó el Ministerio Público en contra de varios venezolanos, entre ellos la abogada defensora de derechos humanos Tamara Suju, el youtuber Wender Villalobos, los periodistas Norbey Marín y Sebastiana Barráez, el vicealmirante retirado Mario Carratú Molina y el militar retirado de la FANB José Antonio Colina. Todos vinculados a la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada brazalete blanco.
Rocío San Miguel no fue mencionada en esas declaraciones.
La operación brazalete blanco es, según el gobierno, una de las cinco conspiraciones mediante la cual se planificaban «acciones criminales y terroristas» con las que se pretendía atentar contra el sistema de gobierno constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo, contemplando incluso el asesinato de Nicolás Maduro y el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal.
En su alocución, el fiscal también dijo que el exoficial Ángelo Heredia había sido detenido y que por su teléfono se descubrió que participaba en un plan para atacar la 21ª Brigada del Ejército en Táchira, robar armas y atentar contra la vida de Bernal.
En otra rueda de prensa, el 19 de febrero, 10 días después de la detención de San Miguel, Saab argumentó que durante la detención de Ángelo Heredia, las pesquisas encontraron entre sus contactos telefónicos a Rocío San Miguel, por lo que fue un indicio que los llevó a encontrar otras razones que incriminaron a la abogada en esos hechos.
Agregó que durante la detención del oficial en situación de actividad Guillermo Enrique César Siero, en diciembre de 2023, en un allanamiento en su residencia en Fuerte Tiuna, se encontró un documento militar conocido como “orden de operación”, en el que supuestamente se especificaban todas las acciones que se desarrollarían en la trama conspirativa y de intento de magnicidio contra Maduro y Bernal. En dicho documento, Siero mencionó qué papel iba a jugar cada persona que él consideraba que pudiera aportar algún apoyo a la trama. Según Saab, allí aparece mencionada Rocío San Miguel.
Asimismo, señaló que, según esa orden de operaciones, Rocío San Miguel se encargaría de facilitar los equipos para que se grabara en tiempo real una operación de asalto al poder y esto, supuestamente, iba a ser reportado por los periodistas antes mencionados en tiempo real para coadyuvar en el éxito de este movimiento.
Explicó, además, que el 7 de febrero de 2024 el Ministerio Público había solicitado una orden de aprehensión contra Rocío San Miguel, la cual fue declarada con lugar el 8 de febrero y el día 9 se ejecutó la detención. “Muy sospechosamente oportuno que todo haya ocurrido en esa cronología”, advierte el abogado.
“Nos preguntamos, entonces, por qué cuando pidió la detención de Barraéz, Marín y Villalobos, no pidió también la de San Miguel, si ella era la que coordinaba el equipo. Nosotros sospechamos que ella fue agregada convenientemente cuando decidieron detenerla, porque no tiene ningún sentido que a los coordinados se les libre la orden de aprehensión, pero a la que coordina el equipo no”. aclara.
Taguaruco aseguró que San Miguel no conoce a estos militares que el fiscal mencionó y ellos tampoco a ella. “Yo hablé con los familiares del comandante César Siero y él no sabe quién es la doctora San Miguel, nunca ha tenido comunicación con ella ni con su organización y él tampoco dice estar participando en ningún movimiento. Él aduce que eso fue sembrado en su residencia, si es que de verdad lo sacaron de ahí, porque es un inmueble que ni siquiera estaba en uso”, argumenta.
Mapas encontrados en la casa de Rocío San Miguel
Ese mismo día, el funcionario informó que, en un allanamiento en casa de la abogada, incautaron teléfonos, agendas y computadoras que «probaban» que entregó información sensible a potencias extranjeras en reuniones secretas sostenidas en Venezuela, en la Unión Europea y en Estados Unidos, con representantes diplomáticos y con militares extranjeros.
Dijo, además, que se encontró un recibo de pago que recibió por parte de una transnacional petrolera por un análisis de entorno sobre el país. Afirmó que San Miguel entregó información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a embajadas de otros tres países, que no especificó.
Se trató, prosiguió, de información que no es de acceso público, y menos de una ONG, lo que, aseguró, prueba la vinculación de San Miguel con la trama conspirativa brazalete blanco.
El fiscal subrayó que San Miguel fungía como espía al tener contactos a través de parejas o relaciones públicas con miembros de la Fuerza Armada, para luego desatar una serie de acciones en contra de la soberanía nacional.
Agregó que entre las pruebas recabadas contra la activista tenían también 18 mapas cartográficos en los cuales se han demarcado numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad en todo el país.
Saab manifestó además que estos documentos dan cuenta de «un trabajo de inteligencia sostenido en el tiempo, sin lugar a dudas, y que para nada tiene que ver con la defensa de los derechos humanos».
“Nosotros nos fuimos al Instituto Geográfico de Venezuela, porque los mapas decían IGV. Fuimos y aportamos toda la información respecto de la publicidad de esos mapas y de la libertad que tiene cualquier venezolano de tenerlos en su poder, de descargarlos en la propia página del Instituto Geográfico de Venezuela, de imprimirlos y de ponerlos para fines de estudio, ornamentales, para el fin que quiera… porque eso está previsto incluso en la Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional. El fiscal general planteó casi como un hecho criminoso tener unos mapas que son de divulgación libre y que cualquier persona puede descargarlos de la página de instituto. Esa información nosotros la aportamos al Ministerio Público, dirigimos un escrito y lo presentamos por la dirección de adscripción del fiscal a cargo de esa investigación para que le llegara la información, le mandamos la tesis de la doctora San Miguel sobre la zona de seguridad para que la revisara y viera que no hubiera nada conspirativo. Se llevó el trabajo académico para que supieran para qué ella se interesó en esos mapas”, indicó Taguaruco.
Defensor público de San Miguel no ha hecho nada
La abogada Yolimar Flores es la defensora público que ha estado a cargo del caso de Rocío San Miguel en el expediente, dice Taguaruco, pero no desde el punto de vista material, porque no la ha defendido.
«Por ejemplo, no solicitó ningún tipo de diligencia de investigación a favor de San Miguel, no ejerció el recurso de apelación contra la decisión que decretó la privación de libertad en su contra. Hasta donde tenemos entendido, ni siquiera ha hecho el esfuerzo de tener una entrevista personal y privada con su defendida. ¿Cómo puedes defender a alguien si ni siquiera has hablado con ella para explicarle cuál es el mérito de las imputaciones que están en su contra y qué información puede aportar para poder desvirtuar eso? Nosotros, por órgano de su hija, quien ha visitado a la defensora público, le hemos instado a que pida cosas. Ella no permite que ningún abogado se entreviste con ella por el caso de San Miguel, solamente habla con el familiar. Eso no es una defensa que materialmente pueda decir que cumple con lo que la Constitución demanda de un abogado en un proceso penal”, agregó el abogado.
España fija posición sobre la detención de Rocío San Miguel
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, habló con su homólogo venezolano, el canciller Yván Gil, sobre la detención de la activista, en el entendido de que también posee nacionalidad española. De igual forma se supo de una reunión de Miranda con el cónsul de España en Venezuela, debido a que ella también posee la nacionalidad española.
“El consulado general del Reino de España ha hecho diligencias para prestarle la debida asistencia consular desde todo punto de vista. Ellos le han manifestado al gobierno nacional que es deseo de la doctora San Miguel y sus familiares que sea asistida por abogados de confianza. Han aportado la información para que se nos comunique que debemos comparecer ante el tribunal para juramentarnos. El gobierno no ha hecho caso a esta petición del reino de España por intermedio de su consulado general. Ella no recibe asistencia consular de ninguna naturaleza, no se le permite al cónsul visitarla como establece el convenio sobre relaciones consulares”, explicó.
La comunidad internacional respalda a Rocío San Miguel
La comunidad internacional ha rechazado en reiteradas ocasiones la detención arbitraria del 9 de febrero en contra de Rocío San Miguel y piden su libertad y la de su expareja.
“Esta situación ha creado muchísima alarma en organismos internacionales. Recordemos que ella tenía una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretada a su favor que el gobierno no ha ejecutado, tenían decretadas medidas de protección ella y su hija por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es impactante que el Estado no haya respetado absolutamente nada. Esto causa mucha preocupación por casos de otros activistas de derechos humanos detenidos y por el riesgo que corren también otros defensores de derechos humanos en el país, porque no hay garantías de que ninguna de las decisiones dictadas por los organismos internacionales del sistema universal de protección de derechos humanos sean respetadas”, explicó.
Foto: AFP
Asimismo, la Misión de Determinación de Hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar las graves violaciones a los DD HH en Venezuela, mediante un comunicado expresó su profunda preocupación por la situación de una defensora de derechos humanos e instó al gobierno a poner fin a la ola de represión contra los opositores.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en su cuenta oficial de X también expresó su preocupación por el caso y dijo que tomaba nota del lugar de detención y del paradero de San Miguel, de las medidas sustitutivas contra sus familiares e hizo un llamado a respetar las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa.
Por su parte, el gobierno de Maduro tomó la decisión de expulsar a los funcionarios de la Acnudh en Venezuela y concedió un plazo de 72 horas para que abandonaran el país. Además se anunció la revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina.
La oficinal de la Acnudh lamentó la decisión mediante un comunicado. Sin embargo, en diciembre, casi 10 meses después de ordenar que los 13 funcionarios de la agencia salieran del país, el gobierno de Maduro anunció que reanudaba la cooperación con este organismo internacional.
De igual forma, la sociedad civil organizada emitió un comunicado respaldado por casi 600 organizaciones y defensores, en el que se rechazó la detención de Rocío San Miguel y se denunció ante el mundo su desaparición forzada.
Organizaciones internacionales como la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, (WOLA, por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Robert F. Kennedy Human Rights, World Organisation Against Torture, International Commission of Jurists y la Due Process of Law Foundation, emitieron un comunicado conjunto titulado “Venezuela: Preocupación por la escalada represiva del gobierno y sus intentos de eludir el escrutinio internacional”, en el que mencionan la detención de Rocío San Miguel.
El Panel de Expertos de la OEA tampoco dudó en calificar de detención arbitraria y desaparición forzada lo ocurrido y tomó la decisión de incluir este caso en el informe que remitirá a la Corte Penal Internacional.
El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó una resolución en la que denunció la detención de San Miguel.
Cuatro meses para diagnosticar una fractura
El pasado mes de diciembre, el régimen filtró unas imágenes de la abogada recibiendo asistencia médica, las primeras imágenes que se conocen desde su detención, ocurrida el 9 de febrero de 2024.
La abogada era atendida por fuertes dolores debido a una caída que había sufrido cuatro meses antes.
En dicha revisión, con fecha de 9 de diciembre, pero publicada el día 11, le detectaron una fractura en el hombro derecho.
Taguaruco explicó que San Miguel sufría de una laberintitis aguda, la cual no fue atendida a tiempo, por lo que esto fue la causa de la caída. Los dolores de la fractura, por su parte, estaban siendo tratados solo con analgésicos.
“Cuando llega esa información le pedimos al defensor público que reclamara al Sebin las evaluaciones médicas que le había hecho y que pidiera en su favor la revisión de la medida o, en su caso, el decreto de una medida por razones humanitarias a los fines de que pudiera recibir atención médica de calidad. Que se constatara con un médico de su confianza y fuera sometida a una intervención quirúrgica y que pudiera hacer un seguimiento adecuado del posoperatorio y hacer la rehabilitación. La defensora le ha dicho a Miranda que ha solicitado al tribunal que pida esos exámenes médicos y la revisión de la medida en beneficio de San Miguel sin que hasta la fecha tengamos respuesta del tribunal sobre los pedimentos”, dijo.
Martes 11 de febrero, apertura de audiencia de juicio
Para el próximo martes 11 de febrero se espera que haya la apertura de audiencia de juicio, con la expectativa de que la abogada sea conducida al tribunal y donde manifestará su deseo de revocar al defensor público y designará a sus abogados de confianza. El tribunal, por su parte, debería juramentar a los abogados Theresly Malavé y Juan González Taguaruco de inmediato.
“Nosotros revisaremos el expediente y valoremos si es menester hacer la apertura ese mismo día, porque la Constitución también dice que la defensa debe contar con el tiempo y los medios para prepararse y ejercer respectivamente. Pero nosotros no hemos tenido acceso alguno al expediente de la doctora ni al de Alejandro González. Valoraremos si es menester solicitar que se difiera para contar con el tiempo para preparar adecuadamente la defensa y él juez resolverá. También solicitaremos que se le revise la medida de coerción personal a los dos, porque es particularmente injusto que se les mantenga detenidos, pero además justificaremos la necesidad de una medida cautelar por razones humanitarias en el caso de ella por su problema de salud y esperamos que alguien sensato entienda el argumento y disponga su excarcelación para que ella pueda atender su problema de salud”, señala.
Además sostiene que este patrón de conducta por parte del Estado, de impeditr que la persona tenga defensa técnica desde el principio, ocurre con la intención de evitar que se pueda controlar lo que hace la Fiscalía durante la fase preparatoria: que los abogados no puedan aportar elementos de convicción que prueben que la persona no está involucrada en los hechos, o que de alguna manera desvirtúen lo que el Ministerio Público ha dicho y ha asentado en las actas de investigación.
Taguaruco explicó que aunque no estarían comenzando el proceso desde cero, sino tardíamente, tienen que defender a Rocío San Miguel con las pruebas que tiene el Ministerio Público para condenarla, lo que es una situación muy grave.
La audiencia está convocada para alrededor de 29 personas detenidas por este caso, incluido el exesposo de la abogada, Alejandro González de Canales.
El ilegal arresto disparó las alarmas de organismos internacionales porque la activista contaba con decisiones a su favor y medidas de protección otorgadas por la CIDH y la Corte-IDH.
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