En un estudio publicado por Acceso a la Justicia, junto a otras 22 organizaciones, denunciaron la falta de tribunales especializados en género, la falta de transparencia y de espacios neutrales, entre otros
El informe “El derecho a la justicia de las mujeres en Venezuela”, elaborado por Acceso a la Justicia con el aporte de otras 22 organizaciones de la sociedad civil, expone las múltiples dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia al buscar protección y respaldo por parte del Estado.
Entre los principales obstáculos identificados se encuentran la falta de personal capacitado para atender estos casos, la insuficiencia e inadecuación de las sedes de los organismos de atención, y la carga adicional que recae sobre las víctimas, quienes deben asumir costos asociados al funcionamiento del sistema de justicia.
A continuación, en claves, los hallazgos de esta investigación.
Sin tribunales especializados en temas de género
De acuerdo al análisis de Acceso a la Justicia, en conjunto con otras 22 organizaciones, Venezuela necesita habilitar más tribunales especializados en violencia basada en género.
En el estudio, recuerdan que hace 17 años entró en vigor de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y tras dos reformas (2014-2015 y 2021), los tribunales de violencia contra la mujer (TVCM) han sido formalmente creados en 22 estados de Venezuela.
“Solo Yaracuy carece teóricamente de estos tribunales, mientras que Miranda se cubre parcialmente con los tribunales del área metropolitana de Caracas. Sin embargo, fuera de las capitales estatales, solo Bolívar, Táchira y Zulia cuentan con tribunales en otras localidades”, dicen en el estudio.
Aunque las resoluciones de creación de estos tribunales existen, su publicación en la página del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido tardía, y en la práctica, en estados como Sucre o Amazonas, los casos de violencia contra la mujer siguen siendo atendidos por tribunales penales municipales, ya que la implementación real de los TVCM no siempre coincide con su creación formal.
Además de esto, rememoran que en un informe presentado ante el Comité de la CEDAW en el 2021, el Gobierno venezolano afirmó que, para diciembre de 2020, la jurisdicción especial en violencia contra la mujer incluía 22 Circuitos Judiciales en 19 estados, con 106 tribunales especializados.
En ese documento, se destacó la competencia excepcional de los Tribunales de Primera Instancia Penal Municipal, establecida por la Sentencia n.º 815 de 2018 del TSJ. No obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de estos mecanismos en todo el país.
Una justicia deficiente
“La justicia de género comprende un subsistema del sistema de administración de justicia que debe brindar protección diferenciada a las mujeres contra las formas de violencia que las afectan”, se dice en el estudio.
Resaltan las notables deficiencias en la justicia de género en Venezuela y denuncian que constituyen una “violencia institucional”, de acuerdo a la definición de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV) acciones u omisiones del Estado aquellas acciones “que retardan, obstaculizan o impiden que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan plenamente todos sus derechos”.
Sin espacios neutrales
La organización destaca que El Derecho y la administración de la justicia no son espacios neutrales. Para esto, “se requiere la sensibilización y capacitación permanentes del personal encargado de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres”.
Falta de transparencia
En informe afirman que no hay transparencia en las instituciones y esto dificulta la labor de la contraloría, sumado a la exigencia de derechos por parte de la sociedad civil. “No existen datos oficiales disponibles y desagregados sobre femicidios, trata de personas y violencia sexual, entre otras formas de violencia establecidas en la ley, como tampoco sobre la gestión de tribunales de violencia contra la mujer y del Ministerio Público (MP)”.
Diversas organizaciones han denunciado esta situación, al igual que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El organismo ha resaltado, de formas reiterada en sus informes, la necesidad de tener datos estadísticos oficiales sobre la violencia de género en el país.
“Organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Utopix handesarrollado un esfuerzo sostenido por contabilizar femicidios y dan cuenta de más de 200 asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres durante 2023”, comunican en el informe.
El abordaje no es interseccional
El Estado está al tanto de estas recomendaciones, las cuales fueron dadas también por la CEDAW en el 2014 y 2023, esto con la finalidad de “eliminar las barreras que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia y a la reparación de los daños sufridos por las violencias en su contra”.
El organismo también manifiesta la importancia de un presupuesto adecuado y un plan de monitoreo y evaluación de las políticas en materia de justicia de género, con énfasis en el fomento de las capacidades de sus operadores y operadoras.
La insistencia en el abordaje interseccional es indispensable para asegurar el acceso a la justicia a las mujeres más vulnerables, como los indígenas, afro, con diversidad, funcional y, en especial, mujeres migrantes y solicitantes de asilo.
No es prioridad para el Estado
A pesar de las recomendaciones formuladas por organizaciones de derechos humanos del país e internacionales, se ha evidenciado que “los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia no constituyen una prioridad para el Estado venezolano”, denuncia el reporte.
Diagnóstico de Acceso a la Justicia
“El diagnóstico realizado por Acceso a la Justicia permite identificar procedimientos críticos que afrontan las mujeres sobrevivientes de violencia de género: recepción de denuncias, calidad de atención a las víctimas, mecanismos de revictimización, opciones de defensa, acceso al expediente; eficiencia y seguridad en las notificaciones”, se lee en el documento.
Sumado a esto, las víctimas también enfrentan problemas al momento de obtener “gestión de medidas de protección, recolección de testimonios mediante pruebas anticipadas, gestión de experticias de medicina forense, mecanismos de retardo procesal, medidas de detención del presunto agresor, evacuación de pruebas, calidad de las sentencias, procesos de apelaciones, costos del proceso y mecanismos de corrupción”.
Espacios inadecuados en las instancias
Acceso a la Justicia comprobó que las instancias que deben atender a las víctimas basadas en géneros no tienen instalaciones adecuadas. Dicha situación debilita que se pueda proveer un trato digno a las mujeres.
La organización documentó “una deficiencia generalizada que incluye fallas en ascensores, climatización y ventilación, sanitarios, servicios básicos como electricidad, agua e internet, dotación de equipos y materiales como computadoras, impresoras, papel y bolígrafos. Tampoco hay espacios adecuados para proveer respeto, protección, seguridad y confidencialidad a las víctimas, al extremo de que algunas de ellas deban afrontar la proximidad física con sus agresores”.
Esto es una clara consecuencia de la falta de mantenimiento e inversión, “lo cual se agrava en las regiones respecto a la capital del país”.
Dentro de las fallas que existen en las instituciones también se recomienda que debe haber atención diferenciada para las mujeres indígenas, aquellas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ y las mujeres trans. En el país, no hay leyes que permita a las personas trans acceder a su identidad y esto dificulta que puedan formular denuncias o se acerquen a organismos debido al miedo que sienten a ser discriminadas.
Y por último, sentencian: “Deben erradicarse las prácticas de corrupción que han sido normalizadas, así como crear y mecanismos eficientes y seguras de denunciar cualquier tipo de irregularidad”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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