El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, declaró a la megabanda criminal venezolana Tren de Aragua (TdA) como una organización terrorista al inscribirla en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Según pudo saber Infobae, la medida se basa en informes reservados que califican a la organización como una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional, vinculándola con delitos como narcotráfico, tráfico de personas, contrabando, trata de personas, secuestro, extorsión y lavado de activos, utilizando el terror para alcanzar sus objetivos.
El Tren de Aragua, designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos, es una megabanda criminal originaria del estado Aragua, en Venezuela, con más de cien miembros activos.
La expansión internacional de TdA se intensificó notablemente desde 2020 y su influencia ha llegado a países como Chile, Perú, Colombia y, más recientemente, Estados Unidos. Por ejemplo, el pasado 18 de febrero, un ciudadano venezolano supuestamente vinculado al Tren de Aragua fue detenido en Austin, Texas, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de EEUU.
El sospechoso, identificado como Carlos Daniel Teran-Aguilar y de 18 años, está acusado de un secuestro en Chile y fue identificado como un miembro de la organización. Su captura dejó en evidencia la creciente preocupación por la expansión de la banda a nivel internacional.
Los orígenes de la megabanda
Según un informe elaborado por la Fundación TAEDA e IBI Consultants que se conoció el sábado pasado, esta estructura delictiva surgió entre 2004 y 2005 en la prisión de Tocorón, en Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez, quien había declarado una emergencia carcelaria debido al aumento de la violencia en el sistema penitenciario.
Sin embargo, los reclusos comenzaron a ganar poder mediante negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, el uso de la violencia y el soborno, lo que dio lugar al establecimiento de los llamados pranatos, estructuras de liderazgo dentro de las cárceles.
El Tren de Aragua se consolidó como una de las 19 megabandas más grandes de Venezuela entre 2015 y 2018, un período en el que la tasa de homicidios en el país alcanzó niveles alarmantes. Según el informe, la estructura de la organización es vertical, con líderes claramente definidos, pero con un modelo operativo flexible. Las órdenes se transmiten de manera general, permitiendo que cada franquicia o división territorial las ejecute según sus propios métodos.
El crecimiento del Tren de Aragua se vio impulsado por la migración masiva de venezolanos hacia otros países de la región y por la debilidad de las fronteras durante la pandemia. Este contexto permitió a la organización expandir sus operaciones hacia América Latina, estableciendo un modelo de franquicias que facilitó su integración con otras redes criminales locales.
En Chile, por ejemplo, el Tren de Aragua encontró un aliado en el grupo conocido como Los Gallegos, asentado en Cerro Chuño, cerca de la ciudad fronteriza de Arica. Este vínculo permitió a la organización venezolana consolidar negocios ilícitos relacionados con el tráfico de drogas y la explotación sexual.
Según el informe, Los Gallegos reclutaron a migrantes de diversas nacionalidades, rompiendo con la tendencia de las bandas criminales de operar bajo una estructura identitaria.
Un operativo de seguridad denominado “Tren del Norte” permitió la detención de 16 sospechoso vinculados al Tren de Aragua y Los Gallegos, así como la incautación de armas automáticas y semiautomáticas, granadas, más de 1.000 cartuchos de munición y decenas de kilos de drogas. Además, las autoridades descubrieron sitios clandestinos utilizados como prostíbulos y lugares de tortura.
Implicancias políticas
La influencia del Tren de Aragua no se limita al ámbito delictivo, sino que también tiene implicaciones políticas. En Chile, el asesinato de Ronald Ojeda, un crítico del régimen de Nicolás Maduro y participante en un levantamiento militar contra el gobierno venezolano en 2017, puso de manifiesto los vínculos entre la organización criminal y el régimen chavista.
En enero de 2025, fiscales chilenos revelaron que Diosdado Cabello, uno de los principales aliados de Maduro, habría ordenado el asesinato de Ojeda a través de Héctor “El Niño” Guerrero, líder del Tren de Aragua. Según las investigaciones, miembros de la facción Los Piratas del TdA fueron responsables del secuestro y asesinato, como lo evidencian los mensajes de WhatsApp encontrados en los teléfonos de los sospechosos.
El informe de la Fundación TAEDA e IBI Consultants señala que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia del régimen de Maduro para desestabilizar la gobernanza democrática en la región. Según los investigadores, el régimen utiliza la migración masiva como un arma asimétrica para sembrar el caos en países como Perú, Colombia y Estados Unidos.
El Tren de Aragua ha sido descrito por los autores del informe como una estructura delictiva innovadora, extremadamente violenta y con un modelo extractivo que le ha permitido posicionarse rápidamente como un actor principal en la cuarta ola del crimen organizado transnacional en América Latina.
Sin embargo, alertaron sobre las medidas adoptadas por Estados Unidos y El Salvador para combatir el crimen organizado: la decisión de agrupar a miembros del Tren de Aragua, MS-13 y otras bandas criminales en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podría facilitar la consolidación de alianzas entre estas redes delictivas, replicando el fenómeno que permitió el surgimiento del TdA en las cárceles venezolanas.
Por lo pronto, en Argentina la inscripción de la organización TdA en el RePET se enmarca en las obligaciones internacionales del país, en virtud de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, además de diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Asimismo, se ha dado intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para continuar con el trámite administrativo.
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