En sus primeras tres semanas de gobierno, Donald Trump ha mantenido en su conversación el tema Venezuela. El presidente de Estados Unidos asumió el poder el lunes 20 de enero y, desde el día antes, ya hablaba de Venezuela. Especialmente sobre migración y sobre su objetivo de deportar a personas vinculadas con el Tren de Aragua.
Sin embargo, la fijación de Trump ahora es mayor. El presidente de Estados Unidos ya no solo quiere deportar a venezolanos vinculados con el Tren de Aragua, ahora busca la salida de los que él y sus funcionarios consideran como “migrantes ilegales”.
Una de las personas que más ha hablado de este tema es la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien incluso se atrevió a meter a todos los migrantes venezolanos en el mismo saco del Tren de Aragua.
«No me disculparé por trabajar duro para expulsar a asesinos, violadores, abusadores de menores y pandilleros de este país. Sí, estos extranjeros criminales son basura», dijo Noem en televisión nacional.
La misma Noem fue quien anunció que el TPS para los migrantes venezolanos de 2023 llegaría a su fin en el mes de abril y no sería renovado. Dentro de las justificaciones para esta medida resalta el hecho de que, para Estados Unidos, Venezuela se está arreglando.
Mientras tanto, Marco Rubio, secretario de Estado, afirma lo contrario. Asegura que el país sigue viviendo una crisis humanitaria, identifica a Nicolás Maduro como dictador y asegura que no espera mayores cambios en el país durante 2025.
«Yo no sé qué otra manera de hablar de un régimen, por ejemplo, que ha forzado a casi 8 millones de sus ciudadanos a abandonar Venezuela en los últimos diez años, que encarcela, tortura, asesina a inocentes», dijo Rubio en República Dominicana.
Todo esto ocurre en un contexto donde hay negociaciones secretas y no tan secretas. El enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, viajó a Caracas el viernes 31 de enero para enviar un mensaje a Nicolás Maduro, concretar la liberación de seis estadounidenses detenidos en Venezuela y que Maduro aceptara deportaciones desde EEUU. Grenell, además, aseguró que volverá al país para lograr la liberación de otros de sus paisanos tras las rejas venezolanas.
Donald Trump carga contra los migrantes venezolanos
Donald Trump ha sido cuidadoso a la hora de hablar de los migrantes venezolanos. Es cierto que no ha dicho algo en específico sobre las personas de este país, pero sí ha hecho innumerables referencias a la migración ilegal, así como al hecho de que busca combatir a miembros del Tren de Aragua que estén Estados Unidos.
Fue tan importante este tema, que Trump lo tuvo como recurrente durante su campaña. Un día antes de asumir la presidencia, en un evento público en Washington, D.C., Trump volvió a hablar de Venezuela y del Tren de Aragua.
«Restableceremos rápidamente el control de nuestro territorio soberano y nuestras fronteras. Expulsaremos a todos los pandilleros extranjeros ilegales y delincuentes migrantes que operan en suelo estadounidense y eliminaremos la salvaje banda Tren de Aragua de Estados Unidos», dijo Trump en esa ocasión.
En su primera semana como presidente aseguró que no compraría más petróleo venezolano. Pues no le hacía falta. Sin embargo, las licencias para que Chevron opere en territorio criollo se mantienen vigentes. Lo que no se mantendrá vigente es el TPS para migrantes venezolanos de 2023. El gobierno de Trump no lo pensó dos veces para eliminar por decreto este estatus temporal para las personas que ingresaron al país entre 2022 y 2023.
También se conoció que entre el miércoles 5 y el viernes 7 de febrero hubo dos vuelos desde Estados Unidos hasta la base de Guantánamo, donde estarán detenidos migrantes venezolanos que, presuntamente, están ligados al Tren de Aragua. Esto generó preocupación entre distintas organizaciones, pues no se conocen datos públicos sobre los detenidos.
Venezuela como prioridad para Donald Trump
Aunque es cierto que Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que su prioridad es Estados Unidos, también es una realidad que, por lo demostrado en estas primeras tres semanas de gobierno, el mandatario norteamericano tiene a Venezuela en su agenda.
La llegada de Richard Grenell a Venezuela tomó por sorpresas a algunas personas, pero a otras no. Ya se conocía que había encuentros y acercamientos secretos entre miembros del equipo de Trump y de Maduro. Sin embargo, tras lograr la liberación de los estadounidenses, Trump aseguró que en Venezuela gobierna un dictador. Esta afirmación fue secundada por Marco Rubio en República Dominicana, donde, además, se procedió a la confiscación de un avión que pertenece al gobierno venezolano.
Además, la intervención a Usaid deja en la cuerda floja a diversas ONG venezolanas que se encargaban de trabajar temáticas sociales y de salud en el país. Todo esto ocurre mientras el gobierno de Estados Unidos pareciera cambiar su narrativa hacia Venezuela, aunque hay voces que se contradicen.
La preocupación de las organizaciones
Varias organizaciones que defienden los derechos humanos y derechos de migrantes han mostrado su preocupación por el accionar del gobierno de Donald Trump hacia los venezolanos en su país. Amnistía Internacional ha dicho que la decisión del gobierno de Trump sobre el TPS de 2023 “huele a racismo hacia los venezolanos”.
La organización internacional también ha dicho que los venezolanos “no pueden regresar” porque han perdido la seguridad en su país. «Se trata de personas que buscan seguridad, huyendo de una crisis humanitaria y de una grave represión política», alertó Amnistía al condenar la decisión del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense que oficializó el fin del TPS para la población venezolana que llegó a EEUU en el año 2023.
Organizaciones agrupadas en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (Aclu, en inglés) emitieron una carta dirigida a Marco Rubio, Kristi Noem y a Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos. En dicha comunicación, las organizaciones le piden al gobierno norteamericano que faciliten el acceso para tener contacto con las personas enviadas a Guantánamo.
“La Constitución y la ley federal prohíbe al gobierno usar Guantánamo como un hoyo negro. Por eso solicitamos al gobierno para que facilite el acceso a nuestras organizaciones y así poder ofrecerle asesoría legal a los detenidos”, dice parte del comunicado emitido por Aclu este viernes 7 de febrero.
Mientras tanto, Marco Rubio, secretario de Estado, afirma lo contrario. Asegura que el país sigue viviendo una crisis humanitaria, identifica a Nicolás Maduro como dictador y asegura que no espera mayores cambios en el país durante 2025.
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