Valerie Laveus llenó formularios, presentó registros financieros y pasó seis meses esperando el permiso para llevar a miembros de su familia desde Haití a Florida, donde ella vive.
“Ellos tuvieron que ser investigados. Yo tuve que ser investigada. Hubo muchos pasos”, recuerda.
Para Janvier Ndagijimana y su familia, el proceso de llegar a Estados Unidos fue aún más largo. Vivieron durante décadas en campos de refugiados, pasando por verificaciones de antecedentes y exámenes médicos antes de que los funcionarios finalmente les dieran luz verde para viajar a EE.UU. este año.
“Pensé que venía a comenzar una nueva vida, a ser feliz”, dijo Ndagijimana a CNN a través de un traductor. El refugiado congoleño de 52 años llegó a Kentucky solo seis días antes de la segunda toma de posesión del presidente Donald Trump.
Pero ahora, aunque tenían permiso del Gobierno para ir a EE.UU., estas familias enfrentan un miedo e incertidumbre que nunca esperaron. Y no son los únicos.
Mientras firmaba una serie de decretos en su primer día de regreso en el cargo, Trump dijo a los periodistas que apoya la inmigración legal a EE.UU.
“Estoy bien con la inmigración legal. Me gusta”, dijo el presidente desde la Oficina Oval. “Necesitamos gente y estoy absolutamente de acuerdo con eso”.
Sin embargo, las nuevas políticas del Gobierno de Trump están creando miedo e incertidumbre entre muchos inmigrantes que han estado viviendo legalmente en EE.UU. Entre ellos, los refugiados que llegaron recientemente, las personas que recibieron permiso del Gobierno para ingresar bajo un programa humanitario y los migrantes a quienes se les otorgó protección temporal contra la deportación.
“Te dicen que sigas las reglas. Te dicen que quieren crear un camino legal para que la gente venga, y te dicen que no quieren inmigrantes indocumentados”, dice Laveus. “Pero luego, a los que vinimos legalmente nos están convirtiendo en inmigrantes indocumentados. Eso simplemente me desconcierta.
Rezo para que haya una razón y un propósito. Y rezo para que se resuelva”.
Algunos venezolanos se sienten “decepcionados” y “utilizados”
Cientos de miles de venezolanos que recibieron permisos de trabajo y protección contra la deportación bajo el Gobierno de Biden también sienten incertidumbre.
A principios de este mes, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) terminará para los venezolanos que se inscribieron en el programa bajo una expansión de protecciones en 2023.
El Congreso creó el TPS en 1990 como una forma de alivio humanitario para las personas que enfrentarían dificultades extremas si fueran obligadas a regresar a sus países de origen. Los críticos del programa han argumentado que las protecciones que se supone que son temporales se extienden con demasiada frecuencia.
Los venezolanos en EE.UU. se volvieron elegibles para el TPS por primera vez en 2021, y en 2023 esas protecciones se extendieron a otros que habían llegado desde entonces. En ese momento, las autoridades citaron una “grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de crimen y violencia que afectan el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Un nuevo aviso en el Registro Federal este mes indica que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “ha determinado que es contrario al interés nacional permitir que los venezolanos cubiertos permanezcan temporalmente en Estados Unidos”. El aviso dice que las protecciones contra la deportación para unos 340.000 venezolanos serán revocadas a partir de las 11:59 p.m. del 7 de abril.
Noem declaró que hubo abusos en el programa y que los participantes están violando las leyes de EE.UU.
Sin embargo, un grupo de defensa que representa a los venezolanos en el sur de Florida dice que los funcionarios están pintando a una población en gran medida respetuosa de la ley con un pincel demasiado amplio.
Las recientes detenciones de presuntos miembros del Tren de Aragua representan una pequeña fracción de la población venezolana en EE.UU., de acuerdo con Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Los venezolanos que solicitaron el TPS estaban siguiendo los pasos legales que el Gobierno proporcionó, dice.
“Una persona que tiene TPS es alguien que quiere vivir legalmente y trabajar”, dijo Ferro a los periodistas en una reciente conferencia de prensa, “porque una persona que tiene TPS tiene que pasar por biometría, tiene que dar sus huellas digitales en una oficina de USCIS. Porque una persona que tiene TPS solicita un permiso de trabajo, y se le hace una verificación de antecedentes y una revisión de su historial criminal. Porque una persona que solicita TPS tiene que probar dónde vive. Porque una persona con TPS quiere ser parte de la economía de este país”.
Muchos venezolanos se sienten “decepcionados”, dice el abogado John De La Vega. El abogado de inmigración con sede en Florida asegura que cada vez más clientes lo llaman, sin saber qué hacer.
“Imagínate: la gente dejó Venezuela, encontraron esta oportunidad de poder solicitar TPS. Están trabajando legalmente en EE.UU. Algunos de ellos tienen una familia aquí, niños nacidos en EE.UU. Tienen lazos con esta comunidad”, dice De La Vega. “Luego les dices: ‘escuchen, en dos meses, vamos a ponerlos en procedimientos de deportación’. Esto crea un gran estrés”.
Ferro dice que muchos en la comunidad se sienten traicionados.
“Fuimos utilizados,” dijo a los periodistas.
Ella dice que “una espada pende sobre la cabeza de su hermano”
Laveus todavía recuerda lo delgado que se veía su hermano cuando llegó a EE.UU. desde Haití, en agosto de 2023, y lo tímido que era su sobrino.
Desde entonces, dice, su vida ha cambiado radicalmente. Su hermano, de 39 años, trabaja como conserje en la escuela donde ella enseña. Su sobrino, de 16 años, es un estudiante de segundo año de secundaria que practica varios deportes y participa en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Juvenil (JROTC, por sus siglas en inglés). Algún día, dice, espera unirse al Ejército de Estados Unidos.
Ella ve cuánto han cambiado de tantas maneras hermosas y pequeñas, así como lo feliz que está su hermano de ir a Walmart y tener el dinero para comprar cosas para su hijo, y lo emocionado que está su sobrino de andar en bicicleta por su vecindario en el sur de Florida, libre del miedo a la violencia que perseguía a su familia en Haití.
Pero últimamente, dice, todos han estado nerviosos, desde que Trump terminó el programa del Gobierno de Biden que había creado un camino para que más de medio millón de personas de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela llegaran a Estados Unidos. Los participantes en el programa, como el hermano y el sobrino de Laveus, recibieron lo que se conoce como libertad condicional humanitaria. Sin la protección del programa, los participantes perderían su autorización de trabajo y podrían encontrarse sujetos a deportación.
Está claro que no se otorgarán nuevas solicitudes bajo el programa, pero cómo manejará el Gobierno los casos de los participantes que ya están en EE.UU. es algo que sigue siendo incierto.
Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional emitido el mes pasado sugiere que las autoridades pueden retirar el estatus de libertad condicional caso por caso.
Laveus, ciudadana estadounidense, dice que su familia no ha recibido ninguna orientación sobre lo que sucederá a continuación.
“Todo lo que tenemos es esta fatalidad inminente”, dice.
Los líderes republicanos han argumentado durante mucho tiempo que el programa en sí era ilegal. El Gobierno de Biden lo acreditó para ayudar a aliviar la presión en la frontera, al proporcionar un camino legal de ingreso a EE.UU.
Para Laveus, la incertidumbre sobre el futuro es aún más frustrante porque su familia siguió las reglas que les dio el Gobierno de EE.UU.
“He hecho todo de la manera correcta. Los patrociné como se suponía que debía hacerlo. Viven bajo mi techo. Los apoyamos. Entonces simplemente me desconcierta que alguien que realmente está trabajando, y está planeando presentar sus impuestos y contribuir a la sociedad, tenga esta espada pendiente sobre su cabeza”.
Laveus dice que trata de mantenerse positiva y que está rezando por una solución. Pero los temores de los peligros que enfrentarían sus familiares y otros si son enviados de regreso a Haití son abrumadores.
“Los aeropuertos están cerrados. Las pandillas se han apoderado de todo el país.
Entonces, ¿exactamente qué vas a hacer con estas personas? ¿Enviarlas de regreso a morir?”, dice. “Eso es simplemente inhumano”.
Su familia llegó a EE.UU. días antes de que Trump asumiera el cargo. Ahora están preocupados de quedarse sin hogar
Janvier Ndagijimana llegó al Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky, hace solo unas semanas, con su esposa y cuatro de sus hijos.
Han pasado décadas desde que la guerra y la violencia lo obligaron a escapar de la República Democrática del Congo. Dice que sus seis hijos nacieron en campos de refugiados.
Se suponía que dos hijos adultos se unirían al resto de la familia en EE.UU. este mes. Pero ahora sus futuros son inciertos después de que un decreto pausara indefinidamente el Programa de Admisiones de Refugiados de EE.UU. y obligara a los funcionarios a cancelar los planes de viaje de la familia. No está claro cuándo se reunirán. Ni siquiera se podrán hacerlo.
Además, otro decreto emitido por el Gobierno en enero podría obligar a la agencia de reasentamiento de refugiados que ayuda a Ndagijimana y su familia a adaptarse a la vida en EE.UU. a reducir los servicios que brindan a los refugiados recién llegados.
Recibir la noticia poco después de llegar a EE.UU. de que el vuelo de sus hijos mayores fue cancelado, y que el programa de reasentamiento de refugiados de EE.UU.
puede ya no poder apoyar a su familia, fue un shock.
“Cortaron todo antes de que pudiera siquiera intentar conseguir un trabajo para mantener a mi familia”, dice. “Es un dolor que no puedo explicar. Es demasiado”.
Y Ndagijimana está lejos de ser el único refugiado que enfrenta semejante incertidumbre.
En Kentucky Refugee Ministries, los funcionarios dicen que el impacto ha sido devastador.
La financiación federal para ayudar a los refugiados que ya están en EE.UU., particularmente los recién llegados, está congelada. Ese dinero normalmente cubre los costos de alimentos, alquiler, clases de inglés y servicios de empleo hasta que los refugiados pueden valerse por sí mismos.
La organización dijo a CNN que ha reducido las horas de los empleados para compensar la brecha de financiación, que ha recurrido a la financiación de subvenciones y utilizado sus reservas para seguir ayudando a los refugiados tanto como sea posible. Pero si la financiación federal no se restaura, es probable que haya despidos de personal y se tendrán que recortar servicios.
El reciente decreto de Trump establece que EE.UU. “carece de la capacidad para absorber grandes cantidades de migrantes, y en particular, refugiados, en sus comunidades de una manera que no comprometa la disponibilidad de recursos para los estadounidenses, que proteja su seguridad y que garantice la asimilación adecuada de los refugiados”.
La suspensión del programa de refugiados de EE.UU. está programada para durar al menos 90 días, y el decreto pide al secretario de Seguridad Nacional y al secretario de Estado que redacten un informe evaluando si reanudar el programa sería “en interés de Estados Unidos”.
Semsudin Haseljic, un exrefugiado que ha estado trabajando como líder de programa para KRM durante 21 años, dice que las afirmaciones de que los refugiados son una carga para las comunidades son “totalmente falsas”.
“Nuestros refugiados se están volviendo autosuficientes, ya sabes, contribuyendo a la sociedad tanto como cualquier otro miembro de la sociedad”, dice.
Haseljic también describe a los refugiados como “la población más investigada que llega a Estados Unidos”, detallando las numerosas verificaciones de antecedentes y exámenes que atraviesan antes de que se apruebe el reasentamiento.
Una coalición de organizaciones de refugiados y refugiados cuyo viaje a EE.UU. fue cancelado bajo el decreto presentó una demanda esta semana, pidiendo a un juez federal que declare ilegal el decreto de Trump, bloquee su implementación y restaure la financiación relacionada con los refugiados.
Mientras tanto, las familias se encuentran en el limbo mientras esperan y rezan para que se revierta la decisión de Trump.
Cuando habló recientemente con CNN sobre las dificultades de su familia, Ndagijimana se sentó junto a uno de sus hijos, Jacques Kagiraneza.
El joven de 20 años afirma que también está preocupado por su familia. ¿Qué pasará, se pregunta, si el dueño de la casa donde viven pide el dinero del alquiler a fin de mes y no lo tienen?
“Podríamos quedarnos sin hogar”, dice Kagiraneza.
Lo único que pueden hacer ahora, dice Ndagijimana, es esperar y “rezar a Dios para que cambie el corazón del presidente, para que pueda hacer lo correcto”.
“La gente que lo apoyó (a Trump), incluidas personas de mi comunidad, pensaron que todo se refería a criminales del Tren de Aragua, a los indocumentados… y que no iba a afectar a personas que tenían documentos, que estaban en el país legalmente,” dice.
“Él solo nos ha mostrado que está persiguiendo a los migrantes, sin importar de qué país venimos, sin importar cuál sea nuestro estatus legal”.
“La gente que lo apoyó (a Trump), incluidas personas de mi comunidad, pensaron que todo se refería a criminales del Tren de Aragua, a los indocumentados… y que no iba a afectar a personas que tenían documentos, que estaban en el país legalmente,”
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