Venezuela vive una nueva intensificación de la represión que administra la coalición dominante, liderada por Nicolás Maduro, a través de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso judicial y ataques a los liderazgos emergentes.

Este escenario recibe una complicación más: la llegada de migrantes deportados que enfrentan desafíos en una nación que no tiene institucionalidad para recibirlos.

Iris de Franca, coordinadora nacional del Movimiento Mujeres en Política; y Óscar Murillo, director general de Provea analizaron el panorama nacional en un contexto con deportaciones y arbitrariedades durante la edición 388 del Con la Luz, espacio conducido por la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, emitido este martes, 11 de febrero. 

Caso Enrique Márquez

Tanto De Franca como Murillo coinciden en que la detención del excandidato presidencial Enrique Márquez es presentada como un caso emblemático que genera preocupación en los liderazgos emergentes.

Su detención, la falta de información sobre su estado y los cargos imputados, y la incomunicación con sus abogados, son vistos como una señal de alerta sobre la arbitrariedad del sistema judicial.

“El caso de Enrique Márquez es emblemático, tuvo características de un dirigente que estaba enrutado en una vía institucional y que ahora esté detenido nos sorprende. Este es un hombre que estaba jugando con las mismas reglas que estaba poniendo el gobierno. Enrique tiene un mes detenido, sin comunicación con sus abogados, hemos tenido algunas informaciones extraoficiales, no tenemos comunicación directa con él, no sabemos exactamente sus condiciones de salud y no ha sido presentado. No estamos al tanto tampoco de los delitos que le podrían estar imputando”, dijo de Franca. 

Para Murillo la detención de Márquez fue una forma de dinamitar puentes que se estaban construyendo.

“Esto ocurre cuando el gobierno siente que se amenaza su propia estabilidad, la represión se da mayormente después de julio. Debemos defender el espacio a disentir, el espacio al pluralismo. Este es un proceso autoritario cada vez más cerrado y no discrimina en la represión”, señala. 

Vulneración de los derechos humanos

Provea denunció una vulneración sistemática y progresiva de los derechos humanos, y el cierre del espacio democrático en el país. 

Ambos activistas consideran que esta represión se manifiesta en detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y ataques a liderazgos emergentes. Se percibe una estrategia para sofocar cualquier intento de unidad opositora o plataforma política que amenace al gobierno.

“Este es un gobierno autoritario o totalitario desde hace algunos años, debemos entender este contexto y saber que no tiene una salida rápida. Debemos entender que el día a día vamos a estar luchando con un sistema de gobierno que está diseñado y controlado para beneficiar a un partido político”, expresa de Franca. 

Por su parte, Murillo advirtió que las detenciones lo que buscan es la represión para que la gente no exprese sus disidencias.

“Esto es un mensaje muy claro y se produce cuando el gobierno se siente amenazado en su cúpula. No podemos normalizar que una persona sea extraída de su entorno familiar y una persona pase 30 o 40 días sin que se conozca su estado psíquico, mental y de salud. Todos los presos políticos están en posición de arrestos arbitrarios y se le violan sus derechos”, subraya. 

El impacto de la represión y las deportaciones sumarias

Murillo menciona las consecuencias socioeconómicas de la represión, como el despido de personas encarceladas o familiares de presos políticos de sus empleos públicos, y las restricciones de libertad impuestas a jóvenes.

De Franca destaca la falta de preparación del país para recibir a los deportados, la falta de transparencia en el proceso de deportación y el impacto de las deportaciones masivas en un mercado laboral ya deprimido.

«El país no está preparado para recibir a estas personas que volvieron en los vuelos de deportación. No hay institucionalidad para recibirlo”, advierte de Franca 

Murillo resalta que los migrantes y los refugiados tienen derecho a un trato digno, es necesario proteger los derechos de las personas que emigraron huyendo de la represión y de la crisis.

«Estas deportaciones masivas coinciden con el hecho de que en el país no hay transparencia, no hay información y no podemos ubicarlos en el sistema”, advierte. 

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