Un informe del Wall Street Journal reveló que la dictadura chavista intensificó el secuestro de ciudadanos extranjeros, con acusaciones de terrorismo y espionaje, para obtener favores de otros gobierno de la región
En una jugada que genera alarma en la comunidad internacional, el régimen de Nicolás Maduro ha incrementado la detención de ciudadanos extranjeros como parte de una estrategia que busca ganar influencia en las relaciones con gobiernos adversarios.
Según analistas y defensores de derechos humanos, estas detenciones tienen un objetivo claro: usarlas como moneda de cambio en negociaciones políticas o económicas, especialmente con países como Estados Unidos, con quienes el régimen venezolano mantiene tensas relaciones.
El caso más reciente de esta controvertida táctica involucra a Nahuel Gallo, un gendarme argentino de 33 años detenido mientras ingresaba a Venezuela para reunirse con su esposa e hijo. Gallo fue arrestado bajo acusaciones de terrorismo, en un caso que despertó la indignación del presidente argentino, Javier Milei, quien lo calificó de “secuestro” y denunció una “flagrante violación de los derechos humanos”.
El dictador venezolano, por su parte, ha negado categóricamente que en el país existan prisioneros políticos, insistiendo en que todas las detenciones se realizan bajo el marco de la ley.
Sin embargo, las cifras y los hechos parecen contradecir sus declaraciones. Esta misma estrategia ya le permitió al dictador de Caracas obtener la liberación de su testaferro, Alex Saab, y de dos familiares de su esposa, Cilia Flores.
Desde finales de julio, más de 50 ciudadanos extranjeros han sido arrestados por las fuerzas de seguridad venezolanas, la mayoría bajo acusaciones de espionaje o terrorismo. Entre los detenidos hay estadounidenses, ecuatorianos, colombianos, españoles, un ucraniano y un uruguayo, además de venezolanos con doble ciudadanía.
“La idea de capturar extranjeros es usarlos luego en un esfuerzo por obligar a sus países de origen a aceptar condiciones en las negociaciones o a comerciar con ellos”, explicó Gonzalo Himiob, abogado de derechos humanos y director de la ONG Foro Penal al medio Wall Street Journal.
Según la organización, estas detenciones reflejan una escalada en las tácticas del régimen de Maduro para mantenerse en el poder en un contexto de creciente aislamiento internacional y tensiones políticas internas.
El caso del argentino Nahuel Gallo expone con crudeza esta política de rehenes. Gallo, un cabo de la Gendarmería Nacional argentina, fue arrestado el 8 de diciembre tras cruzar la frontera desde Colombia hacia Venezuela. Había viajado con la intención de pasar las fiestas con su esposa, María Gómez, y su hijo pequeño en el este del país. Gómez, quien había llegado meses antes para cuidar a su madre enferma, afirmó que habían presentado toda la documentación necesaria para evitar problemas.
“Teníamos fe de que teníamos todo en regla y que algo así no iba a suceder”, declaró desde Venezuela.
Sin embargo, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, lo acusó de ser un agente enviado por el gobierno de Milei para desestabilizar al país. Saab incluso lo describió como un “John Rambo argentino” que ocultaba un supuesto plan criminal bajo el pretexto de una visita familiar. Estas declaraciones, consideradas infundadas por el gobierno argentino, han tensado aún más las relaciones entre ambos países.
El gobierno de Javier Milei, que ha adoptado una postura crítica hacia el régimen venezolano, respondió con contundencia. Además de llevar el caso de Gallo ante la Corte Penal Internacional, denunció un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “Este hecho constituye una grave y flagrante violación de los derechos humanos”, afirmó la Cancillería argentina en un comunicado oficial.
La captura de extranjeros no es un fenómeno aislado en Venezuela. En 2022, el régimen de Maduro ya había negociado la liberación de seis ciudadanos estadounidenses a cambio de dos sobrinos de su esposa que cumplían condenas por narcotráfico en Estados Unidos. Más recientemente, en diciembre de 2023, se intercambiaron 10 ciudadanos estadounidenses por Alex Saab, un alto financista del régimen acusado de lavado de dinero en Miami.
Para muchos observadores, estas transacciones confirman el uso de rehenes como una herramienta política recurrente.
Eric Farnsworth, ex diplomático estadounidense y actual miembro del Consejo de las Américas, afirmó que esta estrategia no es exclusiva de Venezuela. “Es una táctica angustiosamente común, pero la gente la hace porque funciona”, señaló, aludiendo a las prácticas similares de países como Rusia, Cuba e Irán, aliados cercanos de Maduro.
Para María Gómez, la esposa de Nahuel Gallo, la situación es desesperante. Aunque había planeado regresar a Argentina junto a su esposo y su hijo después de las fiestas, ahora ha decidido quedarse en Venezuela para intentar lograr su liberación. “Me siento vulnerable, como si estuviera en el ojo del huracán y que me puedan acusar de cualquier cosa también”, confesó.
Mientras tanto, Gómez envió un mensaje contundente a quienes consideran viajar a Venezuela en el contexto actual: “No es el momento adecuado para ir. No te arriesgues”.
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