En el gobierno de Nicolás Maduro se evalúan los escenarios y las medidas que podría tomar el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su segundo mandato partir de este 20 de enero cuando asume el cargo.
El trabajo implica una revisión exhaustiva de toda la normativa vigente emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) respecto a sanciones y la mira está puesta más que en la Licencia General No 41 a favor de Chevron y en la No 35, que permite a empresas norteamericanas el pago de impuestos, tasas, aranceles, derechos de importación, permisos y servicios públicos.
Esta norma de la OFAC, vigente desde noviembre de 2019, obliga a estas empresas a presentar informes tanto a esta dependencia como a la Oficina de Sanciones del Departamento de Estado, que incluyen soportes de pago, montos desembolsados y organismos beneficiarios.
“Las personas y empresas estadounidenses obligadas a informar a la OFAC y al Departamento de Estado de conformidad con esta licencia general, deberán presentar informes antes del 10 de agosto de cada año, detallando todas las transacciones y actividades realizadas de conformidad con esta licencia general desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del año correspondiente; y antes del 10 de febrero de cada año subsiguiente, detallando todas las transacciones y actividades desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del año correspondiente”, indica esta licencia.
El Departamento del Tesoro tiene la estadística detallada de los pagos impositivos hechos por cada una de las transnacionales, sobre todo aquellos que han realizado desde noviembre de 2022 cuando se adoptó la política de flexibilización de sanciones, la cual permitió a Chevron reactivar sus operaciones en las empresas mixtas donde tiene participación y reactivar los suministros de crudo venezolano hacia el mercado estadounidense.
Uno de los escenarios que se plantean es una revisión de los pagos que recibe el fisco venezolano en materia impositiva y se considera un escenario posible que el equipo de Trump apruebe una modificación en los pagos por concepto de regalías en el caso de hidrocarburos líquidos realizados por la empresa mixta y no directamente por la transnacional.
Con respecto a la licencia de Chevron, si bien se renueva automáticamente el primer día de cada mes, tiene una validez rotatoria de períodos semestrales y el próximo vence a principios de mayo de 2025, lo que implica que la administración Trump cuenta con tres meses, desde que asuma el mando, para decidir qué hacer con esta autorización.
Al respecto, los escenarios parten de que se mantendrá con respecto al permiso para mantener la producción y extracción de petróleo, la venta o exportación de crudo hacia los Estados Unidos e incluso la posibilidad de importar diluyentes para el mejoramiento de crudos pesados y extrapesados.
Todo apunta a que corresponderá al gobierno de Maduro decidir si acepta un esquema de licencia que le permite a Chevron exportar y comercializar el crudo venezolano, pero con una importante reducción en los ingresos por la restricción en el pago impositivo.
Esta norma de la OFAC, vigente desde noviembre de 2019, obliga a estas empresas a presentar informes tanto a esta dependencia como a la Oficina de Sanciones del Departamento de Estado, que incluyen soportes de pago, montos desembolsados y organismos beneficiarios.
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