El viernes, Nicolás Maduro se impuso la banda presidencial en una ceremonia precedida de acusaciones de fraude electoral, detenciones arbitrarias y el despliegue de las fuerzas policiales.
"Haré cumplir todos sus mandatos, haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia", dijo Maduro.
Poco después de iniciado el acto, Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña emitieron una serie de sanciones contra Maduro, funcionarios de su Gobierno, de la petrolera PDVSA y de la justicia.
Estados Unidos aumentó la recompensa por el arresto de Maduro, que comenzó a gobernar en 2013. Entre los funcionarios sancionados por Washington figuran el recientemente nombrado jefe de la petrolera PDVSA, Héctor Obregón, y el ministro de Transporte, Ramón Velásquez.
En tanto, los países de la Unión Europea ampliaron sus sanciones para incluir a otros 15 miembros del Consejo Nacional Electoral, el poder judicial y las fuerzas de seguridad.
"El Gobierno de EU no sabe cómo vengarse de nosotros", sostuvo Maduro en su alocución. "Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieran hacer, pero esta toma de posesión venezolana, no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia", agregó.
Ayer, Maduro amenazó sobre una alianza de armas entre dictaduras. "Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria".
Garrotes, como leyes
Maduro, para perpetuarse, ha convertido las leyes en una especie de garrotes.
Por ejemplo: la Ley Simón Bolívar contempla hasta 30 años de cárcel y confiscación de bienes a quienes promuevan o apoyen las sanciones de otros países. En el caso de los medios de comunicación, se prevé el fin de la concesión y multas severas.
La ley de fiscalización, regularización y financiamiento de las ONG y asociaciones civiles deja un amplio margen de discrecionalidad para su cierre, o el cobro de multas, bajo el señalamiento de recibir aportes para realizar actividades con fines políticos.
En la Nicaragua de Daniel Ortega una ley similar precedió el cierre de 5,000 organizaciones no gubernamentales.
María Isabel Puerta, profesora de ciencia política en la Universidad de Colorado, considera que el fraude electoral es evidente y resalta que en “Venezuela no hay estado de derecho desde hace mucho tiempo”.
“No hay instituciones políticas, la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia son caricaturas. Es un país gobernado por una mafia cívico-militar dispuesta a sacrificar la vida de los venezolanos con el propósito de perpetuarse en el poder. Esto puede ser algo parecido a Nicaragua o mucho peor”.
Ortega hundió a Nicaragua en una deriva autoritaria que aniquiló a la oposición, encarcelando y desterrando a sus líderes.
Nicarazuela, se consolida.
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