A lo largo de las últimas décadas, el gobierno de Estados Unidos ha recurrido al programa “Rewards for Justice” para ofrecer recompensas multimillonarias con el fin de capturar a algunos de los criminales más buscados del mundo. Las retribuciones ofrecidas reflejan la gravedad de los delitos y la amenaza que representan los individuos buscados para la seguridad nacional, la estabilidad internacional y los valores democráticos.
Tras su juramentación inconstitucional la semana pasada, las recompensas ofrecidas por Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, y Diosdado Cabello, su principal aliado y ministro del Interior, fueron elevadas a 25 millones de dólares, el monto máximo del programa, reservado para casos críticos de alta prioridad y con impacto en la seguridad internacional.
En el pasado, esta cifra solo había sido utilizada para capturar a terroristas vinculados a actos de violencia extrema, como los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, con Maduro y Cabello, Washington ha equiparado su impacto al de figuras como Bin Laden, argumentando que sus actividades criminales tienen profundas repercusiones en la región y en Estados Unidos.
Además de los 25 millones ofrecidos por Maduro y Cabello, Estados Unidos ha fijado una recompensa de 15 millones de dólares por Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela. Con esto, los tres principales líderes del chavismo se han convertido en objetivos prioritarios de las agencias estadounidenses, como la DEA y el FBI.
La recompensa por Maduro es cuatro veces superior a la ofrecida en su momento por Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín, cuyo monto ajustado por inflación alcanzaría 6,9 millones de dólares en la actualidad. Este contraste subraya la prioridad que Estados Unidos otorga a desmantelar el régimen chavista, al cual acusa de ser el eje de una red internacional de narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El incremento de las recompensas ocurre en un contexto de renovadas sanciones contra el régimen venezolano, que ha sido señalado como responsable de desestabilizar América Latina mediante actividades ilícitas y represión política. Según el Departamento de Estado, Maduro y Cabello lideran una estructura criminal que trafica grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, mientras utilizan el narcotráfico como herramienta para financiar su dictadura.
Terrorismo y narcotráfico
El programa “Rewards for Justice” ha sido históricamente utilizado para capturar a figuras como Osama bin Laden y Aymán al-Zawahirí, considerados responsables de miles de muertes en ataques terroristas. Aunque el contexto de Maduro y Cabello es diferente, Estados Unidos los califica como líderes de una organización que afecta gravemente la seguridad regional e internacional.
El narcotráfico desempeña un papel clave en esta equiparación. El impacto del Cártel de los Soles, liderado por altos funcionarios del régimen venezolano, incluye el financiamiento de grupos armados como las FARC y el ELN, así como su contribución a la crisis de opioides en Estados Unidos. Este último punto ha llevado a Washington a considerar el régimen de Maduro como una amenaza comparable a las redes terroristas internacionales.
En su lucha para combatir el tráfico de drogas en Estados Unidos, Washington ha ofrecido otras recompensas por narcotraficantes de América Latina como Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, por quien se ofrecen 15 millones de dólares, y Iván Archivaldo Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán, con 10 millones de dólares. Sin embargo, las cifras otorgadas a Maduro y Cabello superan ampliamente estas cantidades, colocándolos en una categoría única dentro de la región.
La decisión de equiparar a Nicolás Maduro con los peores terroristas del mundo tiene un fuerte mensaje simbólico: Estados Unidos está dispuesto a destinar recursos equivalentes a los utilizados contra Al Qaeda para combatir el narcotráfico, la corrupción y la violación de derechos humanos en Venezuela.
Con esta nueva estrategia, Washington envía una clara advertencia: las actividades ilícitas del régimen de Maduro son consideradas una amenaza directa para los intereses de Estados Unidos y sus aliados en la región, mereciendo la misma atención que los casos de terrorismo internacional más graves del último siglo.
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