El viernes, el presidente venezolano Nicolás Maduro planea desafiar a su propio pueblo y al mundo democrático al asumir su tercer mandato consecutivo de seis años, después de haber robado una elección en julio pasado. Un nuevo mandato de Maduro perpetuaría un régimen responsable de un colapso económico prácticamente sin precedentes en tiempos de paz y de una ola de represión que ha encarcelado a unos 1.800 presos políticos y ha provocado un éxodo de casi 8 millones de refugiados al exterior, más que los que llegaron desde Siria o Ucrania.
La oposición democrática, encabezada por María Corina Machado, ha liderado una campaña valiente y pacífica contra el fraude de Maduro, aportando pruebas a través de copias de actas oficiales de los colegios electorales para demostrar que el candidato opositor Edmundo González ganó las elecciones por un margen de más de dos a uno.
Maduro, pese a las reiteradas peticiones de la comunidad internacional, no ha logrado aportar ninguna prueba que respalde su proclamada victoria, avalada por aliados como Rusia, China e Irán. En el poder desde 2013, Maduro se apoyará en el ejército, la policía y los temidos servicios de inteligencia respaldados por Cuba para extender su régimen.
El tercer mandato ilegítimo del líder venezolano plantea a la administración entrante de Trump uno de sus primeros grandes desafíos en materia de política exterior. La administración Biden intentó negociar con Maduro, pero su política fracasó porque se basó en la ingenua presunción de que el líder venezolano entregaría el poder voluntariamente.
En cambio, permitió a Maduro embolsarse concesiones estadounidenses en materia de sanciones petroleras, sin cumplir sus propias promesas de una elección limpia. La represión de Maduro desde el resultado falso y su negativa a aceptar la oferta de negociación de Brasil y Colombia sugieren que tiene la intención de permanecer en el poder tanto tiempo como lo permitan los militares venezolanos.
Trump debería resistirse a las voces de sirena de las comunidades petroleras y de tenedores de bonos que lo instan a llegar a un acuerdo lucrativo con Maduro. En cambio, debería escuchar a figuras como Marco Rubio, el secretario de Estado designado, o Mike Waltz, su elección como asesor de seguridad nacional. Ellos han abogado por reforzar la oposición democrática y reducir el apoyo militar a Maduro endureciendo las sanciones a Venezuela.
Estados Unidos debería empezar por cancelar todas las licencias de sanciones concedidas por la administración Biden a Chevron y otras compañías petroleras que les permitían operar en Venezuela. La UE y el Reino Unido también tienen un papel importante. Deberían ampliar las sanciones a los altos funcionarios venezolanos para reflejar la lista estadounidense, cerrando las lagunas que actualmente permiten a algunas figuras clave del régimen la oportunidad de disfrutar de activos y viajes en Europa.
Los argumentos de que las sanciones no funcionarán son erróneos. Maduro teme a las sanciones más que a cualquier otra medida, tanto que su régimen aprobó el año pasado una ley que ordena penas de 25 años de prisión, la confiscación de todos los bienes y la prohibición política de por vida para cualquier venezolano que las defienda. La mayoría de las medidas duras de la primera administración Trump recién entraron en vigor en 2019 y se vieron socavadas por las lagunas legales europeas y el cálculo (correcto) del régimen de que una administración Biden resultaría más dócil.
El pueblo venezolano ha demostrado en las urnas su firme deseo de un cambio político profundo. Ahora es el momento de que Occidente y la América Latina democrática le presten su pleno apoyo apretando las tuercas al régimen ilegítimo de Caracas.
Este artículo fue publicado originalmente en el Financial Times el 7 de enero de 2025. Traducción libre del inglés por lapatilla.com
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