El Gobierno español y sus socios reprocharon al conservador Partido Popular, principal partido de la oposición, que impulse iniciativas que persigan que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional emita una orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al representar una injerencia contra la independencia de esa corte.
Los socios de coalición gubernamental y otros grupos que les dan apoyo afearon al PP que haya presentado en el Congreso español una proposición no de ley para que el parlamento se pronuncie sobre el respaldo de España a una orden contra Maduro «por crímenes de lesa humanidad», resolución que se prevé que se vote el jueves.
Los socios y aliados del Gobierno recordaron que cualquier indicación en este sentido supondría vulnerar el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo del tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) que garantiza su independencia.
La diputada conservadora Cayetana Álvarez de Toledo, presente habitualmente en las protestas y actos del exilio venezolano en Madrid, acusó al Gobierno español de «indiferencia, equidistancia, cobardía y complicidad» frente al régimen de Maduro y enumeró diversos casos que constatan «delitos de lesa humanidad» en un país que es «un inmenso campo de torturas» y exilio.
«El abandono que sufren los demócratas venezolanos es una vergüenza internacional. Yo acuso al Gobierno de España», dijo, y sostuvo que el Ejecutivo «ha ignorado la decisión de esta Cámara, que el pasado 11 de septiembre le instó a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela».
A ello, la exministra y diputada del PSOE Cristina Narbona negó tajantemente que el Gobierno español sea cómplice de Maduro y recordó que hay más de 150.000 exiliados venezolanos acogidos en España, y que el país ha apadrinado iniciativas internacionales sobre la grave situación en Venezuela.
Afirmó además que hay pruebas «suficientes» sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela citados por Álvarez de Toledo para que la corte internacional actúe «sin que pueda mediar ningún tipo de gestión externa».
Este martes, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España donde ha pedido asilo político, aseguró en un acto en Madrid que se ve «asumiendo el cargo» para el que fue «votado por la mayoría de los venezolanos», a un mes de la fecha prevista para la asunción del presidente electo en Venezuela.
Con la participación telemática de la líder opositora María Corina Machado, ambos denunciaron las violaciones de un «régimen criminal», en palabras de González Urrutia, y reclamaron que no decaiga la presión internacional para lograr la salida de Maduro.
La oposición sostiene que González Urrutia fue el ganador de las presidenciales y ha mostrado actas que confirmarían su triunfo frente a la autoridad electoral venezolana, que proclamó la victoria de Maduro sin publicar documentación que lo acredite suficientemente.
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