La jueza Cecilia M. Altonaga, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, ha ordenado a un grupo de sindicalistas venezolanos reformular su demanda contra José Vicente Carrasquero, Orlando Viera-Blanco y otros, acusados de corrupción en la administración de contratos de PDVSA ad hoc. La jueza observó que la demanda, presentada el 28 de octubre, requiere ajustes para centrarse en las reclamaciones civiles que el tribunal puede procesar.
La demanda, que asciende a más de cinco millones de dólares, alega que los fondos de PDVSA ad hoc fueron desviados mediante contratos fraudulentos otorgados por Horacio Medina hacia empresas de maletín en las que Carrasquero tendría intereses. Según los sindicalistas, estos fondos, asignados oficialmente para labores de «lobby» en Estados Unidos, fueron usados para enriquecer a ciertos individuos y para financiar campañas de hostigamiento contra líderes sindicales que denunciaban irregularidades en la administración de PDVSA.
Este proceso en Florida ocurre en paralelo con otro reclamo de los sindicalistas en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, presentado en abril de 2024 y hasta ahora sin respuesta de parte del magistrado Antonio Marval Jimenez. En ese proceso, los sindicalistas, apoyados por figuras como José Zárraga y Eladio Mata, solicitaron formalmente al TSJ en el exilio que se investiguen graves violaciones de derechos humanos contra trabajadores petroleros y gasíferos en Venezuela. Denuncian despidos injustificados, persecución política y una exclusión laboral sistemática, que afectó a miles de trabajadores.
Durante el foro «El Derecho y la Justicia en la Defensa de la Democracia» en Miami, el magistrado Antonio Marval Jiménez fue llamado a responder por esta falta de acción. Los líderes sindicales, visiblemente frustrados, recordaron que el 30 de abril de 2024 presentaron la demanda ante el TSJ en el exilio, en la que también se responsabiliza a figuras del gobierno interino y directivos de PDVSA, incluyendo a Dinorah Figuera, Gustavo Marcano, Yon Goicoechea, Fernando Blasi, Carlos Millán y Horacio Medina, por omisiones y abusos de poder en perjuicio de los trabajadores. Los sindicalistas también subrayaron que en esa demanda adicional presentaron una solicitud de amparo constitucional contra Carrasquero, Lainette y Viera-Blanco, entre otros, acusándolos de represalias y delitos contra los trabajadores.
José Zárraga, uno de los líderes sindicales y demandante en el caso de Florida, señaló que mantendrán en la demanda reformulada la acusación bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), una normativa que permite argumentar un patrón de corrupción sistemática. “La Ley RICO es clave para exponer la red de corrupción y represalias dentro de PDVSA ad hoc. Mientras nuestro reclamo en el TSJ en el exilio sigue sin respuesta, continuamos esta lucha en Estados Unidos para que la justicia finalmente alcance a quienes abusaron de sus posiciones”, indicó Zárraga.
La inacción del TSJ en el exilio ha generado un clima de frustración entre los sindicalistas, quienes señalan que tanto la falta de respuesta como la ausencia de avances en las investigaciones solicitadas perpetúan un estado de impunidad que afecta a miles de trabajadores venezolanos y sus familias. Según Eladio Mata, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Obreros de la Alcaldía Metropolitana y también demandante en el proceso de Florida, la omisión del tribunal es una de las razones por las cuales han decidido buscar justicia en los tribunales estadounidenses. “Es inaceptable que los derechos de los trabajadores sigan siendo ignorados mientras los recursos de PDVSA son desviados para campañas de acoso y beneficio personal”, afirmó Mata, quien ha denunciado amenazas contra su vida vinculadas a su activismo sindical.
La combinación de las reclamaciones bajo la Ley RICO y la búsqueda de compensación por daños emocionales y psicológicos en el proceso de Florida refleja la determinación de los sindicalistas de obtener justicia integral. Mientras tanto, exigen que el magistrado Marval y el TSJ en el exilio cumplan con su responsabilidad de responder a las demandas laborales y sancionar a los responsables en Venezuela.
La demanda, que asciende a más de cinco millones de dólares, alega que los fondos de PDVSA ad hoc fueron desviados mediante contratos fraudulentos
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