Saab está frente al Ministerio Público desde 2017
Tras la reciente ratificación de Tarek William Saab como fiscal general; Alfredo Ruiz como defensor del pueblo y el nombramiento de Gustavo Vizcaíno como contralor General siguen las críticas contra el Poder Moral.
Organizaciones y activistas de derechos humanos dentro del grupo Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, señalaron que Saab, Ruiz y Vizcaíno “en un futuro, cuando los mecanismos de justicia transicional sean posibles para Venezuela deberán ser investigados por su responsabilidad tanto en las violaciones de derechos humanos como en los delitos contra la humanidad ocurridos bajo su gestión”.
En un comunicado que emitieron este lunes 4 de noviembre, la coalición también calificó estas designaciones como “una mala señal para las víctimas de violaciones de derechos humanos y, en general, para las posibilidades del restablecimiento de las bases democráticas, la justicia y la verdad en Venezuela”.
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Qué dijeron de Tarek William Saab
El fiscal general Tarek William Saab, quien inicialmente asumió su cargo en 2017 tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, enfrenta serias acusaciones por su desempeño. Su nombramiento en ese momento fue efectuado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente.
En los siete años transcurridos desde entonces, la gestión de Saab se ha distinguido, según el Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, “por las violaciones al debido proceso, tanto de las personas detenidas por delitos comunes como de los presos políticos, la absoluta falta de independencia respecto al Poder Ejecutivo y el uso de recursos públicos con fines personales”. El grupo de organizaciones de DDHH sostiene que estas prácticas “no solo vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que consolidan un sistema judicial subordinado a intereses políticos”.
El comunicado destaca el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, publicado en septiembre de 2021, donde se presentó una evaluación crítica del rol de la Fiscalía bajo la dirección de Saab.
El organismo de la ONU señaló que “los fiscales habían desempeñado un papel directo en los casos de detenciones arbitrarias, omitiendo actuar como contrapeso de otras autoridades del Estado, perpetuando la impunidad de los crímenes cometidos”.
Cuestionan a Alfredo Ruiz
La ONG señala que Alfredo Ruiz, fue ratificado como defensor del pueblo pese a que su gestión fue objeto de múltiples cuestionamientos por omisiones contra graves violaciones de DDHH y calificaron su repetición en el cargo como una violación a la Cosntitución.
Ruiz, quien asumió el cargo en 2017, había trabajado previamente en la organización de derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, donde promovió la denuncia de abusos policiales y casos de tortura en sectores populares. Sin embargo, su actuación como Defensor del Pueblo, según Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, ha estado caracterizada por las omisiones y el silencio, sin ningún tipo de independencia respecto a otros poderes, especialmente de las actuaciones del Ministerio Público.
A pesar de que, según la ley, preside la Comisión Nacional Contra la Tortura, la Defensoría del Pueblo no ha iniciado investigaciones sobre denuncias de tortura presentadas en la institución o hechas públicas, aun cuando “la ley le faculta para actuar por iniciativa propia”.
La coalición recuerda que la Misión de la ONU concluyó que “las acciones reportadas por la Defensoría del Pueblo en relación con el gran número de denuncias, quejas y peticiones que recibe, están muy lejos de cumplir con su función constitucional de promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos”.
Vizcaíno del Saime a la Contraloría
En el caso del nombramiento de Gustavo Vizcaíno como Contralor General representa otro motivo de alarma para los defensores de derechos humanos. Hasta ahora, Vizcaíno había estado al frente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), una institución criticada por prácticas de represión “blanda” y por la falta de transparencia en la administración de sus recursos.
La Misión de la ONU señaló que bajo su dirección, el Saime anuló los pasaportes de periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, sin notificación ni proceso legal, lo cual constituye “un mecanismo de represión o táctica coercitiva que vulnera derechos fundamentales”. Además, durante su gestión, el Saime no ha mostrado transparencia en sus presupuestos, ni en los costos de los servicios que presta a la población, como los pasaportes.
Según Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, “miles de venezolanos dentro y fuera del país siguen sin poder regularizar sus documentos de identidad, y nunca hubo explicaciones técnicas sobre la caída de la plataforma en junio y julio de 2023, al cambiar de empresa proveedora”.
El comunicado de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento concluye que “el nombramiento y ratificación de estos funcionarios en sus puestos constituye un preocupante aval a la impunidad y el reconocimiento gubernamental que, lejos de evitar su repetición, el Estado venezolano está dispuesto a mantenerlos en el futuro”.
Esto, según la organización, deja en claro que “la sociedad venezolana debe seguir buscando contención y disuasión en el trabajo de los organismos internacionales con mandato en la protección a los derechos humanos”.
efectococuyo.com
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