Foro Penal
El presidente de la ONG, Alfredo Romero, indicó en rueda de prensa que el sistema procesal penal y la Constitución establecen como «principio fundamental» que las personas puedan escoger a su abogado pero que, hasta el momento, a todos los detenidos en la crisis poselectoral -desatada luego de la controvertida reelección de Nicolás Maduro- se les ha «impuesto» un defensor público.
El activista explicó que, de acuerdo al artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, una persona en investigación o sus familiares pueden designar a su abogado, «y excepcionalmente es que se designa a un defensor público».
«Hemos acudido a centros de reclusión llevando las designaciones firmadas por familiares, (pero) no hemos tenido acceso a los detenidos en ninguno de los casos», insistió.
Romero expresó su preocupación por esta situación, porque -sostuvo- implica una «violación al derecho a la defensa constitucional, que es un derecho humano».
Asimismo, denunció que estas personas desconocen los motivos por los cuales han sido detenidas y tampoco han tenido acceso a sus expedientes.
Según el Foro Penal, hay 1.976 «presos políticos» en Venezuela, de los cuales 1.848 fueron detenidos tras las presidenciales, en las que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció fraude y aseguró que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó por un amplio margen.
El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo que este registro de detenidos incluye 18 casos de los que no conocen su paradero, pero que, de acuerdo con el relato de familiares, fueron interceptados por «personas que parecen ser funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado».
Aseguró que la ONG mantiene diligencias para ubicar a estos ciudadanos. EFE
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