En una audiencia preliminar telemática celebrada desde Caracas, otros dos menores de edad fueron pasados a juicio. La jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del tribunal segundo con competencia en terrorismo, presidió el procedimiento, mientras los adolescentes seguían la sesión desde el Circuito Judicial Penal de San Juan de Los Morros.
EFE/Ronald Peña
Con estos dos nuevos casos, ya son 11 los menores de edad, residentes en Carabobo, que enfrentan juicio por las protestas postelectorales. Los siete presentados el miércoles y los dos del viernes 27 de septiembre también recibieron la misma medida, una que a sus familiares les parece un guion prescrito.
A pesar de residir en el sur de Valencia, los jóvenes fueron trasladados desde su lugar de reclusión en la localidad guariqueña hasta la sede tribunalicia. Sin embargo, un tercer menor de edad, recluido en Valencia, no fue llevado al Palacio de Justicia de la capital carabobeña para la audiencia telemática, y la razón sigue siendo desconocida, reseñó El Carabobeño.
El procedimiento siguió un patrón similar al de las audiencias anteriores. El fiscal solicitó una pena de 10 años por los delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vía pública y resistencia a la autoridad. En estos dos casos, además, se agregó el cargo de uso indebido de uniformes e insignias militares. La defensora pública, Kelly Pérez, pidió una revisión de medida, pero la jueza Ramos la negó.
La oferta fue repetida: si los adolescentes se declaran culpables, cumplirán una condena de 6 años y 8 meses sin beneficios. Si no aceptan, irán a juicio y enfrentarán el riesgo de recibir una pena de 10 años de prisión.
Estos jóvenes, de 17 años de edad, han vivido la angustia de la detención y la incertidumbre de un proceso judicial que parece no respetar los plazos legales. Sus padres han invertido tiempo y dinero en pruebas que, hasta ahora, no han sido consideradas por la jueza.
Uno de los casos, un joven de 17 años, recién graduado, salió a comprar pañales para su hijo de 7 meses. Pero al regresar, fue detenido por funcionarios policiales en la cancha de El Combate, al sur de Valencia. Su madre lo buscó de manera desesperada, sin éxito. Finalmente, el 31 de julio, recibió la llamada desde el Palacio de Justicia. Su hijo estaba allí, golpeado y sembrado de supuestas acusaciones falsas.
Este adolescente, como muchos otros, cometió el “grave error” de correr al ver a los policías. Los uniformados le quitaron los pañales, lo tiraron al suelo y lo golpearon.
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Redacción Maduradas con información de El Carabobeño.
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