Expertos ONU alertaron sobre graves violaciones de DDHH en el contexto de la elección presidencial del #28Jul en Venezuela

Familiares de personas detenidas durante las últimas protestas esperan noticias afuera del Centro de Detención de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Caracas el 1 de agosto de 2024. – La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó en la víspera a sus partidarios a ” movilizarse” después de que el presidente Nicolás Maduro prometiera mantenerse en el poder tras unas elecciones ampliamente disputadas. Dieciséis personas han muerto en protestas que estallaron después de las elecciones, según la oposición, que afirma que su candidato Edmundo González Urrutia es el legítimo vencedor.

Quince relatores especiales, grupos de trabajo y expertos de las Naciones Unidas, alertaron sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y las protestas posteriores.

Las personas expertas alegaron que en el marco de este proceso electoral se produjeron detenciones arbitrarias generalizadas, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, desapariciones forzadas y muertes ilícitas por parte de agentes del orden y de grupos civiles.

Advirtieron además sobre información recibida en relación con “hostigamiento, persecución y judicialización de activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogados/as, miembros de partidos políticos de oposición y personas percibidas como opositoras y en general ciudadanos/as en ejercicio de sus derechos a la libertad de reunión pacífica o de expresión, así como violaciones al debido proceso y cancelación de pasaportes; alegaciones que afectan a un gran número de personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, personas LGBTIQ+ e Indígenas”.

Estos hechos “se enmarcan en un contexto general y sistemático de graves violaciones a los derechos humanos, como parte del hostigamiento a la oposición política y limitaciones graves a los derechos a la participación pública, y a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.

Suscriben la comunicación la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; el Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo: la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

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