“Buscaremos poner a Nicolás Maduro en la misma situación que Vladimir Putin, con orden de captura en casi todo el mundo, que es lo que le está impidiendo al presidente ruso viajar a la mayoría de los países”, afirmó en una entrevista con La Nación de Argentina el doctor Tomás Farini Duggan, abogado querellante de una veintena de víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela, que ahora viven en Argentina.
“Al igual que ocurrió en España en 1998 ,cuando se intentó juzgar al dictador chileno Augusto Pinochet por delitos cometidos en territorio chileno, en la Constitución argentina el artículo 118 autoriza a la Justicia a intervenir en casos de violaciones de los derechos humanos incluso en hechos que ocurrieron en otros países”, explicó Farini Duggan respecto del tema de la jurisdicción argentina en el tema.
La Cámara Federal celebró el 17 de septiembre en los tribunales de Comodoro Py una audiencia con víctimas presuntamente del régimen venezolano en el marco de una causa radicada en la Justicia local en 2023 bajo el principio de “justicia universal”. En este expediente se investiga a Nicolás Maduro junto a unos 30 imputados más, entre los que se encuentra Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia de aquel país.
La denuncia es por una amplia serie de violaciones de los derechos humanos (asesinatos, desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias) ocurridas desde 2014 en suelo venezolano y tras las elecciones presidenciales celebradas el 29 julio, en las que Maduro se proclamó ganador sin mostrar las actas de votación.
Nuestro caso se encuentra enmarcado dentro del principio de extra territorialidad que rige para violaciones de los derechos humanos.
¿En qué se diferencia el pedido de captura que hicieron ustedes en Comodoro Py del que ya emitió Estados Unidos contra el presidente venezolano?
El Departamento de Estado estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que permita la detención de Maduro en un proceso por narcotráfico y corrupción. Pero eso solo tiene vigencia dentro de Estados Unidos. Nuestro caso se encuentra enmarcado dentro del principio de extra territorialidad que rige para violaciones de los derechos humanos. En la misma dirección, la Justicia argentina ya está avanzando en los crímenes cometidos en España durante el franquismo y en Nicaragua por Daniel Ortega.
¿Cuáles son las próximas etapas, luego del pedido formal de orden de captura?
Ya logramos la llamada “jurisdicción universal”, o sea que la Justicia argentina se declare competente para investigar delitos ocurridos en Venezuela. También pedimos la captura internacional con fines de extradición de Maduro, de Diosdado Cabello y de todas las cabezas de los organismos de seguridad de Venezuela para ser juzgados en Argentina. La justicia notificó el 25 de septiembre a la Interpol del pedido de captura contra Maduro. Hay pruebas muy evidentes de violaciones de los derechos humanos. En muchos casos el propio Maduro y Cabello anunciaron públicamente que iban a detener a alguien, y luego esa persona fue detenida, torturada o desaparecida.
¿Cómo sigue el proceso tras el pedido que se le hizo a Interpol?
Aunque Interpol reconoce que cada país es soberano para pedir la detención de una persona, luego hay un debate interno de sus autoridades para decidir si se emiten las llamadas “alertas rojas”. Argentina ya logró en su momento que se activaran las alertas rojas de Interpol en el caso de la Amia (el ataque terrorista que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina el 18 de julio de 1994), a pesar de que se trataba de funcionarios con altos cargos en el Gobierno de Irán. Además, pensamos avanzar también en la Corte Penal Internacional, pero ahí ya hay otros procesos contra las autoridades chavistas y están más trabadas las gestiones.
¿Cuáles son los casos más graves entre la veintena que están siguiendo?
No podemos dar nombres ni datos de las personas, pero hay una persona acusada por el chavismo a la que no pudieron detener en Venezuela. Entonces, arrestaron a la madre y al hermano y los torturaron en el centro de detención del Helicoide. Hay otros casos de gente que presenció homicidios. Otra persona, miembro de una organización caritativa llamada Corazón valiente, fue acusada de integrar una organización terrorista. Lo secuestraron, lo torturaron en el Helicoide, lo sometieron a picanas y “submarino”. Luego arrestaron a su madre y la torturaron a ella y a menores delante de él para forzarlo a declarar.
El pedido de ustedes de captura internacional de líderes chavistas coincidió con el de Maduro contra el presidente Javier Milei. ¿Hay algún paralelo?
Nada que ver. Primero, el caso del avión venezolano del que habla Maduro tenía pedido de secuestro de Estados Unidos y por eso fue incautado y enviado a Estados Unidos. No se puede homologar eso con 150.000 ejecuciones extrajudiciales o 600.000 secuestros con torturas y violaciones. Además, en el caso de la Corte Penal Internacional, se busca juzgar a Maduro según el Estatuto de Roma, firmado por Venezuela y por el que se reconoce el principio de extraterritorialidad para los delitos de lesa humanidad. Por más de que Venezuela es soberana para pedir a Interpol una orden de arresto contra Milei, Interpol también evalúa el sustento que tiene cada pedido antes de emitir las alertas rojas.
¿Qué es lo que buscan ustedes con este pedido? Obviamente Maduro no se va a entregar aunque Interpol emita alertas rojas.
Queremos que Nicolás Maduro quede en la misma situación que Vladimir Putin, con orden de captura en casi todo el mundo, que es lo que le está impidiendo al presidente ruso viajar a la mayoría de los países. Además, Maduro no está exento de que en alguno de sus viajes le pase lo que le sucedió a su testaferro, Alex Saab, arrestado en 2020 cuando su avión tuvo una avería y aterrizó en Cabo Verde. Así terminó luego extraditado a Estados Unidos. Lo importante es que la Justicia argentina pueda ponerle nombre y apellido a lo que está sucediendo en Venezuela y lograr el aislamiento total de ese régimen. Sería una victoria muy grande para la Justicia.
Nuestro caso se encuentra enmarcado dentro del principio de extra territorialidad que rige para violaciones de los derechos humanos
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