En la historia de la humanidad han sido muchos los que desde el poder planificaron la muerte de sus adversarios. En el caso de Venezuela, en el siglo XX tuvimos dictaduras de Juan Vicente Gómez y de Marcos Pérez Jiménez que asesinaron, encarcelaron, torturaron y exiliaron a unos pocos valientes que se atrevieron a enfrentarlos, a quienes consideraron podían poner en peligro a sus gobiernos. Más recientemente, la dictadura de Hugo Chávez permitió asesinatos y encarcelamientos de ciudadanos por el solo hecho de protestar. Sin embargo, el caso del dictador Nicolás Maduro es inédito, ya que las violaciones a los derechos humanos han sido masivas y planificadas. Así lo señaló la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su Informe de este septiembre, esa Misión recalcó el aumento de la represión después de la derrota aplastante de Maduro en la elección del 28 de julio, señalando que fue “una continuación de la misma línea de conducta, una reactivación de la maquinaria represiva. Las víctimas y la población en general se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder. Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar y anular la oposición política y las voces críticas al gobierno del presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales”.
Después de la elección hubo 25 muertos y Maduro informó que fueron detenidos 2.229 ciudadanos, a los que acusó de terroristas, la gran mayoría provenientes de zonas populares. La Misión documentó que 158 menores fueron arrestados de forma arbitraria, sin orden de aprehensión y sin pruebas, graves violaciones de los estándares de protección de la niñez, desapariciones forzosas y casos de torturas, tales como puñetazos, golpes con bates, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y violencia sexual. Entre estos últimos, la misión identificó como víctimas a seis mujeres, tres niñas y tres hombres. Los actos de violencia incluyeron amenazas de violación o de otras formas violencia sexual y reproductiva, incluido un caso en el que se amenazó de producirle un aborto a una adolescente embarazada, manoseo de senos, glúteos y genitales y desnudez forzada delante de custodios.
Nuestro agradecimiento a Marta Valiñas, Patricia Tappata y Francisco Cox, así como a sus equipos de trabajo por la excelente labor realizada.
Nos permitimos solicitar se investiguen por estos y otros hechos a Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello (ministro del Interior), Tarek Saab (Fiscal General), Alfredo Ruiz Angulo (Defensor del Pueblo), Vladimir Padrino (ministro de la Defensa), Elio Estrada Paredes(Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Rubén Darío Santiago, (Comandante de la Policía Nacional Bolivariana), Gustavo González López( Director del SEBIN), Iván Hernández Dala (director de Contrainteligencia Militar), entre otros. Tendrán que comparecer ante la justicia. Unos por planificar las violaciones, otros por ejecutarlas o alcahuetearlas. Confiamos en el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien está actuando conforme a derecho.
Como (había) en botica:
Delcy y Jorge Rodríguez chantajearon a nuestro presidente electo, Edmundo González, para obligarlo a pedir asilo. Se creen la reencarnación de Electra y Orestes, quienes vengaron la muerte de su padre, el rey Agamenón, asesinando a los causantes. En este caso, los hermanos se vengan de millones de venezolanos que no tuvieron nada que ver con el asesinato de Jorge padre en 1976.
Maduro está contra las cuerdas. Todos los gobiernos democráticos están convencidos de que Edmundo es el presidente electo. Apoyemos también a quienes aún no lo reconocen, pero trabajan para llegar a un acuerdo que permita que asuma la presidencia el 10 de enero.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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