Este lunes 23 de septiembre, la Justicia Federal de Argentina ordenó la detención y captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otras figuras del gobierno venezolano acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.
La medida se produce luego de la petición realizada por los fiscales José Agüero Iturbe y Carlos Stornelli, quienes acompañaron el reclamo de varias víctimas venezolanas que han denunciado al gobierno de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos. Tras la revisión del caso, que incluyó -según reseña La Nación de Argentina– la evaluación de decenas de testimonios y revisión de una docena de informes de organismos internacionales, los jueces dictaminaron que hay suficientes razones para juzgar al mandatario venezolano y otros funcionarios.
La decisión de la justicia argentina se formalizó este miércoles 25 de septiembre cuando el magistrado Sebastián Ramos, a cargo del juzgado federal 2 en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, envió el oficio a Interpol para que emita la alerta roja.
Según reseña el medio Clarín, la orden del juez Sebastián Ramos abarca a más de treinta miembros de las Fuerzas Armadas, integrantes de los cuerpos de seguridad y de los servicios de inteligencia del oficialismo, cuyos nombres aún no han trascendido.
El procedimiento iniciado en Argentina es posible porque la jurisdicción universal lo consagra y la legislación interna de la nación así lo establece en su Constitución.
La jurisdicción universal contempla que los tribunales nacionales pueden investigar y procesar a una persona sospechosa de cometer un delito en cualquier lugar del mundo con independencia de la nacionalidad del acusado o de la víctima o en ausencia de todo vínculo con el Estado en el que ejerce dicho tribunal.
Amnistía Internacional explica que este principio puede aplicarse a la mayoría de los delitos comunes, pero también a hechos de mayor gravedad en el marco del derecho internacional como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la «desaparición».
“Estos delitos son tan graves que constituyen un delito contra el conjunto de la humanidad y, por lo tanto, todos los Estados tienen la obligación de llevar a los responsables ante los tribunales. Esta opinión se recoge en el Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, señala Amnistía Internacional en un documento de trabajo.
¿Qué significa la decisión de la justicia argentina y cuáles son sus implicaciones?
El representante del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), abogado Tomás Farini, explicó en una entrevista a la Voz de América y a otros medios internacionales lo que puede ocurrir con la orden de captura emitida contra los funcionarios venezolanos.
El politólogo José Vicente Carrasquero, por su parte, también analizó la medida en un post publicado en sus redes sociales.
1. Notificar la medida. Una vez que se ha concretado la decisión por parte de los tribunales de Argentina, debe comunicarse a los juzgados de Venezuela y oficializar la solicitud ante la Interpol.
Este miércoles 25 de septiembre, el juez federal Sebastián Ramos envió la solicitud a Interpol para que levante la alerta roja en todos los aeropuertos del mundo. Ahora le corresponde a Interpol evaluar y proceder con la acción solicitada.
El abogado Farini no cree que los juzgados de Venezuela hagan algo sobre esto, pero sí confía en la respuesta que pueda ofrecer Interpol.
2. Presentación de los imputados. Las personas presuntamente responsables de los delitos deben presentarse ante los tribunales argentinos para que se pueda realizar el juicio oral.
Argentina no tiene juicio en ausencia, por tanto si los imputados no se presentan el juicio no puede llevarse a cabo y debe paralizarse hasta que asistan por voluntad propia o sean arrestados y presentados.
El abogado Farini explica que en el país se debate un proyecto de ley para regularizar los juicios en ausencia. En caso de aprobarse la ley, Maduro, Cabello y el resto de los funcionarios involucrados sí podrían ser juzgados aunque no estén en Argentina.
3. Orden de captura con fines de extradición. El abogado señala que la orden de captura se pidió para que los acusados sean extraditados a Argentina y puedan declarar ante el tribunal. En este caso, los acusados serían presentados ante la justicia argentina para que se realice el juicio oral.
Sobre esto explica que la discusión o las dudas sobre la aplicación de la medida se da por la inmunidad que otorga la Convención de Viena a mandatarios extranjeros. Sin embargo, señala que hay precedentes como en el de altos funcionarios del gobierno iraní a quienes se les levantó una alerta roja por el caso de atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994.
Además, otro factor que juega a favor -argumenta el abogado- es que “Maduro es un mandatario de facto” tras los resultados electorales del 28 de julio que han sido rechazados por la oposición venezolana y están bajo el cuestionamiento de la comunidad internacional dado que solo se presentaron resultados generales y no desagregados por mesas y centros de votación.
4.Efectos de la orden de captura. El representante del FADD señala que si Nicolás Maduro o alguno de los funcionarios que tienen orden de captura viajan a otro país con el que no tengan acuerdos pueden ser detenidos. Citó como ejemplo el caso de Alex Saab cuando lo detuvieron al hacer una parada en África para surtir combustible.
Sobre este punto, José Vicente Carrasquero señala que la medida restringe significativamente la movilidad internacional y limita la participación en foros globales, cumbres internacionales y visitas diplomáticas fuera de Venezuela. A su vez, los países que pudieran recibirlos, también serán objeto de presión internacional.
“Esta orden refuerza el aislamiento diplomático de Venezuela y sus líderes. Los gobiernos que reconocen el principio de jurisdicción universal podrían tomar medidas adicionales, como romper o limitar sus relaciones diplomáticas con Venezuela, dado el peso de las acusaciones”.
Otra consecuencia que observa Carrasquero es que las órdenes de captura podrían aumentar la presión sobre la Corte Penal Internacional (CPI) y otros tribunales internacionales para avanzar más rápidamente en las investigaciones que ya están abiertas contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos. De hecho, el abogado Farini declaró a TNT24 que también acudirán a la CPI.
La decisión de la justicia argentina, en opinión de Carrasquero, puede fortalecer la legitimidad de la oposición en Venezuela al mostrar que los crímenes atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro son reconocidos a nivel internacional y están bajo investigación.
De igual manera, señala que para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, la orden de captura «representa un respaldo significativo y podría ofrecer esperanzas de justicia».
Para el abogado Farini, la orden de captura también tiene una significación simbólica que permitirá “cortar la retórica ambigua” de muchos gobiernos sobre lo que realmente pasa en Venezuela.
La respuesta de Venezuela
Las autoridades venezolanas reaccionaron a los señalamientos provenientes desde Argentina. El pasado miércoles 18 de septiembre el fiscal general designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, anunció el inicio de una investigación formal contra el gobierno de Argentina por el presunto robo y desmantelamiento de un avión de la empresa venezolana Emtrasur, una filial de carga de la aerolínea Conviasa.
Seis días después, Tarek William Saab convocó otra rueda de prensa para anunciar que solicitará a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) una alerta roja contra el presidente de Argentina, Javier Milei, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En ese momento, Saab calificó la acción del gobierno argentino como un ataque contra la nación venezolana que forma parte -en su opinión- de una estrategia de retaliación orquestada por potencias extranjeras para afectar la soberanía del país.
La solicitud de la Fiscalía fue avalada por el Tribunal Supremo de Justicia, ente que publicó un comunicado el pasado 19 de septiembre en el que emite una orden de aprehensión contra los referidos funcionarios del gobierno argentino.
El gobierno venezolano acusa a los funcionarios argentinos del “robo” de un avión de Emtrasur, empresa estatal venezolana, que posteriormente fue enviado y destruido en los Estados Unidos.
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