El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, Edgar Silva, anunció que jubilados y pensionados saldrán a las calles que el próximo 1 de octubre, Día Internacional del Adulto Mayor, en rechazo a la «política de exterminio», que impone el Gobierno de Nicolás Maduro.
En tal sentido, exigen al Ejecutivo nacional respuesta al pliego de peticiones interpuesto en marzo de 2022, relacionado con la violación de convenios internacionales sobre seguridad social de este sector de la población, tan vulnerable, dijo.
Refirió que a partir del 2013, se ha hecho abismal la brecha entre el monto de la pensión y los precios de la comida y los medicamentos. Para muestra, en agosto la canasta alimentaria costó 529 dólares mientras los adultos mayores perciben una pensión de 130 bolívares (3.5 dólares), calculado a tasa del Banco Central de Venezuela.
El más reciente aumento del sueldo mínimo y por ende las pensiones ocurrió en marzo de 2022 cuando fue elevado a 130 bolívares que para el momento equivalía a 30 dólares lo cual a la fecha se ha reducido a 3.5 dólares.
Entonces, ¿dónde está el dinero del 9 % del impuesto que los empresarios aportan, desde mayo de 2024 para supuestamente mejorar la pensiones, o los recursos del Fondo de Pensiones de los Empleados Públicos?, subrayó. Nuevamente exigimos que progresivamente se eleve el monto de las pensiones acorde al costo de la canasta básica familiar.
Silva asegura que “la política del gobierno de Maduro en contra de los adultos mayores ha sido brutal”, es un “exterminio”, de acuerdo con el artículo 7, literal B del Estatuto de Roma, citó.
Además, denunció la suspensión del pago de pensión a poco más de 4.000 jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de Adulto Mayor en agosto pasado, situación irregular que ocurre todos los años en la misma época, manifestó.
Igualmente piden la restitución de las pensiones a quienes están en el exterior, a quienes hace nueve años el gobierno decidió unilateralmente y arbitrariamente suspenderla, rechazó -el defensor de los derechos de los jubilados, quien a su vez solicita que se restablezca la Comisión presidencial, que estuvo activa hasta el 2007 y a través de la cual se abordaron problemas básicos de los pensionados del Seguro Social y que se fueron resolviendo progresivamente.
Hoy, en medio de una situación tan crítica, se hace indispensable abordar la situación de jubilados y pensionados relacionados con la salud. En tal sentido, es necesario que el IVSS retome su obligación de suministrar los medicamentos y se garantice los análisis de laboratorio, resaltó.
El Informador Venezuela Noticias
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