La justicia curazoleña declaró ejecutable en su jurisdicción la sentencia de un laudo llevado a cabo ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en contra de Bariven, una filial de Petróleos de Venezuela encargada de las adquisiciones en el exterior.
El fallo, inicialmente emitido en París en mayo de 2019, favorece a Credendo, una empresa con sede en Bruselas. Entre sus servicios, ofrece la administración de riesgos para corporaciones radicadas en Europa, que hacen negociaciones con firmas en mercados volátiles, como el venezolano.
El origen de este conflicto radica en el presunto incumplimiento por parte de la estatal venezolana en cuanto al pago de las obligaciones contraídas mediante contrato con ArcelorMittal International Luxemburgo SA, una firma especializada en el suministro de partes para la industria metalúrgica.
El reclamo interpuesto ante la corte de París indica que Venezuela adeuda 14,6 millones de dólares.
Luego de varios intentos por resarcir esta deuda en forma amistosa, ArcelorMittal recurrió a Credendo, con quien había contratado un seguro de crédito para respaldar la operación con la empresa venezolana.
Credendo inició esta reclamación ante la Corte Internacional de Arbitraje en mayo de 2017. Dos años después, esa instancia le dio la razón. Además de ordenar la cancelación de la suma exigida, añadió más de 152 mil euros por costas judiciales, más los intereses que surjan por el tiempo en que estas obligaciones no sean canceladas.
Cuentas en Curazao
No es la primera vez que empresas foráneas acuden a Curazao para intentar la ejecución de laudos que desfavorecen al Estado venezolano. En una anterior entrega, Crónicas del Caribe informó sobre las diligencias de la corporación militar estadounidense Huntington Ingalls para embargar el crudo de Pdvsa, almacenado en la refinería Isla y en el terminal marítimo de Bullenbaai, debido al impago de los trabajos para la repotenciación de las fragatas misilísticas.
Ahora, Credendo ha solicitado el embargo preventivo de las cuentas de Bariven en el ING Bank NV, Coöperatieve Rabobank UA, ABN Amrobank NV, Deutsche Bank AG y NIBC Bank NV. Además, Credendo quiere confiscar las acciones que Bariven posee en el capital de PDVSA Services BV en La Haya.
La audiencia por este caso fue celebrada en Curazao en julio, en un tribunal presidido por el magistrado Pieter de Kort. Bariven no envió ningún representante legal.
En la medida en que pasa el tiempo, la deuda se incrementa. En la sesión llevada a cabo en Curazao, se indicó que ya asciende a 25 millones de dólares.
Un abogado venezolano especializado en arbitrajes explicó a Crónicas del Caribe que este litigio contra Venezuela es posible debido a que todas las partes son adherentes de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales dictadas en el extranjero, mejor conocida como Convención de Nueva York (10 de junio de 1958).
“Consignaron el laudo arbitral de París (…) El tribunal de primera instancia civil le dio el reconocimiento, de conformidad cono lo previsto en su ley interna, y le da fuerza ejecutiva”, explicó.
Indicó que, si se plantearan solicitudes de embargo hacia un mismo bien por parte de varias personas o empresas, “la preferencia será de quien embargó primero”.
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