Este viernes la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizó una nueva sesión para hablar sobre Venezuela, en la que la Misión internacional independiente de determinación de los hechos presentó un nuevo informe en el reiteraron que «el país vive la peor ola de represión y crisis de derechos humanos desde 2019».
Presentamos en 7 puntos claves qué hablaron en la sesión de la ONU sobre Venezuela.
Riesgo de la desintegración del Estado de derecho
La Misión de la ONU dijo que el riesgo de la desintegración del Estado de derecho en el país “es muy alto”. Esto tras el agravamiento de la situación de los derechos humanos y la reactivación “de la maquinaria represiva” luego del 28 de julio.
«La maquinaria represiva del Estado venezolano continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos. Las víctimas, y la población en general, se encuentran desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder. Esto en un contexto en que está desapareciendo la mínima apariencia de legalidad en la actuación de las autoridades. El riesgo de una desintegración del Estado de derecho en Venezuela es muy alto», dijo en el Consejo de Derechos Humanos la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.
«Un plan diseñado para desalentar, silenciar y anular la oposición política»
Valiñas también señaló que estas «violaciones» son el resultado de un «plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión». A su juicio es un plan que busca «desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al Gobierno del Presidente Maduro» o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales.
Detenciones arbitrarias, incluyendo a menores de edad
De acuerdo al nuevo informe de la Misión de la ONU, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas (39 hombres y nueve mujeres), entre civiles y militares, fueron detenidas. Todas en relación con lo que las autoridades consideraron como conspiraciones para desestabilizar el país, derrocar al Gobierno o atentar contra la vida del Presidente u otras altas autoridades.
Destacaron que la Misión investigó casos emblemáticos de detenciones arbitrarias de reconocidas personalidades, como la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y sus familiares.
La Misión de la ONU sobre Venezuela documentó al menos 158 niños y niñas, algunos con discapacidad, detenidos tras protestas postelectorales, imputados por graves delitos como terrorismo e incitación al odio: “La Misión ya ha podido documentar graves violaciones de los estándares internacionales de protección de la niñez”.
Represión a manifestaciones pacíficas y persecución a manifestantes
Valiñas expresó que ola de protesta ciudadana que siguió al anuncio del CNE, la reprimieron «con una dureza y violencia inusitadas». Según fuentes de organizaciones de la sociedad civil, entre el 29 y el 31 de julio se registraron 915 protestas en todo el país.
«La Misión investigó de manera preliminar y confirmó la muerte violenta de 25 personas en el contexto de concentraciones o protestas ciudadanas; 24 de ellas murieron por disparos de arma de fuego, la mayoría eran hombres jóvenes de barrios populares de menos de 30 años», dijo.
Aseguró que la Misión no tienen aún evidencia suficiente para atribuir autoría en estos casos de muertes. Pero en varios de estos casos, la Misión alcanzó a documentar «la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana o de la Policía Nacional Bolivariana haciendo uso de sus armas de fuego para reprimir las protestas».
Desapariciones forzosas y torturas
También, mencionaron que la Misión constató que «la práctica de las desapariciones forzadas de corta duración no cesan». Basada en una interpretación estricta de los estándares internacionales, la Misión alcanzó motivos razonables para creer que, en 13 casos, «agentes del Estado llevaron a cabo privaciones de libertad y negaron reconocer la suerte o paradero de las personas detenidas, sustrayéndolas de la protección de la ley».
«También continuaron los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por las fuerzas de seguridad o por los servicios de inteligencia como:
- Puñetazos.
- Golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma.
- Descargas eléctricas.
- Asfixia con bolsas de plástico.
- Inmersión en agua fría.
- Privación forzada del sueño.
Leyes que atentan contra la sociedad civil
Marta Valiñas enfatizó que las violaciones anteriormente descritas «tuvieron lugar en el marco de un espacio cívico y democrático cada vez más reducido».
Recordó que el pasado 15 de agosto, el parlamento venezolano aprobó por unanimidad la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Esto a pesar de las recomendaciones en contrario de la Misión, así como de la Oficina del Alto Comisionado y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«El texto aprobado es incompatible con normas y estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de asociación y restringe aún más la capacidad de actuar libremente a las organizaciones de la sociedad civil. Incluidas las organizaciones defensoras de los derechos humanos»
ONU destaca importancia de la Comunidad Internacional sobre Venezuela
Finalmente, resaltó que la comunidad internacional enfrenta una gran responsabilidad para detener esta persecución. Así como para que «las violaciones y delitos que se han cometido y que continúan cometiéndose no queden en la impunidad». También, para dar aliento a las víctimas «asegurando que puedan obtener justicia».
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