El abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), asegura que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia que declara ganador a Nicolás Maduro en las recientes elecciones presidenciales carece de toda legalidad, pues viola principios constitucionales y no tiene asidero jurídico.
“Es una sentencia absolutamente nula, porque la Sala Electoral arrebató competencias que le pertenecen al CNE (Consejo Nacional Electoral). El artículo 138 de la Constitución es absolutamente claro”, explicó Apitz en el espacio #ConLaLuz, moderado por la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes.
El jurista indicó que, de la misma manera, otro vicio en este caso es que la magistrada Caryslia Rodríguez, presidenta del TSJ y de la Sala Electoral, es confesa militante del partido de gobierno y, por tanto, carece de todo principio de imparcialidad.
Apitz afirmó que las actas del CNE publicadas por la Plataforma Unitaria en un portal web gozan de todo valor probatorio y son suficientes para demostrar que los resultados del 28 de julio favorecen a Edmundo González Urrutia.
“Esas actas las conocen todos los venezolanos. Las que dice el TSJ tener, nadie las ha visto”, indicó.
“El martes, el excandidato Enrique Márquez solicitó la recusación de Caryslia Rodríguez. Ella fue concejal de Caracas por el Psuv, jefa de esa cámara y alcaldesa interina de la capital. Muy mal puede una jueza impartir justicia si no es imparcial”, dijo Apitz este jueves 22 de agosto.
Según Apitz, el TSJ emitió esa sentencia solo para “hacer feliz a Maduro”. Agregó que los venezolanos deben hacer cumplir la Constitución y restablecer su vigencia.
Cuestionó además la metodología usada en la revisión del material electoral usado el 28 de julio, en especial la designación de peritos o expertos de los que nunca se supo su identidad.
“Los venezolanos tenemos preguntas: ¿Cuál peritaje? ¿Quiénes hicieron el peritaje? ¿Cuáles expertos realizaron el peritaje?”, dijo.
Agregó que los ciudadanos pueden ejercer, por la vía de los hechos, mediante la protesta pacífica, presión para que se cumpla con la Ley.
“El gobierno tiene que entender que tiene que entregar el poder público, que no le corresponde. La mayoría rechazó el actual gobierno; todos sabemos lo que pasó”, añadió.
A juicio de Juan Carlos Apitz, ese dictamen del TSJ no debe y no se va a acatar. “Se va a hacer respetar la decisión popular. Es el momento ciudadano”, dijo también.
«Si esa sentencia es nula, no tiene por qué ser acatada. El poder lo tiene el pueblo venezolano y el 10 de enero el poder lo tomará quien ganó el y tuvo más votos el 28 de julio», afirmó.
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