Con la arremetida contra Twitter, WhatsApp y Signal, como ya ocurre en China, Irán o Corea del Norte, el gobierno también busca aislar a los venezolanos.
El chavismo ha redoblado la represión contra la sociedad venezolana con un gran objetivo: matar la esperanza, la misma que unió a millones de ciudadanos que sueñan con el cambio y con el regreso de sus familiares emigrados al extranjero. La escalada no cesa y suma a nuevos dirigentes opositores de peso, como los antiguos diputados William Dávila y Américo de Grazia, así como a Carlos Chancellor, padre de uno de los jugadores de la selección Vinotinto de fútbol.
Por Daniel Lozado / El Mundo de España
Con la arremetida contra Twitter, WhatsApp y Signal, como ya ocurre en China, Irán o Corea del Norte, el gobierno también busca aislar a los venezolanos, dificultar las comunicaciones del país que sigue en resistencia. Las detenciones y encarcelamientos son como una ruleta rusa, a cualquiera le puede tocar: basta con una denuncia de los «patriotas cooperantes» a través de la aplicación VenApp o con tener contenido antigubernamental en los teléfonos.
«Alto al terror. Sigue la dictadura con su feroz represión secuestrando jóvenes, testigos, activistas, políticos, mujeres y periodistas», denunció Andrés Velásquez, dirigente de la cúpula de la oposición democrática, que también ha sido perseguido por los agentes de Inteligencia de Nicolás Maduro.
Sin las pocas garantías constitucionales que quedaban y con la aplicación de un estado de sitio de facto, incluidos toques de queda tácitos en algunas barriadas populares, la revolución pretende transformar su clamoroso derrota en las urnas (67% a favor de Edmundo González Urrutia frente al 30% de Maduro) en la reelección del «presidente pueblo» al precio que sea.
La escalada es tan grave que Amnistía Internacional (AI) ha exigido a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que tome medidas urgentes contra el régimen chavista por los crímenes en curso, que de momento suman el asesinato de 24 personas, la mayoría jóvenes, y más de 2.000 detenciones. Más del 90% de estas capturas se realizan contra jóvenes de los barrios populares y humildes, los primeros que se lanzaron a reclamar la victoria electoral en las calles.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha demandado a Caracas que restablezca de forma urgente el orden democrático y el Estado de Derecho.
«Estamos en presencia de todo un aparato de terrorismo de Estado que estaba dormido y lo despertaron con la mayor fiereza. Ningún jefe de gobierno puede decir que tiene 1.200 presos y que quiere mil más, como si fueran naranjas. Es absolutamente inaceptable, está poniendo por delante a las personas por encima de los supuestos delitos que ha cometido. El fiscal, que no tiene absolutamente ninguna independencia, le sigue el juego calificando los delitos antes que las personas sean detenidas. Luego se les imputa colectivamente en juicios sumarios, sin defensa escogida por ellos y por videoconferencia», denunció a EL MUNDO Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos y presidenta de Alerta Venezuela.
Las herramientas del chavismo son perversas, incluso usa el nombre de un viejo villancico («Tun tun, ¿quién es?»), repetido durante años en su programa de televisión por Diosdado Cabello, número dos de la revolución, para amenazar a dirigentes y activistas. La Operación Tun-Tun ya ha puesto tras las rejas a un general de la Guardia Nacional Bolivariana; a dos fiscales que se negaron a detener a chicos inocentes; a estudiantes de Policía que se negaron a votar a Maduro; al motorista que llevó a María Corina Machado en su vehículo y a su familia; a la joven dirigente María Oropeza, que transmitió en directo por Instagram cómo los agentes chavistas tumbaban una verja de hierro para llevársela sin orden de detención ni de allanamiento o a la profesora y a la activista Edni López cuando pretendía salir del país, entre muchos más.
Organizaciones como el Foro Penal calculan que al menos un centenar de adolescentes se encuentran entre los detenidos, a quienes rapan la cabeza y visten con uniformes carcelarios. No se escapan ni siquiera jóvenes autistas, como el chaval de 17 años que permanece recluido en una celda policial de Los Teques, cerca de Caracas, pese a sufrir ansiedad y pánico.
«Además del uso de la fuerza bruta y asimetría entre partes hay una muy fuerte carga psicológica. Estamos ante una guerra psicológica, de demolición y resistencia para desarmar a esa mayoría cívica. Desesperanzar es la idea», subrayó a este periódico el historiador Armando Chaguaceda.
«Maduro está tratando de imponer la tesis de que ya no hay nada que se pueda hacer, que el fraude es un hecho consumado. Uno de los efectos esperados y calculados es la esperanza, matar la esperanza. Maduro está proponiendo que el verdadero cambio es él y que la esperanza debe ser reinventada en los parámetros del reformismo dentro de la revolución», profundizó el sociólogo Gianni Finco.
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