(EFE).– Laura esperó horas en el desierto de Arizona a que los agentes de migración llegaran. Quería contarles cómo tuvo que dejar la ciudad donde vivió 31 años, cómo primero llegaron las extorsiones y luego las amenazas de muerte y cómo, si volvía, estaba en riesgo su vida y la de su familia.
Pero cuando por fin la detuvieron y la llevaron a un centro, se encontró con otra pared: “Todos dicen que no hablan español, que no pueden ayudar”, cuenta a EFE la mujer, nativa de Ciudad de México, desde un refugio en Nogales (Sonora) ocho días después de haber sido devuelta por las autoridades estadounidenses al otro lado de la frontera.
Mientras el Gobierno de Joe Biden celebra el “éxito” de las nuevas restricciones al asilo en la frontera sur, los migrantes expulsados denuncian que sus temores fueron ignorados por las autoridades.
Las normas, que entraron en vigor el 5 de junio, restringen el acceso al asilo salvo algunas excepciones. Están pensadas para levantarse cuando las detenciones en la frontera bajen a 1.500 diarias, algo que no sucede desde 2020.
Más de media docena de mexicanos que fueron devueltos a su país tras haber cruzado a Arizona cuentan a EFE que, aunque expresaron a la Patrulla Fronteriza sentir miedo de ser deportados o pidieron solicitar asilo, no se les permitió presentar sus casos.
Activistas en EE.UU. y México corroboran que esta es la nueva realidad tras la entrada en vigor de las restricciones: cientos de mexicanos deportados a diario sin haber pasado por ningún tipo de filtro para asegurarse que no van a ser retornados a situaciones de peligro.
Las restricciones al asilo eximen sobre el papel a las víctimas de trata de personas y a quienes se enfrenten a una amenaza inminente contra su vida o su seguridad. También contemplan un filtro más estricto para solicitar protecciones diferentes al asilo.
Sin embargo, las autoridades ya no están obligadas a preguntar a los migrantes si tienen miedo de ser devueltos o quieren solicitar asilo y el peso recae en ellos, que deben pedir ser escuchados.
En el sector de Tucson, que comprende 421 kilómetros de frontera y abarca casi todo el estado de Arizona, la mayoría de los cruces irregulares son de mexicanos. Por la cercanía territorial, es más sencillo para las autoridades migratorias expulsar a las personas de este país, por encima de otras nacionalidades para las que se necesita un vuelo de deportación.
Como parte de las nuevas restricciones, a los mexicanos ahora se les está expulsando con una deportación exprés, que conlleva una prohibición de cinco años para entrar a EE.UU..
Pero las autoridades no les están entregando el papeleo que certifica que han sido deportados, por lo que muchos no son conscientes de esa penalidad. El Departamento de Seguridad Nacional no contestó a preguntas de EFE al respecto.
“No tienen a dónde ir”
En el albergue San Juan Bosco, en el lado mexicano, se evidencia ya el impacto de los cambios en la política migratoria. “Antes del 5 de junio atendíamos entre 30 y 50 deportados diarios. Ahora son entre 120 y 180”, todos ellos mexicanos, señala a EFE Francisco Lourerio, el director del refugio.
La mayoría, un 95 %, “han expresado que fueron desplazados por la violencia, que tienen miedo”, calcula el activista.
Lo mismo ha visto Pedro de Velasco, director de Educación e Incidencia de la Iniciativa Kino, una ONG que trabaja con migrantes a ambos lados de la frontera.
Desde que se impusieron los cambios, casi el 80 % de las personas que están atendiendo son deportadas. A finales de 2023 esta cifra era solo de 16%.
Las restricciones, anunciadas en medio de un año electoral donde la gestión de la migración se ha convertido en un tema central, son para el experto una decisión “política”.
“La preocupación más grande ahora son las personas mexicanas, que no tienen a dónde más ir”, relató. “Deberían poder acercarse a EE.UU. y pedir asilo”.
Laura, madre de tres hijas, conoce esta realidad porque la vivió en carne propia: “Somos nada más los mexicanos los que estamos siendo deportados y yo quiero saber por qué no se nos está dando la oportunidad”.
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