En la 112.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se reveló el talante dictatorial de Venezuela y Nicaragua
Nicaragua y Venezuela en la mira de la Conferencia Internacional del Trabajo
En América Latina resaltan dos casos: los de Nicaragua y Venezuela, lamentablemente reconocidos por su tendencia dictatorial. Con referencia a Nicaragua, la OIT instó en los términos más enérgicos a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a que restituya la legalidad del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), ilegalizada hace un año, y que también cese la persecución contra las organizaciones sindicales independientes y sus líderes.
La Comisión de Verificación de Poderes de la OIT elaboró un informe que detalla la persecución de la dictadura de Nicaragua contra los sindicatos independientes no controlados por el gubernamental Frente Sandinista y contra la empresa privada, cuyos líderes han sufrido destierro, cárcel, exilio, desnacionalización y confiscaciones
En esa dirección, el organismo tripartito instó al Gobierno en los términos más enérgicos a garantizar que los trabajadores y los empleadores puedan reconstituir sus organizaciones sin la injerencia estatal y puedan operar sin autorización previa conforme al artículo 2 del convenio 87 de libertad sindical. Así también ofreció restablecer el diálogo social con los interlocutores e instalar una mesa de dialogo tripartito anunciando que en el próximo mes de noviembre revisarán la grave situación laboral del país
Venezuela en el espejo de Nicaragua
Cuando se conocen los atropellos de la dictadura sandinista se puede identificar que en Venezuela las organizaciones empresariales y sindicales han vivido un calvario parecido durante el presente siglo. En efecto, al reconocer estos datos para 2024 en nuestro país, la calificación ha empeorado, alcanzando la máxima categoría (5). La OIT observa que las autoridades continúan persiguiendo a los sindicalistas mediante detenciones arbitrarias y condenas por cargos falsos, mientras que la organización sindical y los derechos se han seguido obstaculizando.
En agosto de 2023, en un juicio sin pruebas ni testimonios, un tribunal de Caracas condenó a 16 años de cárcel, por conspiración y asociación para delinquir, a Gabriel Blanco, director de Comunicaciones de la sección de Caracas de la central Alianza Sindical Independiente (ASI).
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