Acceso a La Justicia asegura que el TSJ ha vulnerado la libertad de asociación en Venezuela, generando un estado de indefensión para las estructuras asociativas
La ONG Acceso a La Justicia compartió su informe sobre la normativa y la jurisprudencia en materia de libertad de asociación en Venezuela. A falta de poco más de un mes para las elecciones presidenciales, la organización recordó las decisiones judiciales que han limitado la libertad de asociación en los últimos años.
Recordaron que el 10 de marzo de 2022 fue remitida la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la solicitud de Carlos Marquina, en su condición de apoderado judicial de miembros afiliados al Sindicato Único de la Industria de la Construcción del Distrito Capital, Miranda y Vargas, para convocar elecciones y escoger nuevas autoridades en el sindicato. La solicitud fue improcedente.
Ante esto, la ONG comentó que el «CNE y el TSJ representan un riesgo de limitación para la actuación de los sindicatos a la hora de celebrar sus procesos electorales, y más aún cuando buscan obtener algún beneficio político o partidista».
Patrón intervencionista en la libertad de asociación
El informe detalla que organizaciones sindicales, cajas de ahorro, partidos políticos, colegios profesionales, clubes, juntas de condominio, federaciones, comités, entre otras, han sido víctimas de acciones intervencionistas por parte del TSJ.
«En la mayoría de las mismas o se imponen autoridades, o se desconocen las electas, y en todas se ignora la voluntad asociativa siendo sustituida por la voluntad del órgano judicial». Lo que anula la autonomía de gestión y decisión que es inherente de la libertad de asociación, detalla el informe.
Este patrón tiene el propósito de crear una «oposición a la medida»: un ecosistema de organizaciones políticas que no se anteponga a los intereses del Gobierno nacional.
«Es necesario hacer un seguimiento a las decisiones del alto tribunal que puedan afectar este derecho, (…) la libertad de asociación debe recibir un tratamiento garantista por parte de los poderes públicos», recordó la ONG.
Partidos políticos y sindicatos: los más vulnerados
Los partidos políticos representaron el 28% de las decisiones analizadas, seguidos por sindicatos y asociaciones gremiales con un 22%. «Estos grupos asociativos sumaron el 50% de los fallos estudiados, reflejando su importancia en la esfera política y social», afirma el informe.
El otro 50% se repartió en el resto de organizaciones asociativas, tales como asociaciones deportivas, juntas de condominio, clubes, entre otros.
Esta diferencia de incidencias en los casos analizados se comprende «en la medida en que se entiende la incidencia en la esfera política de los partidos como en la vocación reivindicativa que tienen los sindicatos y colegios profesionales» en la lucha por los DDHH en Venezuela.
La ONG concluye que el TSJ recure a la «práctica injerencista» en el funcionamiento de partidos político de la oposición y que estos son sometidos a un “control judicial excesivo” por parte del ente estatal.
«Se aprecia cómo el TSJ condiciona la permanencia, o no, de un partido a un proceso electoral (…) limitando el ejercicio de su libertad de asociación a la absoluta discrecionalidad del juez».
Más medidas contra la libertad de asociación
El documento resume en 10 puntos clave las principales violaciones o intervenciones que han detectado desde 2021. Algunos de ellos son:
- El abuso de la facultad extraordinaria de avocamiento.
- La incongruencia en la motivación de las sentencias que resuelven intervenir a las formas asociativas.
- El desconocimiento del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical.
En este sentido, la autonomía de gestión y el poder de decisión de las organizaciones asociativas se ven anuladas por la actuación del TSJ. “Imponen autoridades, desconocen las electas y sustituyen la voluntad asociativa por la voluntad judicial, lo que «afecta gravemente la libertad de asociación en Venezuela”, señala la ONG.
Acceso a La Justicia advirtió hace algunos meses sobre los riesgos de la pospuesta ley de fiscalización de las ONG, que podría militarizar a las organizaciones no gubernamentales. Ahora, esta tendencia intervencionista, según denuncian, se está instaurando en las todas las formas asociativas del país.
Finalmente, la ONG señaló que en el país “se condiciona el ejercicio del derecho a la asociación a la inscripción en un registro en un órgano ministerial; se normaliza el desconocimiento de tratados y normas internas en organizaciones como a la Cruz Roja y se ha desnaturalizado el poder cautelar”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario