Venezuela habría contratado a una prestigiosa firma multinacional para estudiar la reestructuración de su milmillonaria deuda externa, según reporte. Expertos ven con buenos ojos la noticia, pero señalan la necesidad de transparencia en el proceso y la importancia de las próximas elecciones.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que comenzó a incurrir en impagos de todos sus compromisos internacionales desde 2017, habría contratado a la prestigiosa firma Rothschild & Co. para hacer un diagnóstico preciso de la deuda externa, según informó Bloomberg.
La reestructuración de la deuda externa de Venezuela, estimada cerca de los 150.000 millones de dólares, sería un proceso “positivo y complejo” que dependerá de la elección de un presidente en una votación reconocida por la comunidad internacional, dijeron expertos consultados por la Voz de América.
Organizaciones no gubernamentales y economistas independientes calculan que la deuda externa de Venezuela se ubica entre los 140.000 y 154.000 millones de dólares.
La Voz de América no pudo confirmar de manera independiente el reporte de la contratación de Rothchild & Co. Ni el gobierno de Venezuela ni la firma se han pronunciado tras el reporte de Bloomberg.
El economista venezolano Manuel Sutherland cree que la reportada asociación entre el gobierno chavista y Rothschild sería “positiva” y permitiría que Venezuela consolide una “información formal” de cuánto debe y a quiénes.
La data sobre la deuda externa de Venezuela se reduce a “estimaciones” y posiblemente haya sido “agrandada” por la suma de litigios y peticiones “exageradas” contra el Estado, avisó Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera.
“Hay que hacer una auditoría muy profunda de la deuda para saber el importe total”, lo que será “muy costoso y trabajoso”, dijo.
Rothschild es «una firma de prestigio enorme y grande”, y su «mapeo» de la deuda externa venezolana tendría “un reconocimiento internacional bastante potente”, valoró Sutherland.
Los acuerdos de esa naturaleza se entienden en el mundo financiero como un paso previo a la reestructuración de la deuda externa de cualquier gobierno, y suelen llevarlos a cabo compañías reputadas para que sus hallazgos sean reconocidos. Rothschild es un banco de inversión multinacional cuyos orígenes se remontan a hace 200 años y que provee servicios financieros con 4.600 especialistas en más de 40 países.
Una revisión conveniente
Gustavo Machado, economista y profesor de la Universidad del Zulia, apuntó que es “conveniente” que contrataciones como la presuntamente pactada entre Rothschild y Venezuela se realicen con transparencia.
Machado precisó a la VOA que los acreedores de Venezuela son “diversos” y que pueden agruparse en tenedores de bonos, organismos multilaterales, otros gobiernos y proveedores favorecidos por decisiones judiciales y laudos arbitrales.
Machado estimó que es “prudente” hacer un inventario de las deudas y que cualquier modificación de sus condiciones debe ocurrir luego de las elecciones —pactadas para el 28 de julio— como parte de un programa de estabilización macroeconómica idealmente apoyado por la sociedad venezolana.
La revisión de la deuda «se trata del primer paso de un proceso complejo por la diversidad de tenedores de bonos, por la gran variedad en los plazos y términos financieros de los bonos”, señaló.
Sutherland, por su parte, coincidió en que será “imposible” que el gobierno de Maduro encabece una reestructuración de la deuda externa antes de la elección del 28 de julio.
Actualmente, recordó, Maduro es “desconocido” como presidente por varios países, mientras la comunidad internacional, el gobierno y sus opositores negocian la realización de una elección presidencial justa y libre y cuyos resultados sean reconocidos por todos los actores.
Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea desconocen la legitimidad de Maduro desde 2019 por considerar que su reelección de 2018 se concretó en una votación sin las suficientes garantías democráticas.
Esto impidió al gobierno madurista tener acceso a créditos de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, mientras sus opositores designaron un gobierno interino presidido por el líder del Parlamento electo en 2015, Juan Guaidó, que controló los activos del país en las naciones que lo reconocían como la autoridad legítima en Venezuela.
Esa coyuntura política dio paso a un largo litigio por el oro venezolano reservado en bancos de Inglaterra y coincidió con una demanda de tenedores de bonos y acreedores del país suramericano en EEUU para materializar la subasta de acciones de la filial petrolera Citgo.
Sutherland insistió en que la reestructuración de la deuda dependerá de cómo sea vista la elección del 28 de julio «en lo internacional».
Esa votación «es absolutamente necesaria para pensar en una reconstrucción económica», añadió. «El estudio de la deuda por una firma de prestigio está muy bien, pero en manos de Maduro es imposible que se pueda avanzar”.
La oposición considera que Maduro es parte de un grupo político que ha “saqueado” las riquezas de Venezuela en los últimos 25 años y afirma que los impagos son una expresión de una mala gestión de los recursos del Estado.
María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero quien no pudo inscribirse como candidata por estar oficialmente inhabilitada para ejercer cargos públicos, ha dicho que la reestructuración de la deuda es un proceso “completo, ordenado y transparente” que sólo puede ocurrir una vez que Maduro deje su cargo.
Machado, quien hace campaña a favor del candidato inscrito por la Plataforma Unitaria opositora, Edmundo González Urrutia, ha llamado a los acreedores de Venezuela a esperar una victoria electoral del antichavismo para participar en un plan de “cambio de deuda por inversión”, como el que tuvo el país en la década de los 90, reivindicando el potencial «gigantesco» de riqueza.
El chavismo gobernante atribuye sus impagos y sus aprietos económicos a las sanciones económicas de EEUU contra sus instituciones y especialmente contra su industria de petróleo y gas, si bien esas medidas sectoriales se concretaron a partir de 2019.
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