El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -principal coalición antichavista-, Edmundo González Urrutia, prometió este viernes que, de resultar electo en los comicios del 28 de julio y convertirse, por tanto, en el próximo mandatario de Venezuela, liberará a los “presos políticos” que hay en la nación caribeña.
“Hemos decidido que una de las tareas fundamentales, prioritarias, del nuevo gobierno que se instaurará en Venezuela a partir del 28 de julio será la libertad de los presos políticos”, dijo el ex embajador en un encuentro con familiares de detenidos por razones políticas.
En un video de la reunión publicado en la red social X, el aspirante de la PUD, quien dijo sentirse conmovido tras haber “escuchado atentamente” las historias de los familiares, aseguró que también se ocupará de la “recomposición de la Justicia” venezolana.
“Mucho ánimo, mucha fortaleza espiritual, y trabajemos juntos para que, el 28 de julio, se abran las puertas de la democracia que pondrá en libertad a sus familiares”, agregó González Urrutia.
Otros nueve candidatos competirán en las venideras elecciones por la Presidencia, entre ellos el dictador Nicolás Maduro, quien busca su segunda reelección.
Según un balance publicado el pasado 7 de mayo por la organización no gubernamental Foro Penal, en el país hay 273 “presos políticos”, de los cuales -indicó- 252 son hombres y 21 mujeres, además de que 126 son civiles y 147 militares.
“Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes de fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo durante una rueda de prensa Gonzalo Himiob, director y vicepresidente de la ONG.
Detalló que, del total de presos, “muchos de ellos” tienen más de tres años detenidos de forma preventiva, “el plazo máximo que permite la legislación” venezolana.
Himiob denunció que se “están produciendo gravísimas violaciones al debido proceso”, ya que en las cárceles no se les permite a familiares “el acceso a los detenidos” ni tampoco que ellos designen a “abogados de confianza”, sino que “les impone defensores públicos”, lo que obliga a los detenidos a recibir asistencia legal “por personas que el Gobierno designe”.
Explicó que cuando se incomunica a la persona detenida ni se le permite el contacto con familiares y abogados, se le somete “a un proceso que técnicamente puede ser denominado ‘desaparición forzada’”.
“Hay tratados internacionales, suscritos y ratificados por Venezuela, que reconocen ese derecho de que se informe dónde están detenidas (las personas), que se permita el acceso a sus familiares y abogados”, dijo Himiob.
Además, denunció que las personas que ejecutan las detenciones “no se identifican como funcionarios como lo ordena la ley”, de modo que, durante la detención, la persona no sabe si se trata de “un secuestro o un arresto”.
Esta práctica -según Himiob-, al igual que la incomunicación con familiares y abogados, así como el impedimento de que los detenidos designen a sus abogados, ha pasado antes, “pero desde finales del año pasado y este año ha sido una práctica que se ha sistematizado”.
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