Hace unos días lanzamos el tercer informe del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina y el Caribe, que actualmente abarca a seis universidades y seis centros de investigación. de nueve países: Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, México, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela.
A nosotros como Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN), desde nuestra línea de investigación llevada desde hace años en la Universidad Central de Venezuela, nos ha correspondido desde la fundación de este espacio, en 2018, hacer el capítulo de nuestro país. A continuación, presentamos los principales hallazgos de esta reciente investigación.
Como es tradición ya en estos informes, la gravedad del caso venezolano, supera la mayoría de los umbrales que indican excesos en el uso de la fuerza letal y se presenta como uno de los casos más alarmantes de la región. Lamentablemente, la situación no ha mejorado, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, y tampoco lo ha hecho respecto a los abusos de la fuerza letal por parte del Estado.
Este es nuestro primer informe sin datos oficiales en los principales indicadores objeto de estudio y esto ya es en sí mismo una mala señal.
Desigualdad social y autoritarismo
El gobierno a partir del año 2020 ha llevado a cabo una liberalización económica fragmentada e informal, disminuyendo el gasto público y aumentando las desigualdades sociales. Estas reformas económicas vienen acompañadas en lo político de una consolidación autoritaria, imponiendo de esta manera una pacificación negativa en el país.
Este es el marco general donde están insertos los distintos factores que han incidido en una merma coyuntural, no sólo de los homicidios en el país, sino también de las muertes por intervención de la fuerza pública en los años recientes. Aún con esta disminución de casos no se ha llegado a las cifras anteriores a 2014, que ya para esas fechas eran muy altas, y se encontraban muy por encima de los países de la región.
Hipótesis
En el marco de paz negativa impuesta en el país durante estos últimos años, se presentan algunos factores que han incidido en la disminución coyuntural de las muertes por intervención de la fuerza pública en este período. Entre los más importantes se encuentran:
1) La merma de la vida social y económica y, en consecuencia, de las oportunidades para la delincuencia de tipo violenta y callejera;
2) La pandemia, la cuarentena y militarización del país;
3) La reducción de la población en -al menos- 20%, como consecuencia del éxodo venezolano, en el que la preeminencia de los migrantes son hombres jóvenes (los principales sujetos activos y pasivos de la violencia);
4) La política interna marcada por la necesidad de aparentar normalidad y estabilidad, para “crear” climas electorales;
5) Las denuncias públicas del Fiscal General de la República en contra de los excesos de la FAES en casos puntuales que han afectado intereses de la coalición gobernante;
6) Las denuncias en sedes internacionales y presiones en estos ámbitos en contra del gobierno por violaciones a los derechos humanos en el país; entre otras que seguimos analizando y que pueden consultar directamente en nuestro capítulo.
Cifras alarmantes
Pero más allá de la disminución de casos, estos no solamente siguen siendo aún muy altos, en comparación con el histórico de casos nacionales de la última década; también lo son cuando se hacen contrastes regionales. Se puede apreciar que las cifras siguen siendo alarmantes.
En este sentido, es interesante ver cómo, en general, durante el período objeto de análisis en este informe, los indicadores de incidencia, que son los vinculados a las magnitudes en términos de población, número de agentes y riesgos a los que se enfrentan, han disminuido.
Mientras que los de indicadores de abuso de la fuerza letal han aumentado. Es decir, sí, los casos durante este período en números absolutos son menores, pero los abusos y la letalidad son mayores. En algunos casos quizás ha disminuido un poco la vulneración del principio de necesidad, pero hay una igual o mayor violación de la moderación y la proporcionalidad. Y esto muestra el valor analítico de los indicadores que se han construido y validado en el seno de este monitor regional. La cantidad de casos no es sí misma el único ni el principal indicador.
Así, por ejemplo, en los siete años en los que se ha realizado este análisis, es durante los años 2020 y 2021 cuando las muertes por intervención de la fuerza pública registradas en las noticias ocupan los porcentajes más altos dentro de los homicidios, 25% y 21% respectivamente.
Que una cuarta parte de los homicidios de un país los cometa el propio Estado es ya un claro indicio de un uso abusivo de la fuerza. Esto es algo que no se ha observado en ningún otro país. Sin contar que estos casos son apenas un subregistro y que las cifras oficiales de períodos anteriores nos han demostrado una realidad mucho más agravada, que llega a la tercera parte de los homicidios (33.3%).
2022: Alto índice de letalidad
Pero el 2022 es el más emblemático, porque es el año en el que se han registrado menos casos, y, sin embargo, es el que muestra uno de los índices de letalidad (58.4 civiles por cada herido) y razón de letalidades (25.4) más altas. El valor de estos indicadores no debería ser muy superior a uno, en la medida que se aleje de ese número la letalidad generada por los agentes públicos no puede ser explicada en función del riesgo al que están expuestos y sugeriría un uso excesivo de la fuerza y como podemos ver en ambos casos, las cifras están muy por encima de ese valor.
Es decir que, el 2022 es también el año en el que hubo menos moderación y proporcionalidad en el uso de la fuerza letal por parte de los agentes estatales. Lo que muestra que la disminución del número de víctimas amerita lecturas más cuidadosas, detalladas, complejas y críticas. La disminución en el número de víctimas es sin duda una tendencia positiva, aunque no parece vincularse en este caso a razones que nos puedan generar optimismo por el futuro.
Los eventos excepcionales que han ocurrido en este período como los enfrentamientos con grupos irregulares en la frontera (año 2021) y con bandas delictivas (años 2021 y 2022), incrementaron los valores de civiles y agentes heridos, agentes fallecidos, así como de detenciones, respecto a períodos anteriores, paradójicamente, no trajeron consigo una disminución de los índices de letalidad, sino lo contrario. Estos indicadores corroboran la forma de gobernanza del Ejecutivo nacional que ha logrado consolidarse durante este período, ejerciendo de manera ilimitada la fuerza y el poder.
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